“Es la sequía, estúpido”, diría Bill Clinton.
Lo cierto es que el presidente Alberto Fernández, a instancias de su ministro de Ambiente, Juan Cabandié, declaró por decreto que la Argentina estará en “emergencia ígnea” a lo largo de todo 2022. Se trata de una categoría nueva que ni siquiera está reglamentada en normas anteriores, pero que servirá para que el sistema de manejo del fuego pueda actuar mucho más ágilmente frente a casos de incendios forestales y de pasturas. Especialmente, en el manejo del dinero necesario para enfrentar esas calamidades.
Fue a fines de diciembre que el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) realizó una declaración de “emergencia ígnea en todo el territorio nacional por un plazo de 12 meses en función del riesgo extremo de incendios de bosques y pastizales”. Esto motivó que este miércoles, mediante el decreto 6/2022, el gobierno oficializara ese estátus.
¿Qué significa? La verdad es que las disposiciones del decreto son muy breves y hablan de generalidades:
- Permite “adoptar las medidas que resulten necesarias para propiciar y atender con carácter inminente la presupresión y combate de incendios, la restauración las de zonas afectadas y la prevención de nuevos focos”.
- Encomienda al Ministro de Ambiente a “convocar a un Grupo de Trabajo integrado por todas las partes involucradas, con el fin de coordinar la adopción de las medidas y acciones que resulten necesarias”.
- Instruye al Jefe de Gabinete “a reestructurar, modificar o reasignar partidas presupuestarias con el fin de fortalecer de inmediato la capacidad estatal de respuesta ante la emergencia”.
¿Y esto que significa? Básicamente prepara el terreno para que la cartera de Cabandié cuente con recursos y suficiente margen de discrecionalidad para actuar frente a una situación de riesgo en materia de incendios, que salta a la vista por las condiciones de sequía que afectan la mayor parte del territorio nacional.
No es solo la sequía, estúpido. Los considerandos del decreto vuelven a machacar sobre la responsabilidad del ser humano (y si es productor agropecuario, mucho más) sobre este tipo de siniestros.
Dice el decreto que “las actividades de quema sin autorización expedida por las autoridades locales competentes se encuentran prohibidas”, pero recuerda que “la creciente cantidad de focos de incendios forestales, rurales, de pastizales y de interfase en nuestro país constituye un preocupante fenómeno multicausal que demanda la adopción de medidas inmediatas, a través de la máxima coordinación y cooperación entre los organismos”.
El Ministerio de Agricultura no ha sido convidado a coordinar estasituación de emergencia.
Según la visión oficial, “en los últimos meses estos incendios masivos y reiterados en distintas zonas críticas han adquirido una dimensión alarmante y representan una grave amenaza tanto para el ambiente y sus ecosistemas así como para el patrimonio, la salud y la vida de las personas”.
“Esta situación, causada por actividades principalmente antrópicas cuyas consecuencias se ven agravadas por el cambio climático, ha perjudicado diferentes ecorregiones del país y generó nocivas consecuencias sobre bosques nativos e implantados, áreas naturales protegidas, zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales y humedales”, agrega.
Así, desde el decreto se comienza a insinuar cierta responsabilidad sobre las actividades productivas que se desarrollan en las zonas que padecen incendios.
Pero la verdadera intención de esta declaración de “emergencia ígnea”, más allá de buscar responsables, parece ser que Ambiente tenga las manos libres para contar con presupuesto adecuado para aplicar la Ley de Manejo del Fuego 26.815, que es la que creó el Sistema Federal de Manejo del Fuego.
“Con el dictado del presente se agilizará y simplificará el trabajo conjunto, coordinado entre los organismos nacionales, provinciales y locales competentes, bajo las premisas de celeridad, economía, sencillez y eficacia que deben regir las actuaciones para hacer frente a una emergencia de tamaña envergadura”, indicó el decreto, que promete agilizar el manejo del dinero destinado por el gobierno a dichos fines.
En 2020 el Servicio Nacional de Manejo del Fuego ejecutó un presupuesto de 433 millones de pesos. Pero luego, en 2021, el gobierno creó una “contribución obligatoria” del tres por mil sobre las primas de todos los seguros con excepción de los dedicados al ramo de “vida”.
Con ese aporte forzoso del sector privado, junto con un presupuesto inicial asignado de 418 millones de pesos, el Ministerio de Ambiente recibió a fines de junio pasado una primera partida, por parte de la Superintendencia de Seguros de la Nación, de 551 millones de pesos. En noviembre ingresó la segunda partida por un monto de 719 millones de pesos. Y ahora le llegó el turno de la tercera por 168 millones. O sea: el nuevo impuesto lleva recaudados 1438 millones de pesos.
Adicionalmente, a fin de diciembre el Estado nacional asignó al Servicio Nacional de Manejo del Fuego un refuerzo presupuestario de 200 millones.
Tienen plata y tienen una emergencia declarada que les permite actuar con celeridad. Esperemos que cuando la Argentina finalmente se incendie por completo este año, los funcionarios de Ambiente no le echen la culpa a la sequía o a los productores.
