En un balance de la campaña de producción de soja 2025/26, los productores de Tucumán y Santiago del Estero se quedaron con el gusto amargo de ver cómo los buenos rendimientos obtenidos en la campaña 2025/26 se les fugaron de las manos debido al fuerte incremento de los costos, en especial el flete, que duplicó su peso de un año a otro.
En un informe de fin de campaña, la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte Argentino (Apronor) resumió que en materia de producción de soja “si bien desde el punto de vista agronómico y climático el ciclo ofreció un escenario mayormente propicio que permitió alcanzar rindes competitivos”, la macroeconomía aguó la fiesta, ya que “costos logísticos exponenciales, el financiamiento asfixiante y la presión fiscal continúan condenando al productor a un profundo desequilibrio financiero”.
“Fue una campaña relativamente favorable desde lo climático. Las precipitaciones se regularizaron superando los promedios zonales en los periodos críticos, aunque tuvimos dificultades al momento de la cosecha por las constantes lloviznas de fines de abril y mayo”, indicó Javier Martínez, secretario de la asociación nacida en Tucumán hace ya una década.
En este marco, bajo un esquema de campos arrendados que abarca casi el 70% de la superficie agrícola del país, los productores obtuvieron rindes finales de entre 2.500 y 4.000 kg/ha.
Pero no todos salieron ganando: “Los lotes de menor rendimiento apenas alcanzaron para empatar” pues se necesitaron este año de 2.300 a 2.500 kg/ha solo para cubrir gastos operativos básicos y alquiler.
Para los tucumanos, esto pone en evidencia que “las buenas cosechas de esta campaña solo sirven para sostener la estructura y no alcanzan para cubrir las deudas arrastradas de años anteriores”.
En ese sentido, Hugo Meloni, el presidente de Apronor, indicó que el saldo positivo desde lo productivo “contrasta fuertemente con el marco financiero y de insumos.”
En materia crediticia, argumentó que la campaña estuvo “marcada por tasas de interés para préstamos elevadísimos e inaccesibles, obligando al productor a afrontar altos costos por capital de trabajo frente a insumos dolarizados y acumulando un pasivo financiero que se suma al arrastre de ciclos anteriores”.
Pero el mayor énfasis en el análisis está puesto en lo que la entidad llamó “la trampa logística”.
“El talón de Aquiles operativo residió en una crisis logística sin precedentes. En primer término, los precios de los fletes hacia los puertos sufrieron una duplicación nominal frente a la campaña anterior: de 40.000 a 45.000 pesos por tonelada en el ciclo pasado, los valores treparon abruptamente hasta los 85.000 pesos y cifras superiores. A este tarifazo se sumó una severa escasez de unidades de transporte impulsada por la saturación en la zona núcleo y demoras crónicas en las descargas portuarias”, se explicó.
“Los fletes al puerto se duplicaron, saltando de 40.000 a más de 85.000 pesos por tonelada. A la escasez de camiones por la saturación en la zona núcleo se le suma la precariedad de nuestros caminos y la escasa capacidad de los acopios locales, disparando costos por personal parado”, profundizó la ingeniera Macarena Ramos, vicepresidenta de la organización.
A nivel local, la falta de capacidad operativa de los acopios regionales impidió una recepción fluida, provocando paradas intermitentes en la recolección y elevando los costos improductivos por personal y maquinaria detenidos, apuntó.
En este contexto, los socios de Apronor remarcaron una vez más que “el productor del NOA soporta una carga tributaria confiscatoria” y que “los derechos de exportación actúan como el principal distorsionador, ya que de cada cuatro camiones con destino al puerto, uno se destina íntegramente a tributos nacionales, mientras los tres restantes deben absorber ganancias, ingresos brutos, sellos, arrendamientos y deudas arrastradas”.
Ante este diagnóstico integral, el mensaje político e institucional de Apronor hacia los gobiernos nacional y provincial es categórico: el sector exige reglas de juego estables, reducción a cero de retenciones, baja de ingresos brutos, inversión en infraestructura vial y líneas de financiamiento competitivas que aseguren la sustentabilidad y eviten la expulsión de productores en el NOA
