Se cumple un nuevo mes de emergencia hídrica en Carlos Casares y la dinámica entre los vecinos y el municipio no ha variado: cuando unos reclaman, otros responden con cifras e informes.
A esto ellos lo llaman “maquillar con papeles lo que no se hizo con tiempo” porque, tras la última gran movilización que llevaron a cabo el pasado 6 de octubre -en el que bajo la consigna “Menos discursos, más caminos” pidieron por un plan de acción urgente-, los productores autoconvocados aseguran que el municipio “miró para otro lado” y no hizo más que desviar la atención.
La mirada que finalmente captaron fue la del gobierno nacional, pues, luego de 9 meses de emergencia hídrica, la ministra de seguridad Patricia Bullrich anunció que visitará Carlos Casares acompañada de ingenieros militares y con maquinaria de Vialidad Nacional. Eso en absoluto cambia los humores de los productores para con su intendente, Daniel Stadnik, y el gabinete municipal, pues confirmaron a Bichos de Campo que no descartan iniciar acciones legales en su contra.
Que existe un “ida y vuelta” con el municipio es innegable, sólo que no parece haber un código compartido. Tras aquella gran movilización colectiva, el gobierno local entregó a los productores casarenses una respuesta oficial a su petitorio, en el que les comunican lo que se ha hecho desde el comienzo de las inundaciones hasta ahora. Eso motivó una nueva réplica de los vecinos, que acusan “falta de transparencia” y “desinformación” por parte del oficialismo.
“Hoy el municipio presenta listados, comités y números, pero los caminos siguen intransitables y los campos bajo agua”, apuntaron en su comunicado difundido, y aseguraron que, más allá de lo productivo, los pueblos que rodean al casco urbano están “abandonados, aislados, sin luz y sin ayuda durante días”.
Ya los mandaron a rezar y rezaron. Ya se reunieron, escucharon a los funcionarios, y volvieron a inundarse. Ya se movilizaron, firmaron un petitorio, y nada cambió. Ahora recibirán finalmente al gobierno nacional, en un contexto de fuerte enfrentamiento con los funcionarios locales. El que desembarcará a la zona será Santiago Hardie, a cargo del sistema federal de emergencias que comanda Bullrich. La ministra lo haría el sábado.
Lo que se debate ahora es quién tiene la razón. En la respuesta oficial que recibieron por parte del municipio, a la que accedió Bichos de Campo, los funcionarios detallan punto por punto lo que se ha hecho en los últimos meses, y responden a los reclamos vertidos por los productores hace un mes.
Respecto a las obras hidráulicas, desde el gobierno local aclararon que “son diseñadas y ejecutadas por la Dirección Provincial de Hidráulica” y “se acuerdan en cada Comité de Cuenca”. Lo que respecta al municipio, aclaran, es el mantenimiento, construcción y reparación de caminos y calzadas, que aseguran haber realizado en “nueve frentes de obra que cubren el total de la red vial”.
Incluso, agregan en su informe, se trabajó en un plan de contingencia “apenas iniciada la emergencia”, que estuvo enfocado en “la conectividad de las cuatro localidades del sur (Cadret, Belloq, Ordoqui y Hortensia) con la ciudad cabecera o con rutas pavimentadas”, en los “corredores lácteos” y en las escuelas rurales.
“Si el plan de contingencia se activó, fue cuando la emergencia ya estaba desatada. Los caminos, el acceso y la seguridad no son un favor. Son un derecho”, respondieron los productores, que aseguran que el panorama es particularmente acuciante en las localidades que el propio municipio menciona.
Si bien tanto Ordoqui como Hortensia ya no están aislados como hace meses atrás, los vecinos denuncian que “la única salida está a 147 kilómetros de Carlos Casares”. Al menos allí la hay, pues en el caso de Algarrobos y La Sofia, afirman, aún no la recuperaron.
“Cadret pasó más de dos días sin luz ni asistencia y nadie se acercó a preguntar si necesitaban algo. Mientras tanto, la ruta 50, que conecta con los pueblos de zona norte está sin señalizar y con agua que pasa por encima”, agregaron.
Del lado del municipio, el diagnóstico es diferente, pues señalan que, aún en los momentos más críticos de esta histórica inundación, lograron mantener “una red mínima de 300 kilómetros” que evitó que las localidades quedaran aisladas y permitió mover la producción. Lo curioso es que, para ese último fin, la respuesta oficial tiene en cuenta, incluso, el uso que se hizo de campos linderos y pasos de servidumbre, que claramente exceden a la red vial convencional.
En todo caso, el gobierno local asegura que, si eso -aparentemente- lo lograron, fue por “el inmenso trabajo que se hizo durante los últimos 14 años en materia de caminos”: 285 kilómetros de nuevas vías, 129 de desagües rurales y la construcción del Canal “La Sofía-Belloq”.
Tal como sucede en otros municipios que, desde marzo, afrontan una severa crisis por las inundaciones, la ayuda estatal llegó a destiempo. Como muchas obras clave -de alteos, alcantarillas, y limpieza de canales- no se hicieron durante los años de sequía, era de esperarse que, cuando fueran necesarias, se produjera un efecto “cuello de botella” y los recursos no alcanzaran.
Entretanto, al igual que sucede en 9 de Julio, muchos de los arreglos necesarios los costearon los propios establecimientos productivos. Sobre todo los tambos, que necesitan de la red vial para mover a diario su producción y que no pueden esperar a los tiempos de la política.
“Los productores y las industrias lácteas son quienes están pagando y haciendo muchos de los arreglos que el municipio muestra”, replicaron los vecinos.
La respuesta del municipio:
Las aguas se dividen también en lo que respecta al vínculo con los damnificados. Por un lado, el municipio asegura que “el intendente ha mantenido un diálogo real y transparente” con quienes lo solicitaron, pero en los hechos eso dejó tristes anécdotas y tensos encuentros. En la vereda de enfrente, aseguran que aún ni siquiera tienen a quién acudir en situaciones límite
“Si el Comité de Crisis existe desde febrero, ¿por qué la sociedad no sabe a qué número llamar en caso de emergencia?”, se preguntaron los productores, que señalan que “en las redes oficiales se desinforma a la sociedad. Las publicaciones no reflejan la realidad y los comentarios están bloqueados, impidiendo que los vecinos puedan expresarse libremente”.
