Por Matías Longoni (@matiaslongoni).-
Santiago Perea es apenas una mueca del empresario exitoso que supo ser. Perea es la cara visible de grupo Proteinsa, que fue bendecido primero por el gobierno de Mauricio Macri y después por la justicia comercial. Gracias a esas dos bendiciones, en febrero de 2016 quedó al mando de la “recuperada” avícola Cresta Roja. Ahora, don años después,preferiría esfumarse, porque todos van a reclamarle a él la inmensa montaña de plata que les debe esa compañía. Perea promete y promete, pero rara vez cumple sus promesas. “La semana que viene”, les dice a unos y otros. Ya casi nadie le cree. Le han perdido el respeto.
Recién había asumido el nuevo gobierno y esta firma se había convertido en el mejor ejemplo de lo mal que había manejado la economía el kirchnerismo. Por eso ni Macri ni María Eugenia Vidal dudaron cuando Perea los invitó a la reinauguración de la planta. Hubo acto, medalla y beso. El de Cambiemos iba a ser un “salvataje” en serio. No como aquel fallido intento de reapertura impulsado en 2015 (antes de las elecciones) por Aníbal Fernández y Daniel Scioli, que terminó con la desaparición de modo algo oscura de unos 200 millones de pesos del presupuesto bonaerense.
Perea tocó el cielo con las manos unos meses después, cuando en octubre de 2016 la jueza a cargo del concurso de la ex Rasic , Valeria Pérez Casado, dio por ganador a Proteinsa en el concurso judicial para quedarse con las dos plantas de faena, las granjas, las incubadoras y la marca perteneciente a Cresta Roja.
El grupo bendecido por la varita mágica, el que iba a recuperar la avícola sin ayuda oficial y para siempre, presentó una oferta por 121 millones de dólares, con el supuesto respaldo del banco brasileño BTG Pactual, que nunc amás apareció en escena. Le ganó esa puja a Avícola del Plata (conformada por Granja Tres Arroyos, Adecoagro y Grupo Lartirigoyen), que sugestivamente ofertó solo 80 millones de dólares al contado (por debajo de la base fijada en 110 millones) aunque prometía otros 60 millones en inversiones.
En aquel momento, Granja Tres Arroyos, de la familia De Grazia, se quedó con la sangre en el ojo. Líder en el mercado local de carne de pollo, GTA ya había ofrecido hacerse cargo de su principal competidora bastante tiempo antes, en 2014, pero esa “ayuda” fue rechazada con altivez propia del croata Milenko Rasic. En la compulsa judicial, volvía a fracasar.
“La semana que viene te pago”, les comenzó a prometer Perea a sus proveedores de alimento balanceado en julio de 2017, apenas ocho meses después, cuando comenzaron a registrarse atrasos en los pagos y apareció una primera tanda de cheques rechazados por falta de fondos. Luego los empezó a derivar hacia una financiera de Corrientes al 530, y así los fue bicicleteando. Eran 35 o 40 pequeñas fábricas de expeller de soja que le iban achicando los plazos de pago a medida que iba creciendo su desconfianza. Algunos le llegaron a ofrecer saldar los crecientes pasivos con pollo congelado o pollitos BB, pero ni siquiera con esas fórmulas Perea cancelaba.
Hacia fines de 2017, Proteinsa y sus principales socios acumulaban una deuda por cheques rechazados superior a los 600 millones de pesos. Proteinsa tenía 3.495 cheques rechazados por 448 millones de pesos. Ovoprot, una de sus principales accionistas, sumaba otros 1.415 cheques sin fondos por 141 millones de pesos. Tanarcosa, otra de las socias, completaba este desquicio con 310 cheques que sumaban otros 50 millones incumplidos.
Su endeudamiento con el sector financiero, en tanto, trepa actualmente a unos 804 millones de pesos, entre los cuales hay préstamos del Credicoop, el HSBC y el BBVA Francés que ya ingresaron en mora, en las categorías 2 y 3.
Huelga decir que la empresa no registra pagos de aportes patronales desde hace varios meses.
Ya algunos de sus proveedores han presentado nuevos pedidos de quiebra que por ahora, por el tenor político que tiene esta caso, los jueces todavía no definen.
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A los trabajadores, Santiago Perea también les fue aplicando una intensa bicicleteada.
Para empezar incumplió la promesa hecha al gobierno, de que iba a ir tomando gente en la medida en que se fuera reactivando la actividad de las plantas de Cresta Roja. Los que quedaron definitivamente afuera superan el millar de personas.
A los que sí pudieron volver a calzarse el mameluco, con el correr de los meses Perea les comenzó a regatear los pagos de indemnizaciones y por antigüedad, como se había comprometido en sede judicial. Finalmente a fin del año pasado, el empresario empezó a escamotear también las sumas correspondientes por vacaciones. “No tengo plata. Si les pago vacaciones no tengo para el alimento. Y si no hay alimento no tenemos pollos para faenar”, les decía a los delegados sindicales.
En un ejercicio casi siniestro que se repetía semana a semana, Perea sometió a los 2 mil trabajadores que quedaron en Cresta Roja a la difícil encrucijada de pelear por sus derechos o poner en peligro su única fuente de trabajo. “No tengo plata. Te pago la semana próxima”, les prometía. Y los laburantes agachaban la cabeza. Casi sin alternativa, eligieron muchas veces por la esperanza.
Sin embargo, desde principios de año las dos plantas de faena de Cresta Roja operaron apenas unos pocos días. Aquellas jornadas de faena de enero pasado, además, se mataron pollos muy chicos de tan sub-alimentados que llegaban. “La semana que viene van a estar gordos y todo se va a normalizar”, prometían desde Proteinsa. Pero nada.
Llegó febrero y los empleados no cobraron su salario completo, apenas una fracción. La semana pasada, en una conciliación en el Ministerio de Trabajo, Perea les volvió a prometer a los representantes de los trabajadores que les iba a cancelar esa nueva deuda en tres cuotas, comenzando el 14. Pero pasó San Valentín y nada de nada.
Por eso este jueves 15 los empleados de Cresta Roja volvieron a cortar el tránsito en la autopista Ezeiza-Cañuelas y se manifestaron en el centro de la ciudad. El viernes piensan llegarse hasta La Plata a ver si logran ser recibidos en audiencia por Vidal. Muchos, la inmensa mayoría, piensan que se acerca el final definitivo y quieren una definición política. A Perea, el empresario bendecido por el gobierno de Cambienos, ya nadie le cree nada.
¿Cómo puede haber sucedido? ¿Cómo pudo haberse desencadenado una nueva crisis de estas proporciones tan rápidamente?
Sobran las preguntas. ¿Cómo puede haberse adjudicado los bienes de una de las avícolas más importantes de la Argentina a una firma que nacía ahí mismo con un capital social de solamente 1 millón de pesos? Porque eso es lo que pusieron los socios de Proteinsa al crear ese grupo en febrero de 2016, cuando alguien los tocó con la varita mágica y de buenas a primeras quedaron al mando de la segunda mayor productora de pollos de la Argentina. Un capital de solo 1 millón de pesos reunido entre tres empresas de fuste en el mercado agropecuario local: Ovoprot (la empresa de huevos de los Perea), Tanarcosa (una planta de balanceados de Chivilcoy) y La Suerte Agro (la empresa lechera del grupo Lacau).
A esta altura de la historia, habría que comenzar a revisar algunas de las relaciones entre este grupo de empresas y algunos funcionarios del gobierno nacional, que son varias y variopintas. Que un vicepresidente del INTA es accionista de tal; que otro de los directivos de Proteinsa era compañero de banco del jefe de Gabinete en el colegio. Nada serio todavía y mucho menos comprobado. Quizás el Estatuto de Proteinsa SA y la siguiente nota ayuden a comenzar esa indagación.
¿Estamos delante de un vaciamiento? ¿Cómo puede ser que la jueza haya otorgado los bienes de Cresta Roja a un consorcio que, hacia fines de 2017, cuando se produjo ese trámite judicial, ya acumulaba miles de cheques rechazados? ¿Cómo puede suceder que Perea siga prometiendo a todos que en las granjas de engorde de la firma hay pollo suficiente como para retomar la faena en los próximos días? ¿Qué cartas se esconden y cuántas de ellas deberían ser explicadas por el propio Gobierno?
¿Está el gobierno nacional ayudando en secreto a mantener la actividad de Cresta Roja a pesar de que esa firma ya no deja a nadie sin defraudar?
Es una pregunta más que válida a esta altura de la historia.
En los últimos días, Perea sigue prometiendo a todos una solución mágica. “La semana que viene”, repite como un zombie. Ahora habla a sus acreedores de un fideicomiso que se está armando y que contaría con ayuda oficial y nuevos accionistas. ¿Quiénes serán?
Con las plantas de faena del conurbano cerradas hace ya un par de semanas, quizás la respuesta haya que buscarla en las instalaciones de San Miguel del Monte, donde empieza la cadena avícola. Si se para eso, se para todo y será casi imposible volver a empezar.
El área de reproductores e incubación anda bien, pero las cosas comienzan a flaquear en las granjas de engorde de parrilleros. Cansados de las deudas, los productores integrados o “tercerizados” ya se borraron y a Cresta Roja solo les queda albergar sus pollos en granjas propias. Allí “hay mucha mortandad por la intermitencia en la alimentación”, avisa una fuente.
¿Y quién está proveyendo de alimento a esos pollos? Desde que la mayoría de proveedores dejó de enviar sus camiones de balanceados por la falta de pago y las promesas incumplidas de Perea, la mayoría de los equipos que llegan a ese lugar lo hacen con mercadería perteneciente a la empresa Los Grobo. Se rumoréa con insistencia que esa firma podría estar cobrando directamente ese alimento desde el Gobierno y que probablemente termine formando parte del fideicomiso que se haría cargo de Cresta Roja.
La segunda empresa que suena para participar del tercer salvataje de la avícola es la misma que siempre había mostrado interés: Granja Tres Arroyos. Al menos tres fuentes diferentes confirmaron que algunos lotes de pollos que no pudieron en enero ser faenados en las plantas propias de Ezeiza fueron a parar a las instalaciones de GTA en Capitán Sarmiento. Y que desde allí salieron los pollos eviscerados embolsado con la marca Cresta Roja.
“La semana que viene podría haber novedades sobre este fideicomiso”, nos dice una fuente, que no es Perea.
