Entre los 350 empleados de la Secretaría de Agricultura que se quedaron sin trabajo desde ayer 31 de marzo, porque no les renovaron los contratos, figura un contador llamado Sebastián Conforti, un “buen pibe” y sobre todo “honesto” al decir de sus compañeros. Su expulsión del Estado no tiene otra explicación más que la carencia de protección política. Lo mismo que sucedió con dos abogadas que Fernando Vilella, el secretario del área, dejó sin trabajo acusándolas de haber filtrado información a Bichos de Campo, cosa que jamás sucedió.
La lógica en los ajustes del Estado muchas veces suele ser solamente esa: se van los más honestos y capaces simplemente porque no tiene un padrino.
Justamente por sus capacidades, durante el gobierno de Cambiemos, en 2016, a Conforti lo habían convocado a ser coordinador de la estratégica oficina en Rosario de la ex ONCCA (La Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario) para una difícil tarea. Debía reemplazar allí a un abogado que había ingresado al Estado años antes, en la gestión de Ricardo Echegaray, y que ofrecía muchas dudas por su ostentoso estilo de vida.
Aquel abogado que despertó sospechas entre los funcionarios macristas pertenece al segundo grupo: el de los protegidos. Nacido en Coronel Suárez en el año 1975 y recibido en la Facultad de Derecho de la UBA en 2001, se llama Alejandro Agustín López y aún sigue trabajando dentro del Estado, al menos en los últimos listados oficiales de septiembre de 2023. Según la información, sobrevivió también a la última tanda de despidos. Y disfruta actualmente de una alta categoría A2, de las mejores pagas, al amparo del Decreto 1421/02, el régimen vulgarmente denominado Artículo 9 de la Ley Marco.
López, que recuperó su puesto como coordinador de la regional Rosario en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, no fue una víctima del ajuste -si no “salvaje”, al menos improvisado- que comenzó a aplicar el gobierno de Javier Milei dentro de la Secretaría de Agricultura. Seguirá trabajando a pesar de que son visibles y fácilmente comprobables ciertas incompatibilidades para su permanencia en el Estado.
El actual secretario Fernando Vilella se hace el enojado cuando en Bichos de Campo le recordamos que en su gestión está cobijando a funcionarios de méritos más bien dudosos, mientras persigue y deja sin empleo a gente inocente. Este es un nuevo caso.
López, como ya dijimos, fue nombrado en la ex ONCCA por el ex recaudador de los Kirchner, Ricardo Echegaray. Pese a que no tenía más experiencia como letrado que haber asesorado al directorio del Grupo Camuzzi, logró ubicarse en la agencia que ese organismo tiene en la ciudad de Rosario, que es La Meca de los negocios agrícolas en la Argentina. La explicación de por qué vive en esa zona es que se casó con una mujer de Casilda, llamada Betiana Mariel Prlender.
Tanto su esposa como su suegro integran uno de los estudios contables y jurídicos de mayor reputación en la ciudad de Casilda, vecina a Rosario, el estudio Prlender, que asesora a diferentes empresas de la zona, la mayoría de ellas vinculadas con la producción y el comercio de productos agropecuarios. En su página web figuran firmas de gran peso, como Aceitera Chabas SA y Agricultores Federados Argentinos (AFA).
El abogado López, en la página de Prlender, también es presentado como parte del staff de profesionales que atiende los asuntos de los clientes de ese estudio.
En su propio perfil laboral de Linkedin, este funcionario de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario no oculta que juega de los dos lados del mostrador: Desde la regional de Rosario debe monitorear a los operadores de granos y carnes, pero a la vez los asesora como parte del estudio de su familia política. ¿Qué puede salir de eso salvo sospechas de una gran impunidad? El que debe imponer las multas y clausuras es también quien asesora a las empresa pasibles de esas sanciones.
Como dijimos, luego de ser desplazado de la coordinación en Rosario por la gestión de Cambiemos, López fue repuesto en su cargo con el kirchnerismo nuevamente en el poder y con la llegada a la conducción de la ex ONCCA de Luciano Zarich, en marzo de 2021. Antes, este gris contador que fue una pieza clave en las gestiones de Luis Basterra, Julián Domínguez o Juan José Bahillo, incluso intentó llevar a López como parte de su equipo cuando Alberto Fernández decidió la intervención de la aceitera Vicentín y lo designó subinterventor en aquella aventura expropiatoria.
López, según los testimonios, mantiene una amistad de muchos años con Gerónimo Sarria (el coordinador general de la ex ONCCA desde que Zarich ascendió a subsecretario de Mercados Agropecuarios en 2022). Así logró retomar las funciones en Rosario que le permiten continuar de los dos lados del mostrador, ya que debe controlar desde el Estado a las mismas empresas que en su actividad privada asesora y defiende.
Desde Casilda -desde donde hace “home office” desde 2018, cuando se decidió el cierre de la oficina física en Rosario- López decide la aplicación o no de sanciones y su aptitud para mantenerse vigentes en el RUCA (Registro Único de la Cadena Agroalimentaria). En su momento, los funcionarios de Cambiemos lo habían separado de esa responsabilidad “preocupados por el interés que el abogado ponía en algunas inspecciones y en la resolución de algunas auditorias, así como opiniones técnicas que iban en detrimento de lo establecido en la normativa vigente”, contó una fuente.
Fue esa doble moral, la del Estado perforado por una visible corruptela cotidiana, la que provocó que Zarich y Sarría lo volvieran a colocar en ese mismo puesto clave en Rosario.
¡Pobre Conforti, que sin comerla ni beberla fue despedido esta semana!
López en cambio seguiría allí, atendiendo cómodamente desde su casa y el estudio de Casilda. Lo mismo que Sarría, que continúa dentro de la estructura de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, asesorando a la nueva gestión de Vilella, como muchos otros de los funcionarios que conformaban la sospechosa estructura liderada por Zarich.
