Hace más de un año que la pyme Lácteos Vidal se encuentra en medio de un tironeo que sólo le significa riesgos de continuidad. Primero fue un bloqueo de unos dos meses, después la recuperación de productividad y la necesidad de conseguir mano de obra para atender a la demanda. Luego el ausentismo prolongado de los 26 trabajadores, que luego fueran despedidos por no atender al llamado de la empresa y en consecuencia por la falta de confianza para la elaboración de alimentos.
Desde el comienzo de este año se enfrenta entonces una situación de compleja en la que la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) no cesa en su intención de exigir la recontratación de quienes decidieron en su momento plegarse a una protesta que incluyó aprietes a compañeros de trabajo, amenazas no sólo a las autoridades de la empresa, sino también el corte en la provisión de medicamentos oncológicos a una trabajadora.
Con errores de la justicia en la definición del caso, ya que el juez José Ignacio Ramonet entendía que eran 29 los despedidos, siendo en realidad 26 y las tres personas restantes tuvieron un desafuero sindical, se superó esa instancia y se consiguió en el mes de julio un acercamiento de las partes con la mediación más coherente de quien debe impartir justicia.
Si bien la empresa entendía que se habían generado los despidos con causa, se accedió a pedir préstamos bancarios para pagar un proporcional de las indemnizaciones, lo cual fue negado por la representación gremial. A eso se agregaba una capacitación para favorecer el emprendedorismo entre quienes ya no tenían esa fuente de trabajo, e incluso se ofreció mercadería a precio de costo para que quienes así lo consideren puedan hacer una reventa de los productos.
En este mes hubo algunos de los despedidos que manifestaron su acuerdo con un arreglo de este tipo, sin embargo el sindicato insiste con la estrategia contraria.
Parecía conminado el Juez Ramonet a exigir el despido de las 25 nuevas personas contratadas para retomar a los 26 que habían formado parte del bloqueo. Dejando de lado esa opción, desde el Juzgado Nacional de primera instancia del Trabajo N°69, se puso de manifiesto la intención de acercar criterios y generar un nuevo acuerdo.
Este viernes tuvo lugar una nueva audiencia, en la que se presentó la titular de la empresa, Alejandra Bada Vásquez con su representante letrado, mientras que los trabajadores despedidos quedaron fuera del recinto siendo representados por los tres delegados desaforados, por Gastón Moreno de la seccional Atilra de Trenque Lauquen; y por el abogado del gremio, Alberto Coronel. Fue este último el único de la cúpula nacional en manifestarse en algún momento en los medios a favor de lo que fue el bloqueo y el reclamo.
De mal modo exigió que se retire Rodolfo Llanos, presidente de la Unión de Emprendedores de la República Argentina, que había sido invitado por el propio Juez para intentar encontrar alternativas de solución, e incluso el propio Alberto Coronel se dirigió de forma impropia a la titular de la empresa.
Impidiendo que de forma directa los trabajadores escuchen una propuesta que mejoraba las condiciones planteadas en julio, lo que el gremio quiere es seguir obligando a la recontratación, quizá porque es lo que le prometieron a los despedidos, aunque esto sea imposible en la práctica.
Cabe destacar que las personas que fueron tomadas por Lácteos Vidal para cumplir con la producción están actualmente representadas por un letrado, para evitar cualquier tipo de atentado sobre sus derechos adquiridos en los puestos de trabajo, teniendo en cuenta que Atilra quiere recuperar esa actividad, y estando los incorporados inscriptos en el gremio de la Alimentación, estrategia que adoptan muchas empresas del sector para evitar conflictos reiterados como el que aquí se detalla.
Del mismo modo, desde Atilra se le sigue imponiendo al juez la necesidad de exigir la continuidad de los embargos mensuales, por los astreintes correspondientes a los despedidos, con lo cual “lo único que quieren es que nos fundamos y tengamos que cerrar”, aseguró en diálogo con Bichos de Campo, la responsable de la empresa.
“Necesitamos seguir trabajando para seguir subsistiendo, porque si el Juez define algo en contra de la empresa va a determinar que se queden sin trabajo todos, no sólo los empleados despedidos que demostraron falta de confianza para la elaboración de alimentos”.
Alejandra Bada remarcó que “sigue pasando el tiempo, y tienen de rehén a la gente pero también a la empresa”.
Será entonces que el próximo martes 15 de agosto se lleve adelante una nueva audiencia en la que la pyme deberá mejorar la propuesta de liquidación de quienes están despedidos desde el comienzo de este año.
