El hecho de que este año Argentina haya aplicado de manera unilateral e inconsulta un peaje de 1,47 dólares por tonelada al transporte de cabotaje que circula por el tramo Puerto de Santa Fe-Confluencia de la Hidrovía del Paraná, además de un conflicto diplomático con países vecinos, provocó un gran “ruido” entre los usuarios de esa vía navegable.
Sin embargo, más allá del hecho es cuestión –que es de público conocimiento–, comienzan ahora a conocerse detalles de las formas aplicadas por representantes de la Argentina, las cuales son tan problemáticas como la propia sustancia del asunto.
Juan Carlos Muñoz Menna, ex presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos y actual director titular de la Administración Nacional de Navegación y Puertos de Paraguay, recordó que el pasado 25 de enero, durante una reunión de la Comisión del Acuerdo de la Hidrovía Paraguay-Paraná que se realizó en Montevideo, solicitaron a la Argentina que informe cuáles eran los trabajos que justificaban el cobro del peaje en el tramo Puerto de Santa Fe-Confluencia.
“El 13 de mayo, 24 horas antes del inicio de la reunión anual habitual de la Comisión del Acuerdo, la Argentina presenta su respuesta en un documento de 200 hojas que obviamente no podíamos estudiar en ocasión de esa reunión”, expresó Muñoz Menna durante un encuentro en formato virtual organizado por el programa paraguayo “Mundo Fluvial, Marítimo, Portuario y Empresarial”.
Finalmente, luego de estudiar el documento, pudieron advertir que no había una sola mención a servicio alguno prestado por la Argentina en el tramo en cuestión de la Hidrovía. Por ese motivo, los integrantes de la Comisión entienden que el tema ya no debe tratarse a nivel técnico, sino político, más precisamente en el ámbito del Comité Intergubernamental de la Hidrovía.
“Nos preguntamos si esas actitudes o ‘chicanas’ de enviar documentación a una reunión unas horas antes para que las federaciones no puedan estudiarla, no es una manera de faltarle el respeto a quienes invierten en nuestra región”, remarcó –sin pelos en la lengua– Mónica Ageitos, presidente del Centro de Navegación del Uruguay.
En tanto, Ángelo Maranho, gerente institucional de Hidrovías do Brasil, empresa que sufrió la interdicción de navegación de dos remolcadores en la Argentina, dijo que “parece algo extraño” que un país quiera cobrar peaje en un sector del río que no presenta limitaciones para la navegación y que, por lo tanto, no requiere la realización de trabajos adicionales para facilitar la misma.
“Este peaje nos pega justamente en el punto neural de nuestra problemática porque encarece el costo logístico y nos hace menos competitivos”, manifestó Bismark Rosales, director de la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz, Bolivia.
Rosales recordó que, como nación sin salida al mar, la cuestión de la Hidrovía es crítica para Bolivia y que, así como Argentina decidió aplicar de un día para el otro un peaje, si eso queda como antecedente el día de mañana otros países de la región podrían llegar a hacer lo mismo.
“Los márgenes de contribución de los productos de exportación son muy pequeños”, señaló el representante sectorial boliviano, para luego añadir que si el problema no logra solucionarse tendrán que “evitar pasar para la Argentina y buscar otra alternativa”.
