Si bien los incendios de mayor gravedad que se están registrando en estos momentos en territorio argentino se presentan en el norte de Córdoba, la realidad es que está habiendo focos activos también en Buenos Aires, Entre Ríos, San Luis y La Rioja.
Sin embargo, los episodios registrados en los departamentos cordobeses de Tulumba, Río Seco y Sobremonte están siendo muy difíciles de controlar y ya ocasionaron la muerte de tres personas, dos de los cuales son los hermanos Jesús y Namir Cáceres de 21 y 27 años de edad.
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El gobierno de la provincia de Córdoba distribuyó 760 bolsas de alimento balanceado, cada una de 25 kilos, a unos 40 productores de la zona afectados por el fuego. Y recordó además que está vigente la línea de crédito, ejecutada a través de la Fundación del Banco de la Provincia de Córdoba, destinada a productores afectados por incendios, la cual cuenta con tasa cero (tasa de interés real negativa) con tres años de devolución y uno de gracia, pero con un tope de 750.000 pesos por beneficiario.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible nacional, a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), envió a la provincia de Córdoba cuatro aviones hidrantes, un helicóptero y una camioneta. Este año, con la introducción del nuevo impuesto dedicado a financiar el SNMF, los recursos disponibles para combatir incendios deberían ser sustancialmente mayores a los presentes hasta el 2020.
Debido a las condiciones climáticas presentes este año, la mayor parte del territorio argentino presenta factores predisponentes para la aparición de incendios, lo que permite vislumbrar que tanto la primavera como el verano serán complejos en ese sentido.
La cuestión es que, si bien la urgencia por controlar y neutralizar los focos de incendios peligrosos se “comen” la agenda de trabajo, existe un factor que introduce un nivel de riego adicional al problema. Y es la Ley 27.604, promovida por el kirchnerismo y vigente desde fines del año pasado.
Dicha ley señala que en caso de incendios, sean estos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta en zonas agropecuarias, praderas, pastizales y matorrales, los propietarios de los establecimientos afectados no podrán realizar emprendimientos inmobiliarios ni “cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera previo al momento del incendio” por un período de 30 años.
Tampoco, por un lapso de tres décadas, se podrá modificar el uso de la superficie con el fin de desarrollar prácticas agropecuarias intensivas con la excepción de que dichas prácticas y modalidades hubiesen antecedido al evento.
Las zonas afectadas del norte cordobés, dedicadas por lo general a ganadería intensiva, luego de salir de la pesadilla de los incendios, se encontrarán con el hecho de que no podrán disponer de su propiedad si, por ejemplo, desean realizar un emprendiendo vitivinícola, turístico o porcino, por citar solamente algunos ejemplos, dado que deberán seguir haciendo lo mismo que estaban haciendo durante nada menos que tres décadas, sin importar cuáles sean los impactos que en ese período provoquen los cambios tecnológicos, culturales y demográficos.
