Para frenar el brote de Influenza Aviar declarado este verano en el país, el gobierno nacional recurrió a la única herramienta que tenía a su alcance, ya que todavía no se aprobó una vacuna contra esa enfermedad. Esa herramienta era la de los sacrificios masivos de aves posiblemente enfermas tanto en criaderos comerciales como en los simples gallineros que muchos tienen en el patio de sus casas.
En su carácter de empresas bien constituidas, el primer sector ya cobró más de 2.500 millones de pesos en compensaciones por los daños a su patrimonio (las gallinas ponedoras o los pollos parrilleros) provocados por la terminante acción del Servicio nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que debió sacrificar 2,2 millones de aves en establecimientos comerciales. ¿Pero qué sucedió con los gallineros poblados de las llamadas “aves de traspatio?
Según el último balance del Senasa, de las 604 notificaciones totales (luego se confirmaron un centenar de casos positivos) entre febrero y agosto, que es el lapso en que duró esta emergencia sanitaria, cerca de la mitad provenían de campos o caseríos con gallinas, las denominadas “aves de traspatio”. Fueron los alertas más abundantes.
Los dueños de dichos gallineros domésticos, muchas veces gente pobre o que practica una economía de subsistencia, hasta ahora había sufrido los daños de los sacrificios sin ningún consuelo. Hasta ahora, porque en una resolución conjunta el Senasa y la Secretaría de Agricultura decidieron pagar una indemnización de 2.500 pesos por ave sacrificada en esta emergencia. De todos modos, no será el pobrerío el que cobrará esa compensación.
“Créase el Programa de Asistencia Económica por la Emergencia Sanitaria Influenza Aviar H5 y H7 para Tenedores y Tenedoras de Aves de Traspatio”, dice la Resolución Conjunta 4/2023 que fue publicada en el Boletín Oficial. “El objetivo consiste en asistir a los tenedores/as de aves de traspatio cuyas existencias hayan sido disminuidas o eliminadas por la ejecución de medidas de control sanitario”, se agregó.
En total hubo reconocidos por el Senasa unos 76 casos de aves enfermas en establecimientos de traspatio, pero jamás se conoció el dato de aves sacrificadas en cada uno de ellos. Es por eso que los montos de los indemnizaciones a los dueños de los gallineros es algo a definir. Se resolverán a partir de las presentaciones que hagan cada uno de ellos.
Lo que sí se sabe es que “la asistencia a percibir por cada beneficiario consistirá en un único pago de 2.500 pesos por cabeza de ave sacrificada, según las constancias de las respectivas actas emitidas por el referido Servicio Nacional”.
En principio, una gran limitante para llegar a ese subsidio es que el gobierno limitó los potenciales beneficiarios de estas indemnizaciones a quienes se encuentren inscriptos en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA) del Senasa. Es decir que solo cobrarán productores bien registrados. Los que tengan gallineros informales para subsistir cosechando un par de huevos por día no califican.
También se pone como condición que esos productores no hayan “obstaculizado o impedido la labor de los agentes del referido Servicio Nacional en ninguna de las instancias del procedimiento de intervención de emergencia sanitaria, lo que deberá quedar plasmado en el acta de intervención realizada oportunamente”.
Como sea, también este segmento de productores afectados podría aspirar a una compensación, siempre que demuestren el daño y que haya “disponibilidad presupuestaria” dentro de la Secretaría de Agricultura.
La Secretaría de Agricultura dictará la resolución sobre la procedencia o improcedencia de los beneficios solicitados durante un período mensual, dentro de los primeros 10 días hábiles del mes subsiguiente” al de las presentaciones de cada uno de los damnificados.
