La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe resolvió este martes admitir un recurso de inconstitucionalidad solicitado por la empresa Commodities SA del grupo Grassi, que pretende frenar la homologación del concurso de acreedores de Vicentin SAIC.
El acuerdo de rescate de la concursada –proceso que se inició en febrero de 2020– ya cuenta con las mayoría necesarias para poder homologarse y proceder con la compra de los bienes de Vicentin por parte de un grupo conformado por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Bunge y Viterra.
Sin embargo, para poder avanzar con la homologación de la propuesta de rescate es necesario que los jueces penales que tramitan causas contra ex directivos de Vicentin levanten las medidas cautelares dispuestas sobre los bienes de la concursada. En ese marco, el juez concursal Fabián Lorenzini solicitó a los Tribunales Penales de la ciudad de Rosario –que llevan adelante causas por presunta estafa, asociación ilícita y administración fraudulenta contra ex directivos de Vicentin– que levanten las cautelares contra la compañía agroindustrial santafesina. En caso de que no se acceda a tal pedido, Lorenzini solicitó elevar la cuestión a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe para que dirima en el conflicto.
Ahora, con la nueva movida del grupo Grassi, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe deberá determinar si la solicitud requerida por los representantes legales de Commodities SA tiene sustento, lo que implica que el proceso se extenderá por varios meses más.
Por medio de un comunicado, el grupo Grassi consideró que la decisión de la Corte Suprema provincial “permitirá analizar en profundidad lo que consideramos una megaestafa perpetrada por Vicentin y sus directivos, un proceso que lleva más de cinco años causando profundo perjuicio y sufrimiento a los verdaderos damnificados del concurso”.
Grassi, junto a otros acreedores granarios, considera que la propuesta de rescata propuesta por Vicentin –que cuenta, vale recordar, con mayoría para ser homologada– pretende “imponer una quita extraordinaria a los acreedores, consolidando así uno de los mayores delitos económicos de la provincia”.
“El máximo Tribunal señaló que la postulación resulta lo suficientemente fundada e importa la necesidad de realizar un tratamiento constitucional de la sentencia homologatoria y, consecuentemente de la propuesta concursal, pues se exponen situaciones que pueden configurar hipótesis de inconstitucionalidad.
Hoy, se ha dado un paso crucial para evitar la convalidación de este acto ilícito e impedir una quita ilegal de la deuda que solo favorecería el desguace de la mayor agroexportadora de capitales argentinos”, remarcó.
“Desde nuestra posición, continuaremos aportando todos los recursos necesarios para que se retome el proceso de ‘cram down’ y, en esa instancia, no escatimaremos esfuerzos para que la propuesta ganadora conduzca a una verdadera solución para los acreedores, manteniendo además la operatividad plena de las plantas de la compañía”, añadieron.
El año pasado Lorenzini había habilitado un proceso de “cram down”, en el cual compiten diferentes propuestas de rescate de la concursada, pero fue suspendido por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Reconquista. Desde entonces, el grupo Grassi viene reclamando su reapertura.
