El Ministerio de Agricultura tiene todo un enorme sector, la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (AFCI), donde casi todos los funcionarios son a la vez militantes políticos: la mayoría proviene del Movimiento Evita de Emilio Pérsico y el “Chino” Navarro, pero también de otras organizaciones que tienen penetración en el sector rural. Allí también parece que el kirchnerismo dio la orden de salir a la captura de votos que le permitan revertir -con dinero público- el resultado electoral adverso que logró en las Primarias.
De otro modo no se explica la resolución Resolución 254/2021, publicada este lunes en el Boletín Oficial. Firmada por el secretario de Agricultura Familiar, Miguel Ángel Gómez, la norma parece ser muy anodina y no decir nada: pero multiplica por más de tres veces los fondos con que ese organismo puede salir a subsidiar a pequeños productores y organizaciones campesinas.
Allí también, queda claro, la maquinaria de poder kirchnerista saldrá a tentar a la gente para que los vote en las elecciones legislativas del 14 de noviembre. El objetivo son los sectores más empobrecidos del medio rural, y que mayores necesidades básicas insatisfechas (NBI) padecen. La pobreza rural es un fenómeno que no se mide (el INDEC solamente toma registro en los principales conglomerados urbanos).
La Resolución 254/2021, firmada por Gómez, dice en su Artículo 1º: “Sustitúyese el Artículo 1º de la Resolución RESOL-2020-1-SAFCEI#MAGYP de fecha 29 de julio de 2020”. En aquella norma, que tiene apenas poco más de un año de vida, se había aprobado el “Manual Operativo del Programa de Asistencia Crítica y Directa para la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena”.
Bichos de Campo se tomó un rato para ver qué es lo que se había modificado en ese Manual Operativo. Y es que en los considerandos de la nueva resolución no se explica ni qué se modifica ni por qué debe modificarse. Solo se dice que “en esta etapa y en función de la experiencia obtenida en el desarrollo del citado Programa se entiende conveniente modificar el precitado Manual Operativo, contemplando los parámetros básicos y objetivos a los que deberá ajustar su cometido”.
Revisando ambos manuales, la conclusión es que no cambia nada hasta el punto 6 del Manual, que se refiere a la “Implementación” del programa de asistencia crítica y directa a los agricultores familiares, campesinos e indígenas, que apunta a “asistir en forma directa y oportuna a productores y productoras de la AFCI que se encuentren en situación de riesgo productivo ante situaciones ocasionadas por eventos excepcionales, inesperados, imprevisibles y/o irresistibles”, así como “mejorar la calidad de vida de los pequeños y medianos productores” y “promover, apoyar y fortalecer la inclusión social y cultural” de ese sector del agro argentino.
¿Y qué cambia en el punto 6? Los montos con los que la Secretaría liderada históricamente por el Movimiento Evita (entre 2011 y 2015 directamente por Emilio Pérsico, y desde 2019 a la fecha por el propio Gómez) podrá salir a subsidiar a esta población objetivo.
Dice el Manual anterior: “El presente Programa aspira a asistir a las áreas más vulnerables de la AFCI, en forma directa, mediante el otorgamiento de aportes no reembolsables o a través de la entrega de insumos, destinados a sostener las estructuras productivas ante eventos de fuerza mayor o casos fortuitos. Los aportes serán definidos por la SAFCI, a partir del estudio pormenorizado de la problemática de caso concreto y en ninguno de los casos podrá superar los Pesos Cien Mil ($100.000)”.
Dice el Manual actualizado: “El presente Programa aspira a asistir a las áreas más vulnerables de la AFCI, en forma directa, mediante el otorgamiento de Aportes no Reembolsables o a través de la entrega de insumos, destinados a sostener las estructuras productivas ante eventos de fuerza mayor o casos fortuitos.
Los aportes serán definidos y otorgados mediante acto administrativo por la SAFCI, a partir del estudio pormenorizado de la problemática de caso concreto y en ninguno de los casos podrá superar los DIEZ (10) SMVM (Salarios Mínimos Vitales y Móviles)”.
A partir del 1° de octubre, el Salario Mínimo Vital y Móvil sufrió un incremento -también en clave electoral- del 46% y quedó ubicado en 32 mil pesos. Quiere decir que la Secretaría de Agricultura Familiar podrá distribuir hasta un máximo de 320 mil pesos por beneficiario de sus subsidios, es decir tres veces y un puchito más del dinero que estaba autorizada a distribuir hasta ahora.
Ese área de la cartera conducida por Julián Domínguez también puede asignar aportes no reintegrables a organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígenas. En este caso de personas jurídicas, los subsidios que hasta ahora podían ser de hasta 2.500.000 pesos, ahora tendrán un límite máximo de 180 Salario Mínimo Vital y Móvil. Esto es 5,76 millones de pesos, más del doble.
Otra cosa que cambió es que en el nuevo Manuel se eliminó el Punto 14, referido al Presupuesto. Antes se ponía un límite de 30 millones de pesos para la implementación y ejecución del programa. Ahora ese tope se eliminó. No hay precisiones respecto de la cifra global.
A favor de la nueva normativa debe decirse que incorpora todo un capítulo vinculado a la “debida diligencia”, que apunta a dotar de mayor transparencia a todo el proceso.
En ambos manuales se repite un punto referido a la “Transparencia”. Allí de determina que “la SAFCI trabajará con la Dirección General de Comunicación y con la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Agricultura, para disponer de un espacio dentro de la página web oficial, desde el cual la ciudadanía pueda acceder a información actualizada del presente Programa y formas de acceso. Todo ello en el marco de la Ley 25.326 (Protección de datos personales) y la Ley 27.275 (Acceso a la información pública)”.
Por ahora no hay noticias de ese apartado.
