Hace casi un mes este y otros medios daban la noticia de un nuevo aplazamiento de la normativa antideforestación impulsada por la Unión Europea. Fue la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessica Roswall, quien declaró a la prensa internacional que la medida no entraría en vigencia el próximo 31 de diciembre, tal y como estaba previsto, ante la necesidad de “poner a punto” los sistemas informáticos necesarios para cumplir con toda la operatoria. Sin embargo, parece que aquel mensaje no era del todo correcto.
De acuerdo con un comunicado oficial de ese bloque económico, emitido ayer en Bruselas, lo único que se aplazará hasta el 30 de diciembre de 2026 es la entrada en vigencia de esta normativa para “microempresas y pequeñas empresas”.
“Para las grandes y medianas empresas, la fecha sigue siendo el 30 de diciembre de 2025, pero, a fin de garantizar una introducción gradual de las normas, se beneficiarán de un período de gracia de seis meses para los controles y la aplicación”, aclararon las autoridades.
Para evitar incurrir en un nuevo error, Bichos de Campo consultó a Ciara-Cec por este mensaje, quienes aseguraron que la normativa “efectivamente entra en vigor para soja y carne el 1 de enero de 2026”.
Los impulsores de la plataforma Visec, que promete un sistema de trazabilidad seguro y claro para todas aquellas exportaciones agroindustriales que tengan como destino a la Unión Europea, señalaron luego en redes sociales que “la cadena de la soja está lista para cumplir gracias al enorme esfuerzo de todos sus eslabones”.
“Seguiremos trabajando también junto a la Cancillería para lograr que el país sea de riesgo bajo y que Visec tenga el reconocimiento formal en todos los países europeos, a la vez de insistir que se elimine el requisito de segregación que es innecesario”, indicaron a continuación.
¿Pero qué paso con las dudas en torno al sistema informático mencionadas por Roswall? Desde la Comisión Europea indicaron que se ha “estado desplegando el sistema informático en estrecha colaboración con las partes interesadas, tal y como se prevé en la legislación”, y reconocieron que las “operaciones e interacciones previstas entre los operadores económicos y el sistema informático son mayores de lo previsto”.
“Las nuevas fechas de entrada en vigor, junto con la simplificación de las obligaciones de los agentes de la cadena de suministro, tienen por objeto garantizar que el sistema informático pueda soportar el nivel de carga previsto. La Comisión también está trabajando en planes de contingencia, de modo que los operadores económicos puedan cumplir sus obligaciones en caso de que esta propuesta legislativa no sea adoptada a tiempo”, detallaron a continuación.
Todo esto, según adelantaron, debe ser debatido en la Comisión y adoptado formalmente dentro del reglamento previo a su entrada en vigencia.
Como sea, nos comimos el amague, y los productores argentinos deberán estar listos para operar bajo este esquema desde el comienzo de enero próximo.
