El primero párrafo del comunicado lanzado este lunes por la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata (CPTCP) es elocuente. Dice que “la Hidrovía Paraguay-Paraná constituye el canal de comunicación central del Mercosur uniendo con sus aguas los cinco países miembros, por este medio la Argentina exporta los bienes que representan la mayor parte del ingreso de divisas”. Y recuerda que “por lo tanto, la administración de ese recurso estratégico, descuidada durante la presidencia de Alberto Fernández, debería transformarse en una prioridad en el ámbito de un gobierno que declama eficiencia en la gestión pública”.
Movete, Peluca, movete: han pasado ocho meses de gobierno de La Libertad Avanza y el derrotero de la Hidrovía sigue en el limbo de varios pendientes heredado de la gestión anterior.
La CPTCP es una asociación civil de carácter internacional integrada por armadores y operadores privados de los cinco países de la Cuenca del Plata con sede permanente del organismo en la ciudad de Montevideo. Es decir por los usuarios de esta vía estratégica.
En su comunicado, esta entidad recordó que en julio de 2021, por medio del decreto 427/2021, el ex presidente Fernández “procedió a otorgar a la Administración General de Puertos (AGP) la gestión de la señalización y dragado de la Hidrovía Paraguay-Paraná por un plazo de doce meses, en el cual se debería avanzar en la confección de los pliegos licitatorios para la nueva concesión del canal de comunicación”.
Y lamentó que “han transcurrido tres años desde entonces y esa decisión que, si bien en principio iba a ser provisoria, sigue en curso sin noticias concretas sobre el proceso de licitación pendiente”.
“La indefinición sobre una cuestión tan significativa, estableciendo como válida una medida provisoria determinada por el gobierno anterior, incrementan la percepción del riesgo soberano presente en la Argentina, y pone en duda la oportunidad de limpiar la administración de los recursos hídricos de esquemas poco transparentes”, sugirió además la CPTCP, aludiendo a posibles focos de corrupción en la administración estatal.
En mayo pasado el gobierno de Javier Milei designó a Iñaki Miguel Arreseygor como subsecretario de Puertos y Vías Navegables, un abogado sin ninguna experiencia en la materia que venía de encargarse del área de compras y contrataciones del Ministerio de Infraestructura de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal. También se desempeñó como director de Mirgor SACIFA, empresa controlada por la familia Caputo.
La cuestión es que, pocos días después de asumir, Arreseygor convocó a los representantes de las entidades usuarias de la Hidrovía para comunicarles que la gestión de Fernández había dejado una deuda con la ex operadora Jan de Nul por “servicios no pagados” del orden de 80 millones de dólares y que para poder saldarla se estaba estudiando un aumento del peaje y mantener la contratación de dicha empresa por varios años hasta que la deuda sea liquidada.
Los usuarios de la Hidrovía, que esperaban ser recibidos con noticias relativas al mejoramiento del servicio como producto de la adjudicación lograda a través de una postergada licitación internacional, se encontraron con una sorpresa por demás desagradable.
La prometida licitación internacional no es lo único por resolver. En el comunicado donde reclama definiciones, el bloque de usuarios apuntó que “otra cuestión pendiente de resolución es el conflicto generado en el ámbito del Mercosur a partir de que en 2023 Argentina procediese a implementar de manera unilateral el cobro de un peaje de 1,47 dólares por tonelada de registro neto al transporte internacional que circule por el tramo Puerto de Santa Fe-Confluencia de la Hidrovía”. Esto afectó especialmente a las barcazas que surcan las aguas abajo desde Paraguay y Bolivia.
La tensión diplomática por ese nuevo peaje se diluyó luego de que, en el ámbito del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná (CIH), Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay manifestaron su voluntad de abonar un peaje con un costo acorde a un servicio efectivamente prestado por la Argentina en ese tramo de la navegación, que no está licitado para su dragado, como si sucede con el tramo que va del gran Rosario hacia la salida al mar.
La CPTCP indicó que, al respecto, “está elaborando una propuesta que permita disponer de un servicio de gestión de la vía fluvial con información actualizada en tiempo real a través de una plataforma digital, lo que facilitaría la navegación en el tramo que une Santa Fe y la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay (Confluencia). La expectativa es poder alcanzar acuerdos con las autoridades argentinas para la implementación de este sistema de gestión del río que brinde beneficios reales de seguridad, eficiencia y confiabilidad a la vía fluvial, generando ahorros a las cargas por encima de los costos de gestión del sistema”.
Pero todas estas propuestas dependen de que las nuevas autoridades argentinas comiencen a moverse.
Todos le EXIGEN a Milei que resuelva los desastres de 80 años de peronchismo e inutilidad corrupta de los radicales
Todos le EXIGEN a Milei que resuelva los desastres de 80 años de peronchismo e inutilidad corrupta de los radicales,, todo en 6 meses..vayan a garcar..