El Ministerio de Agroindustria anunció en las últimas horas el final del Monotributo Social Agropecuario a fines de 2018. Lógicamente se armó revuelo, ya que un amplio frente de organizaciones de campesinos y de pequeños productores (que incluye a la Federación Agraria) recordó que con dicha medida habrá “más de 50 mil familias que pierden el derecho de regularizar su trabajo y más de 100 mil personas que pierden el derecho de acceder a la salud”.
Monotributo no, monotributo sí. Lo que se está discutiendo aquí en realidad es si es responsabilidad del Ministerio de Agroindustria tener políticas específicas para los pequeños productores y la agricultura familiar, o si en cambio eso corresponde al Ministerio de Desarrollo Social, que atiende naturalmente las situaciones de pobreza y vulnerabilidad.
Está más que claro que la decisión de la cartera que dirige Luis Miguel Etchevehere es concentrarse en trabajar con los que algunos funcionarios denominan”agricultores capitalizados” y que sea Carolina Stanley, en Desarrollo Social, la que se tenga que hacer cargo de las gran cantidad de desposeídos que vive en y gracias al campo. Que son muchos pero poco visibles.
Con el anuncio de la desaparición del MSA, quedó claro que la decisión del gobierno macrista es reducir al máximo la injerencia de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, que en su momento el kirchnerismo había llevado a su máxima expresión unos años atrás, cuando convirtió ese área en Secretaría y la puso al mando del dirigente del Movimiento Evita Emilio Pérsico. La definición es que los pequeños productores sean atendido por las áreas sociales, porque la responsabilidad primaria de Agroindustria debe ser dedicarse a las políticas productivas.
Monotributo no, monotributo sí… que ese pobre no se acerque a mi.
En este cambio de lógica dentro del gobierno, incluso se desconoce que el Congreso sancionó en 2014 la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, que entre otras cosas establecía la obligación al Ejecutivo de asignar un presupuesto de 1.500 millones de pesos anuales para promover a los minifundistas del agro. En tiempos de ajuste, eso nunca se cumplió, claro.
La excusa oficial para desmantelar este tipo de programas, como en muchos otros casos, es que el kirchnerismo se pasó de la raya y de modo muy poco transparente utilizó este sector de la política pública para hacer política partidaria. Es decir, que de la mano de Pérsico se convirtió a la Secretaría de Agricultura Familiar en una unidad básica kirchnerista.
Las denuncias oficiales tienen mucho sustento, las irregularidades existen y se han detectado los casos de muchos militantes que se hacían pasar por pequeños productores y entonces accedían a los beneficios del Monotributo Social. Pero como casi siempre, en vez de corregir, transparentar y sancionar estos casos, el Gobierno eligió el atajo más directo: cerrar el programa.
Ver: Carlos González: “Había 350 taxistas de Formosa en el monotributo social agropecuario”
En concreto, Agroindustria informó que los productores de la agricultura familiar deberán reinscribirse entre el 2 de julio y el 10 de agosto. Este trámite, según el propio Ministerio, “habilita al beneficiario del MSA a continuar con el subsidio del 50% del costo de la obra social hasta diciembre del 2018″.
Pero de inmediato se aclara que “a partir del 1 de enero de 2019, los productores familiares mantendrán su inclusión en el Registro de Efectores Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y serán beneficiarios del actual Monotributo Social, manteniéndose así el aporte del setenta y cinco por ciento (75%) del beneficio a cargo del Estado Nacional o podrán optar por darse de baja del régimen”.
Es decir, el MSA desaparecería y continúa solo el programa de “Monotributo Social” de la cartera de Stanley, sin hacer distingos a que el sujeto a beneficiar pertenece a comunidades rurales y se sustenta de una actividad productiva.
Frente a esta decisión, un extenso frente de organizaciones vinculadas a la agricultura familiar (por cierto, a veces esa denominación es demasiado generosa y acoge cosas muy diversas), recordaron que “el MSA es una herramienta fundamental para regularizar las condiciones mínimas y dignas de nuestro trabajo”.
“Desde el año 2009 tenemos el derecho de acceder a la salud a través de la obra social, aporte jubilatorio y la posibilidad de facturar. Esto da un marco regulatorio y tiende a la formalización de la Agricultura Familiar”, recordaron las organizaciones, que se apoyaron en diversos estudios oficiales para recordar que este segmento de productores es “responsable de más de la mitad de los alimentos que se consumen localmente”. Por cierto, en algunos rubros -como la horticultura- lo es sin dudar.
Las firmas detrás del comunicado son decenas, pero hay algunas que -como lamentablemente sucede muchas veces- no representan a más que un pequeño grupo de personas. Sí hay que destacar las de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), ASOMA (Asociación de Medieros y Afines), FAA (Federación Agraria Argentina), FNC (Federación Nacional Campesina),
FNC (Frente Nacional Campesino), FAE (Frente Agrario Evita), FUNDAPAZ (Fundacion para el Desarrollo en Justicia y Paz), MNCI (Movimiento Nacional Campesino Indígena Vía Campesina), MOCASE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero), y UTT (Unión Trabajadores de la Tierra).
Todas ellas, a coro, insinúan que el origen del conflicto tiene que ver con el título irónico de esta nota: “Que esos pobres no se acerquen a mi…”
Denuncia el comunicado de las organizaciones campesinas: “Las autoridades del Ministerio de Agroindustria demuestran una vez más el carácter de clase y el sesgo anti-popular de sus políticas”.
En este sentido, cuestionaron especialmente las declaraciones que Santiago Hardie, secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorio, al diario La Nación, “A muchos, durante mucho tiempo le pagaste el cien por ciento del MSA e intuyo que productores con alto grado de necesidad y de vulnerabilidad quizás tienen un monotributo porque alguien fue se lo hizo llenar y ni lo usa; ni se acuerdan que lo tienen, y el Estado pone un montón de guita ahí”, dijo el funcionario.
“Estas declaraciones son una nueva muestra del desconocimiento del trabajo que cotidianamente realizamos a lo largo y a lo ancho del país miles de pequeños productores, campesinos y agricultores familiares. Son más de 50 mil familias que pierden el derecho de regularizar su trabajo. Son más de 100 mil personas que pierden el derecho de acceder a la salud. Y es toda la población argentina que verá perjudicada su posibilidad de acceder a alimentos producidos en suelo argentino”, concluyó el comunicado.
