Marcelo Rossi es una figura reconocida en el mundo de la carne. Veterinario platense, histórico militante de la UCR, se trata de una figura técnicamente muy sólida y respetada, ya que fue quien instrumentó desde la ex ONCCA (actual Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario), muchas de las normas que regulan la política de ganados y carnes del Estado nacional, más allá de que este trabajo de fondo haya sido interrumpido en al menos un par de ocasiones por las funestas intervenciones de los gobiernos kirchneristas en el mercado.
Estos idas y vueltas en la configuración definitiva de un andamiaje de normas necesario para que la cadena de ganados y carnes finalmente tenga el despegue tantas veces anunciado, parecen repetirse según este especialista, en pleno gobierno libertario.
En este artículo de opinión enviado a Bichos de Campo, de hecho, Rossi advierte que en el gobierno libertario algunas medidas bien intencionadas, como la reciente tipificación para el ganado bovino y porcino, carece de sentido si antes no se toman muchas otras decidiones. Este es el artículo:
La Resolución 96/2024 que establece un Registro para tipificadores de carne vacuna y porcina, y normas para reglar la clasificación y tipificación de la actividad, apunta en el buen sentido a mostrar a los sectores de la producción e industria el camino a seguir en el futuro, para adaptarnos a los biotopos de consumo interno y exportación.
En tal sentido, preocupa que una buena iniciativa se invalide en la práctica, por no estar dadas las condiciones y entonces se limite a un enunciado de buena voluntad, que se licuará como otras iniciativas del mismo tenor, en la intrascendencia.
Parto de la base que se crea un registro estableciendo normas que no pueden controlarse por falta de infraestructura y por comprender su interés al sector privado tanto de la Industria como de la producción. No se trata de sacar una norma sin duda virtuosa a futuro, cuando no están dadas las condiciones para su puesta en ejecución.
En esa norma, en rigor, no se definen categorías para una clasificación como las existentes en otras latitudes ganaderas, como en los Estados Unidos, en donde se premia la mejor (el biotipo deseado) con precios diferenciales, pero también se castiga a la res que no alcanza determinado status.
El contenido de la norma nacional, en cambio no aporta nuevas definiciones, ya que el sistema de premios y castigos por biotopo de carne es de vieja data. Ya la ex JNC lo implementaba en los años 60 con una dotación de revisadores de tropas en pie, que complementaba su accionar con lo apreciado en el palco de tipificacion. Esta tarea se llevaba a cabo tanto en los establecimientos exportadores como en el ex Mercado de Hacienda de Liniers, y en base a esos criterios se le reconocía al productor un precio diferencial o plus por calidad.
Otros mercados -como Estados Unidos o Australia- tienen acceso además a tecnología que aquí es limitado y comprende a muy pocas empresas. Tenemos como antecedentes lejanos o más recientes, diferentes normas dictadas desde un escritorio y que no se emparentan con nuestras realidades de funcionamiento, por múltiples causales.
Lo vimos con la mal llamada Ley Federal de Carnes 22.375, que en realidad nunca fue una Ley del Congreso (es un Decreto Ley de la Dictadura de Onganía), que en casi 60 años no se pudo hacer cumplir. Hace muchos años quisieron imponer el llamado “Corte por lo sano” y fracasó. Más recientemente prohibieron la comercialización de carne en medias reses para imponer la misma por cuartos. Se dictó un acto legal prohibiendo desde entonces la comercialización en medias reses, que lisa y llanamente ha sido ignorada, y ni se ha tenido, la honestidad política e intelectual de derogarla ante su generalizado incumplimiento.
En este caso, en el caso de la nueva tipificación, ni la Industria la reclamaba ni los productores tampoco. Salvo iniciativas virtuosas como la de Angus, las entidades ni lo han planteado como teman se ha invitado a la industria frigorífica a desarrollarlo, a educar o siquiera analizarlo.
En resumen, más allá de que intencionalmente sea un paso deseable a futuro, en este escenario aparece innecesario.
Si faltara algo, en la normativa se imponen penalidades para quienes no cumplan los requisitos cuando carecen de infraestructura para fiscalizar su cumplimiento.
En definitiva, “no se define al sistema sino a quienes están obligados”.
Matricular a los tipificadores es una medida burocrática e inútil, y evaluarlos con exámenes es imposible por la falta de medios y personal capacitado. Si hay error o fraude en la tipificación, la responsabilidad es de la empresa y no hace falta castigar al tipificador. La capacitación y la eficacia con que realizan su tarea debe ser responsabilidad de las empresas.
En resumen, la actual apuesta del gobierno me parece una buena apuesta a futuro, con tiempo, educación, tecnología, consenso e infraestructura. Parece poco serio imponerla sin esos pasos previos y con nuestras limitaciones; quedará en otro acto de voluntarismo.
Debe ser el consumidor quien defina la preferencia por la calidad exhibida y convalidarla con el precio, que recibiría aguas arriba el productor.
En ese sentido, quién le explica al consumidor el significado de la nomenclatura alfanumérica con el cual se identifica la calidad de la carne en argentina (conformación y terminación) y que no es precisamente un sistema de fácil interpretación, como puede ser el utilizado en los Estados Unidos o en Australia.
Dicho de otro modo, ¿cómo se puede diferenciar rápidamente la calidad en góndola? Allí radica la clave para definir la preferencia por la calidad exhibida (biotopo demandado) y que el consumidor de forma consecuente esté dispuesto a pagar más por esa mayor calidad, Esta sería la situación deseable que termine traccionando en la formación del precio del kilo producido que recibirá el productor.
La tarea más importante, de acuerdo a preceptos liberales tan en boga, y siendo esta una iniciativa que hace a la calidad y no a sanidad de las carnes, le cabe al sector privado como tal. Realmente no veo la ventaja de la injerencia estatal, que se licuará como tantas otras del mismo tenor y parece condenada a la intrascendencia.
