Los incendios criminales –generados de manera intencional– que están provocando daños económicos y ambientales devastadores en la provincia de Chubut tienen como contrapartida un manifiesto desinterés en la materia por parte del gobierno nacional.
Un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) destaca que en 2023 el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) ejecutó el 100% de su presupuesto, pero que en 2024 –primer año de la gestión de Javier Milei– la ejecución cayó al 22% a pesar de tratarse del período con mayor cantidad de focos de incendio de al menos los últimos ocho años.
En 2024 el Fondo Nacional del Manejo del Fuego generó ingresos por 14.917 millones de pesos, pero apenas usaron 2436 millones, por lo que quedó un monto disponible de 12.481 millones para el año siguiente.
Sin embargo, el año pasado el gobierno procedió a liquidar el Fondo Nacional del Manejo del Fuego, que se financiaba principalmente a través de un impuesto pagado por los contratantes de seguros automotores y agropecuarios, dado que en 2021 se creó una “contribución obligatoria” del tres por mil sobre las primas de todos los seguros –con excepción de los dedicados al ramo de vida y retiro voluntario– para financiar ese fideicomiso destinado a combatir incendios.
Lo insólito es que, si bien el Fondo Nacional del Manejo del Fuego fue disuelto y los fondos del fideicomiso pasaron a la Tesorería General de la Nación, los contratantes de seguros siguen pagando la contribución forzosa del 3 por mil, que es derivaba al Ministerio de Seguridad, dado que pasó a tener a su cargo el Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).
La cuestión es que mientras que con la vigencia del fideicomiso los fondos aportados por los contratantes de seguros debían destinarse exclusivamente a la atención de incendios, ahora ya no existe manera de saber qué uso tienen tales recursos en el amplio ámbito de acción del Ministerio de Seguridad.
El problema es que el presupuesto 2026 asignado al Sistema Nacional de Manejo del Fuego es de apenas 20.131 millones de pesos, una cifra nominal 7,7 inferior a la correspondiente a la del presupuesto 2024. Si se tiene en cuenta que la inflación oficial acumulada entre 2024 y 2025 es del 185%, entonces está claro que el área dedicada a atender situaciones de emergencia ígnea está desfinanciada.
El último informe de la Jefatura de Gabinete presentado ante el Congreso indica que el SNMF cuenta con 171 integrantes para cubrir todo el territorio nacional, de los cuales 134 son brigadistas, mientras que los restantes 37 son técnicos y administrativos.
Más allá de la decreciente capacidad de respuesta ante emergencias y del recorte de presupuesto, lo que resulta además evidente es la falta de un plan preventivo contra incendios intencionales en zonas consideradas estratégicas.
