El agua sigue quieta en muchos campos del partido de 9 de Julio. Desde febrero, que empezó a llover, la región se convirtió en un embalse para el agua que debería escurrir por el Río Salado hasta el mar. Pero la paralización de las obras del Plan Maestro llevaron a que muchas comunidades del centro oeste de Buenos Aires padezcan las lluvias, especialmente el partido de 9 de Julio.
El auga sique quiera, pero lo que ya empezó a moverse con fuerza son los números. Y son números que duelen. Un informe técnico elaborado por la Sociedad Rural local, el INTA 9 de Julio, el Círculo de Ingenieros Agrónomos y la Regional Aapresid reveló el verdadero tamaño del daño económico que dejaron las inundaciones que comenzaron a generalizarse desde el 4 de febrero pasado. El impacto ya se mide en producción perdida, en ingresos que no llegaron a los productores, en actividad que no ocurrió en la ciudad y también en recaudación que el Estado resignó por falta de obras.
El trabajo detalla que el distrito cuenta con unas 250.000 hectáreas agrícolas y 150.000 ganaderas, de las que dependen cerca de 3.000 actores de toda la cadena entre productores, contratistas, transportistas, servicios y empleados rurales. Pero este año el agua se llevó mucho más que cultivos. Redujo en un 42% la superficie productiva real del partido: 141.500 hectáreas agrícolas y 85.000 ganaderas quedaron fuera del circuito productivo. Eso significó, directamente, que 700.000 toneladas de granos no se produjeran.
Detrás de esa merma física aparece el golpe económico. La facturación que el campo de 9 de Julio esperaba generar en la campaña era de 283,7 millones de dólares. Con las inundaciones, cayó a 169,7 millones. La diferencia es de 113,9 millones de dólares menos que dejaron de circular en la economía local. No solo puertas adentro de los campos, sino en talleres, comercios, estaciones de servicio, transportes y pueblos que viven del movimiento que genera el agro.
Para dimensionar la magnitud del golpe, las entidades llevaron esos 113,9 millones de dólares a equivalencias concretas. La pérdida es similar a no vender 4.665 autos Toyota Yaris, a dejar de comercializar 18 millones de bolsas de cemento, a que 17.223 camiones menos viajen al puerto. Pero quizá el dato más sensible para el debate público aparece cuando se mira la caja estatal. El Estado deja de recaudar 30,4 millones de dólares solo en concepto de retenciones como consecuencia directa de esta caída productiva.
Es decir que la falta de obras hidráulicas, de mantenimiento adecuado de los sistemas de drenaje y de una política sostenida de infraestructura no solo arrasó con campos y producción. También vació de recursos al propio Estado, que hoy se queda sin una recaudación que hubiera existido si el agua no hubiera hecho estragos.
Y hay otra equivalencia que termina de pintar el drama social, y es que las pérdidas totales son comparables a 115.706 sueldos promedio del distrito. Ese es el dinero que no ingresó a la comunidad por culpa de un fenómeno climático que, según vienen denunciando los productores desde hace meses, se agrava por la desidia y la falta de respuestas estructurales.
En 9 de Julio el agua todavía no se fue del todo. Pero los números ya dejaron en claro que el costo de no hacer las obras no lo pagan solo los productores: lo paga toda la sociedad. Y también el Estado, que resigna millones de dólares de recaudación mientras la infraestructura sigue esperando.
