Un informe presentado este martes por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), junto a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), analizó los índices de seguridad alimentaria y nutricional en la región, y arrojó datos por demás preocupantes. Sus principales conclusiones son que la guerra en Ucrania ha provocado más daño que la pandemia, y que esto ha disparado los precios e incrementado el número de pobres y hambrientos.
Juan Manuel Salazar, secretario ejecutivo de la CEPAL, tuvo a su cargo el despliegue de los datos más relevantes del trabajo, que inició con un análisis del contexto actual de esta porción del planeta.
Según informó el funcionario, el mismo se encuentra signado por crisis económicas sucesivas, crisis climáticas, inflación, problemas para llevar adelante una agricultura asequible para quienes la realizan, y un severo riesgo de aumento de hambre en la población.
Siguiendo el índice de precios de los alimentos confeccionado por FAO, durante el inicio de la pandemia de Covid-19 que generaron desordenes en los sistemas logísticos mundiales, el precio de los alimentos aumentó de forma considerable. En marzo de 2022 se registró se máximo nivel histórico, que en octubre comenzó a mostrar una tendencia a la baja que rondó en promedio el 15%. Sin embargo, aún no se han recuperado los valores previos al 2020.
Ese aumento inicial también estuvo acompañado de un aumento similar en los precios de la energía, que repercutieron luego en los precios de los fertilizantes a nivel global y desencadenó una suba en los costos de la producción agropecuaria.
En cuanto al contexto más reciente, Salazar hizo especial foco en el clima cálido y seco que ha golpeado fuertemente el rendimiento del trigo y el maíz en la región para la campaña 2022/2023. Esto no puede desatenderse al tener cuenta que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha tocado las exportaciones agrícolas de esas economías.
A continuación el funcionario desglosó tres ejes del estudio realizado: restricciones a las exportaciones, aumento en el precio de los fertilizantes e inflación.
En el primer caso se señaló que desde el comienzo de la guerra, 29 países impusieron 63 medidas restrictivas a las exportaciones de alimentos, afectando el 17% de las calorías comercializadas. El 5% de las calorías importadas por la región se encuentran actualmente afectadas por restricciones comerciales impuestas como respuesta a la guerra de Ucrania. El mismo fenómeno afectó al 36% de los fertilizantes nitrogenados, el 20% de los potásicos y al 19% de los fosfatados importados por la región.
Por otro lado, las restricciones fiscales impactan en el ingreso disponible para financiar las importaciones de alimentos.
“Estamos en un momento de restricciones fiscales en todos los países: altos niveles de deuda, empeoran las condiciones de crédito, devalúan las monedas regionales. Es por eso que se aplican medidas de protección social, apoyo a la producción de alimentos, transferencias a la población de menores ingresos”, afirmó Salazar.
Respecto al segundo eje, siendo la región la principal importadora de los fertilizantes que se utilizan en la agricultura a nivel global –consume el 80% de las existencias- el aumento en su precio supuso un duro golpe a la producción.
“Los precios son el doble que el año pasado y en muchos casos son mayores al aumento de los productos agrícolas. Es probable que eso se mantenga por la incertidumbre general y el clima”, indicó el representante de CEPAL.
Pero se realizó una distinción: la agricultura comercial tiene capacidad para seguir adquiriendo fertilizantes aún con el aumento de precios, mientras que los pequeños agricultores son los que sacrifican aplicaciones y capacidad productiva.
“Este es un serio problema y es ahí que advertimos la importancia de apoyar a los pequeños productores”, sostuvo.
“La región es un sector estratégico para la producción pero depende de estos insumos importados, cuya oferta depende a su vez de las decisiones de producción y políticas comerciales tomadas por otros países. Esto es una lección que implica repensar cosas”, sentenció a continuación.
Finalmente, el tercer y más sensible eje apunto a los impactos de la inflación en los hogares de menores recursos, que se traduce en un aumento de los índices de hambre.
A través de este informe, CEPAL estimó un aumento de la pobreza extrema durante 2022 que alcanzó a más de 81 millones de personas, de las cuales 21.6 millones se encuentran en zonas rurales.
“Mucha de la pobreza rural se vincula a la agricultura por cuenta propia, que constituye la actividad con menores ingresos en las zonas rurales en la mayoría de los países. La mayoría de las explotaciones familiares, que son casi el 90% del total de explotaciones agropecuarias en América Latina y el Caribe, se enfrentan a limitaciones para su desarrollo productivo, bajo acceso a la tierra, al crédito, pero es ahí donde se produce la mayor parte de los alimentos que consumimos. Esa categoría de productores produce cerca del 80% de los alimentos”, alertó el expositor.
Para medir esto, FAO realizó una estimación sobre la seguridad alimentaria a través del monitoreo de tres indicadores: subalimentación, inseguridad alimentaria severa, inseguridad alimentaria severa o moderada.
Según ellos, en 2021, 8.6% de la población de la región –es decir 56 millones de personas- se encontraron bajo el umbral de la subalimentación, es decir que pasaron hambre. De ese número, 7.2 millones de personas se encuentran en el Caribe, 15 millones en América Central y 34 millones en América del Sur.
“Entonces las políticas de apoyo a la agricultura familiar son estratégicas en la medida en que ayudan a reducir la incertidumbre sobre los alimentos y combaten la pobreza extrema rural. La seguridad alimentaria debe ser una prioridad estratégica”, enfatizó Salazar.
Y a continuación, los organismos detallaron recomendaciones para aplicar frente a este panorama:
- Activar sistemas de protección social: transferencias monetarias para mantener el poder de compra, cubrir el riesgo de la inseguridad alimentaria, generar programas de alimentación, distribución de alimentos y fomento a la producción agrícola de subsistencia.
- Apoyo productivo a la pequeña agricultura: garantizar el acceso a los fertilizantes para evitar caídas en los rendimientos de las próximas cosechas; generar condiciones de acceso al crédito y subsidios para la adquisición de de bioinsumos y/o al aumento de la eficiencia en el uso de fertilizantes; fortalecer el acceso a la asistencia técnica para la transición hacia una agricultura menos dependiente de los fertilizantes sintéticos; programas de asistencia técnica digital y entre pares para fomentar la transición agroecológica.
- Apoyar a los mercados: no restringir el comercio internacional de alimentos y fertilizantes, mejorar la transparencia compartiendo información clave, negociar acuerdos de contención de precios de la canasta básica con las cadenas de distribución, diversificar proveedores y promover el consumo de alimentos locales.
- Articulación regional de las respuestas a la crisis: formular e implementar respuestas de la región en su conjunto o de bloques de integración, movilizar espacios regionales existentes como el plan de la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del hambre 2025 de la CELAC y las condiciones del FSS.
Mirá el informe completo acá:
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