Entre 2022 y 2023, cuando la sequía arreciaba y destrozaba casi la mitad de cosecha de granos de la Argentina, desde la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (la ex ONCCA) y más precisamente desde el área que manejaba el estratégico RUCA (Registro Único de la Cadena Agroalimentaria) se habilitaron 116 depósitos transitorios o de campaña sin ni siquiera haber verificado la existencia de los empresas solicitantes, los contratos de locación ni las capacidades de acopio de ninguno de ellos.
La situación es más bien sospechosa: un organismo que se supone que está para controlar que no existan operaciones marginales en el comercio de granos, habilitaba una cifra récord de acopios transitorios justo en un momento en el que había capacidad ociosa más que suficiente, porque la cosecha de soja, maíz y trigo se había desplomado como nunca antes.
En el Anexo I de la última la Resolución 21-E/2017, que es la que recrea el RUCA en el marco del gobierno de Cambiemos, la Secretaría de Agricultura estableció los requisitos técnicos que deben cumplir los operadores de granos para poder matricularse en RUCA según las particularidades de la actividad a desarrollar. En este caso, quedaba claro que un “Depósito Transitorio de Granos” o depósito de campaña se inscribe en épocas de cosecha, cuando la producción y en consecuencia el acopio de cereal excede la capacidad de almacenamiento con que cuenta cada empresa. Por eso el mencionado depósito transitorio puede estar compuesto por instalaciones fijas o móviles. También podría suceder que se inscriba y ubique en cualquier lugar del país. Es decir, una planta fija, industrial o comercial situada en Pergamino puede registrar un depósito transitorio de granos en el Chaco y viceversa.
Desde que aparecieron como opción en las distintas normativas que regulan el RUCA, los depósitos de campaña fueron mutando en su capacidad mínima de almacenaje como en la distancia máxima a la que podían encontrarse respecto de la planta fija de la cual dependían. En la actualidad la distancia de las plantas es ilimitada y la capacidad de acopio mínima para poder acceder a la inscripción de instalaciones transitorias es irrisoria.
Esta situación, por el peligro de que los depósitos transitorios no se utilicen para los fines para los que fueron creados sino para eludir controles fiscales, debería motivar que el otorgamiento de estas matrículas por parte de la ex ONCCA sea restringido y cuidadosamente auditado, ya que las ventajas comerciales que podría generar en términos logísticos (costo de flete) y por la ventana al negreo que podrían habilitar.
En tiempos de cosechas récords, en años anteriores, nunca se registraron más de 20 depósitos móviles. Ahora, en plena sequía, la ex subsecretaría de Mercados Agropecuarios que manejaba el contador Luciano Zarich y más precisamente la Dirección Nacional a cargo de Gerónimo Sarria se sextuplicó el número de registros durante una de las peores cosechas de la historia.
¿Por qué sucedió esto?
La verdad es que resulta muy difícil de explicar que con semejante sequía la industria y el sector comercial granario hayan necesitado aumentar su capacidad de acopio, habilitando tantos depósitos transitorios. Pero según fuentes consultadas de la DNCCA hubo instrucción de esos funcionarios de “no verificar” las instalaciones por parte del personal de fiscalización, ni su existencia ni la capacidad de acopio de estos nuevos depósitos matriculados de manera automática.
Aquí conviene parar la pelota: Toda la mercadería que entra y sale de una planta registrada en RUCA está sometida al Registro Sistémico de Granos de AFIP, sobre el cual la DNCCA es autoridad de aplicación. Ese registro es una suerte de “caja negra” de una planta de acopio de cereal. Justamente para evitar maniobras de evasión y negreo, su saldo debe ser igual al stock de planta para cada variedad de granos que se acopie, sumadas las distintas cosechas.
En el caso de los granos que se acopien en un depósito transitorio, la normativa vigente establece que deben registrarse también todos esos movimientos en el Registro Sistémico de la planta madre, de la cual dependen los depósitos de campaña. Por otra parte, mediante un formulario denominado C14T, los operadores deben informar mes a mes la variación de stock general del depósito transitorio.
Aquí empiezan las sospechas: Si se fiscaliza una planta en Pergamino y de esa planta depende un Depósito Transitorio en Chaco, según el ejemplo que ya se usó, pueden pasar dos cosas:
- Que el cubicaje técnico de existencias de la planta coincida en su stock con el registro sistémico AFIP, y que solicitado el C14T indique stock 0. Esto significaría que el depósito del Chaco se encuentra vacío, pero como por la distancia no hay manera de comprobarlo, esa habilitación transitoria se podría estar utilizando para acopiar grano en negro no hay manera de saberlo.
- Si en la planta cabecera hubiera menos stock físico del declarado en sistémico, el operador puede argumentar que la mercadería faltante se encuentra en Chaco. Entonces la diferencia debería estar declarada en C14T (formulario que contempla volúmenes globales y que no cumple ninguna función en términos impositivos), pero también es incomprobable dado que la distancia impide verificar in situ que las diferencias de stock verificadas se deben a lo acopiado en depósito transitorio. En este caso se rompe el espíritu esencial del Registro Sistémico de AFiP que es el de garantizar la trazabilidad de todo lo que entra y sale de la planta.
Habilitar tal cantidad de depósitos transitorios en plena sequía, entonces, y además ordenar a los inspectores de la ex ONCCA que no los inspecciones, parece una maniobra destinada a confundir claramente los datos que llegan finalmente a la AFIP.
El caso de la industria que procesa granos es peor, porque nadie puede verificar que lo que se coloca en depósitos móviles, silobolsas o celdas de campaña se registre en algún lado y por lo tanto no se esfume en negro en el diagrama de producción de la industria.
Como sea, estos insólitos 116 depósitos transitorios habilitados en plena sequía, no se fiscalizaron ni antes ni durante su instalación. Vaya a saber uno por qué, pero el organismo a cargo de Zarich y Sarría atentó entonces contra dos de sus principales razones de existir: velar porque los operadores registrados en RUCA compitan en igualdad de condiciones y cerrar todas las ventanas posibles a la comercialización o procesamiento de granos adquiridos en el mercado negro.
Unas semanas antes de la llegada al gobierno de Javier Milei, con Fernando Vilella ya designado como secretario del Agricultura de la nueva gestión, Bichos de Campo publicó una nota que sugería que “el zorro pretendía seguir cuidando el gallinero” en la nueva etapa libertaria. En ese momento, el alto funcionario se molestó y acusó a este medio de montar una “operación”, cuando lo único que hizo aquella nota era blanquear la preocupación de ciertos sectores de la industria de la carne por la continuidad de Zarich, Sarría y otros funcionarios de la conducción de la ex ONCCA.
Luego de ese exabrupto inicial, Vilella nunca pidió disculpas. Todavía peor, luego echó de su trabajo a dos abogadas de ese sector acusándolas falazmente de haber “filtrado información” a Bichos de Campo. Y lo hizo, a pesar de saber qué no era cierto. Al funcionario le importó más de dónde venía la información que lo que ella decía: confirmaba que los controles electrónicos sobre molinos y frigoríficos habían quedado desmantelados durante la gestión de Zarich.
En las últimas horas, en el marco de 300 despidos en todas las áreas de la Secretaría de Agricultura, se produjeron varias bajas también en la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, que todavía no tiene un nuevo director formalmente designado para reemplazar a Sarría, aunque ya actúa como tal el joven asesor ganadero Matías Canosa. Sí en cambio, por su obvia exposición política, el ex subsecretario de Mercados Agropecuario, el contador Zarich, fue reemplazado por el economista surgido de la Bolsa de Cereales, Agustín Tejeda Rodríguez.
La lista de los despedidos, según se sabe allí dentro, fue sugerida por los ex funcionarios del gobierno kirchnerista que continúan en funciones.
Sarría continúa trabajando normalmente en la Subsecretaría de Mercados, ahora como asesor de la nueva gestión. Es de él de quien dependía la extraña habilitación de 116 depósitos transitorios. El RUCA, en tanto, sigue bajo el mando del director de Registro y Matriculación, José Secchi, quien continúa hasta ahora en funciones. El único de los hombres de le gestión Zarich que fue desplazado (aunque no despedido del Estado), fue el ex director de Fiscalización, Alberto Daniel Martínez Alonso, pero al parecer porque no podía explicar decenas de viáticos mal liquidados.
En definitiva, decenas de empleados inocentes que pierden su trabajo, mientras que -aunque Vilella diga que no le guste- el zorro sigue cuidando el gallinero.
El problema no es la distancia. El problema es la orden de noo inspeccionar. Además de presumir una gran corrupción!!!!
Todos chorros
Todo comentario está demás,donde no hay control hay corrupción ,ley de Murphy si algo puede salir mal saldrá mal..si este la posibilidad de que varias cosas hayan mal,la que cause más perjuicios,será la única que vaya mal.
Excelente nota. Se pueden entender muchas situaciones de aparentes operadores de la cadena.
INDICIO: HABILITAR 116 DEPÓSITO TRANSITORIOS MIENTRAS INFORMABAN UNA MENTIRA DE SEQUÍAS