En Gualeguaychu, en Entre Ríos, pareciera que ahora todo el año es carnaval. Es que por una ordenanza municipal, desde marzo pasado no se puede comercializar, stockear o utilizar el herbicida glifosato sobre las 33 mil hectáreas que forman parte del éjido urbano. Los productores locales han decidido recurrir a la justicia.
La superficie bajo prohibición no es menor, ya que todo el municipio tiene 230 mil hectáreas y en definitiva el 15% del área agrícola del municipio entrerriano queda fuera de carrera para la próxima sienbra de granos gruesos (soja y maíz), que debería comenzar por estos días.
“Este año no se sembró allí ni una hectárea de trigo, cuando a nivel país se logró la mayor superficie de la historia”, explica Matias Martiarena, productor y dirigente de la filial local de Federación Agraria de Gualeguaychú, la filial de la que surgió el actual senador Alfredo De Angelis.
El gran problema, como ya se dijo, es que se viene la siembra de la gruesa y, si no cambia antes la legislación, los productores afectados se quedarán sin el producido de las hectáreas involucradas en la ordenanza. Por eso, en pocos días más harán la presentación correspondiente ante la Justicia provincial.
“Vamos por las inconstitucionalidad”, anticipó Martiarena, que agregó que “hay una presentación judicial que ya hicieron los comerciantes (los proveedores de insumos agrícolas) y que permitió una cautelar que tuvo apelaciones y que terminó en la Corte Suprema de Justicia. En lo que respecta a los productores, desde la Mesa de Enlace local vamos a presentar una en estos días”, explicó el dirigente.
Escuchá la entrevista con Matías Martiarena:
Martiarena cree que el poder político local utiliza a los productores y el glifosato para distraer la atención sobre otros problemas ambientales que tiene la gestión, como por caso el basurero a cielo abierto, entre otros. A su juicio, se aprovechó la ausencia de una legislación sobre el tema que defina pautas claras del uso de insumos agrícolas.
El dirigente rural expresó que los productores “pedimos que se presente un sistema de control de las buenas prácticas agrícolas pero no fuimos escuchados y tenemos que escuchar la hipocresía del intendente que prohibe el glfosato pero reclama el dinero del Fondo sojero”.
