Con vistas a despejar cualquier tipo de duda sobre el impacto real de las inundaciones bonaerenses, y para evitar que los funcionarios de turno se sigan pasando la pelota, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) realizó un informe para graficar con claridad la crudeza del panorama que, afirman, comenzará a pesar especialmente a partir del próximo año.
En número concretos, y tomando de referencia imágenes satelitales tomadas entre el 11 y el 13 de noviembre pasado, de las 17 millones de hectáreas que integran la cuenca del río Salado, unas 2 millones se encuentran inundadas o anegadas, y unas 3.8 millones aparecen como afectadas.
“Cuando hablamos de superficie afectada, nos referimos a áreas que, aun sin agua visible, no poseen condiciones mínimas para avanzar con las labores de siembra: falta de piso, caminos intransitables y ausencia total de accesibilidad para maquinaria. En los hechos, son hectáreas que quedaron fuera de producción”, indicaron desde Carbap.
El listado de partidos más afectados se encuentra conformado por Bolívar, 9 de Julio, Pehuajó, 25 de Mayo, Lincoln, Carlos Casares, Las Flores, Daireaux, General Viamonte, Saladillo, General Alvear, Hipólito Yrigoyen, Bragado, y Roque Pérez.
Estos, que vienen soportando el fenómeno desde hace tiempo, representan más de 4.5 millones de hectáreas, de las cuales 1.1 millones se encuentran bajo el agua. Aquí entra el riesgo para la próxima campaña agrícola.
“La ventana de siembra de soja y maíz se cierra aceleradamente. La posibilidad de que una enorme superficie quede sin producir es cada vez más concreta. Estimamos que más de 1.500.000 hectáreas agrícolas tienen un riesgo muy alto de quedar improductivas este año”, sostuvieron desde la entidad ruralista.
Y graficaron: “Un cálculo simple dimensiona el problema: si esa superficie se sembrara bajo una relación 60% soja y 40% maíz, están en juego alrededor de 2.000 millones de dólares que dejarían de ingresar al circuito económico en 2026”.
Esto, que impactará en toda la cadena de pago de las distintas localidades -desde los productores y contratistas hasta los transportistas, proveedores, talleres, comercios y pymes locales-, también afectará de lleno a la recaudación de los tres niveles del estado.
“Todos perdemos mientras las obras siguen sin aparecer”, afirmaron desde Carbap, refiriéndose a continuación a la responsabilidad compartida entre los distintos niveles estatales.
En cuanto a los intendentes, el informe destaca su responsabilidad de mantener la red vial, para lo cual cobran una tasa “crecientemente onerosa” y guías de traslado, que se suman a lo recaudado por el impuesto al inmobiliario rural (12%).
“Sin embargo, una parte significativa de esos fondos se desvía irregularmente hacia otros gastos, y la falta de mantenimiento estructural queda expuesta cada vez que los caminos colapsan. La normativa y el sentido común son claros: la tasa vial debe destinarse íntegramente al mantenimiento de los caminos. Si un municipio no puede hacerlo, debe transferir la tarea —y los recursos— a los productores organizados en consorcios”, señalaron desde Carbap.
Respecto al gobierno provincial, la entidad hizo especial hincapié en la responsabilidad de ejecutar las obras del Plan Maestro del Salado, que se encuentran sin terminar desde hace 10 años.
“No se trata de un detalle técnico ni de un simple retraso administrativo: es una obligación directa de la Provincia llevar adelante estas obras hidráulicas estructurales. No impedirían fenómenos extremos como el actual, pero sí disminuirían de manera dramática los daños, tanto productivos como sociales”, argumentaron.
Y detallaron: “A pesar de esta responsabilidad indelegable, el presupuesto provincial 2026 propone un aumento del 100% en el impuesto inmobiliario (más de 70 millones de dólares adicionales), pero destina poco mas de 4 millones de dólares al Plan Maestro. La desproporción es evidente y, sobre todo, inaceptable”.
De cara al tercer nivel, el del gobierno provincial, los ruralistas graficaron el panorama con foco en la recaudación. Sucede que es en esa cuenta que se produce el 25% de los granos del país y se concentra el 28% del stock bovino nacional, lo que le permite al estado recaudar más de 1.000 millones de dólares anuales en retenciones, desde hace más de veinte años.
Mirá el informe completo:
“Se suma un dato que hace aún más injustificable la falta de inversión: la Nación cobra un impuesto específico sobre los combustibles (Nafta y Gas), cuyo producido integra el Fondo Hídrico de Infraestructura, creado justamente para financiar obras de control de inundaciones, drenajes y mejoras hidráulicas en todo el país. Es decir, ya existe un fondo nacional, ya existe un impuesto que lo alimenta y ya existe un destino legal establecido por ley: obras como las del Plan del Salado”, indicaron desde Carbap.
Sin embargo, afirmaron, el Presupuesto Nacional 2026 no asigna “ni un peso para las obras del Salado. Una omisión incomprensible y de un impacto económico gigantesco”.
Carbap concluyó el informe con una mirada al mediano y largo plazo.
“Para el año 2030, las obras del Plan Maestro del Río Salado deben estar terminadas en su totalidad. No se trata de un slogan ni de una expresión de deseo. Es una obligación moral, productiva y social. Estamos hablando de millones de hectáreas productivas, miles de familias rurales y millones de bonaerenses afectados directa e indirectamente. No pedimos lo imposible. Se trata de canales, puentes y obras hidráulicas básicas, para las cuales Argentina cuenta con técnicos, ingenieros y maquinaria disponible”, sostuvieron.
“Y frente a quienes repiten que “no hay plata”, la respuesta es simple y contundente: En esta cuenca sí hay plata. La generan los productores y la recaudan los tres niveles del Estado todos los años”, finalizaron.
