Los productores argentinos ya están molestos de escuchar hablar sobre la reglamentación 1115/23 de la Unión Europea, y eso que aún no se ha puesto en marcha, ya que fue prorrogada hasta el 1 de enero de 2026. Polémicas, portazos y dudas generan un halo de confusión en torno a la normativa y las herramientas que fueron lanzadas ad hoc incluso en la Argentina.
Gerardo Liotta es veterinario e investigador del CONICET, y uno de los integrantes del equipo técnico del VISEC, en repeesentación del Consorcio ABC de frigoríficos exportadores de carne. El VISEC es la herramienta digital lanzada en Argentina por varias instituciones de la cadena agropecuaria para ordenar los datos y la información circundante para así poder cumplir con las exigencias europeas, que impedirán el ingreso de materias primas o subproductos que provengan de zonas deforestadas desde 2020 en adelante.
Liotta es experto en trazabilidad, un término que ha dado mucho que hablar en torno a la famosa reglamentación 1115. Es que la trazabilidad de los animales y granos, que, de hecho, ya se realiza en Argentina, es la clave para demostrar a los importadores del otro lado del Atlántico que estos productos se han producido en condiciones normales y dentro del marco de la ley.
Lo que parece un nuevo palo sobre la rueda del agro, podría ser, en realidad, una oportunidad. Eso es lo que sostiene el investigador, que dialogó con Bichos de Campo sobre los temores en el sector y se dispuso a derribar ciertos mitos en torno al trabajo del VISEC.
La plataforma, impulsada por la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), reúne a todos los actores de las cadenas de valor de la soja y de la carne vacuna. O casi todos, porque Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) pegó el portazo hace un mes y se desvinculó, un gesto que profundizó la polémica ya existente.
“Yo creo que es una oportunidad enorme de trabajar toda la cadena en conjunto. Se trata de hablar claro y destruir los mitos”, señaló Liotta, que representa al Consorcio ABC en el equipo que también integran Adrian Bifaretti (IPCVA) y Andrés Costamagna (SRA).
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Pero, para animarse, primero hay que conocer bien con qué bueyes se ara. Lo que remarca Gerardo es que registrarse en el VISEC es completamente voluntario y gratuito, porque utiliza los sistemas de trazabilidad ya existentes, como el del Senasa, y le facilita la documentación a los importadores europeos, sobre los que recae efectivamente la reglamentación. Lo mismo señaló el secretario de Coordinación de Producción, Juan Pazo, en la última edición del congreso anual de Coninagro.
La herramienta, que es voluntaria, es una solución ensayada desde Argentina para quienes quieran exportar soja y carne al mercado europeo. En eso hay una cuota de pragmatismo, porque no significa que apoyen la normativa, sino que se adaptan e intentan aprovechar las nuevas condiciones en el mercado que iban a empezar a regir a partir del 1 de enero del 2025, aunque ahora se postergaron por un año. Es que la Comisión Europea solicitó al Parlamento una postergación de 12 meses, con el apoyo de varios países afectados por la reglamentación. “Se espera que haya una resolución positiva, pero todavía no está en los papeles”, señala Liotta, que igual advierte que “no hay que dormirse por más que se apruebe la prórroga”.
De todos modos, pareciera que no son los plazos lo que más preocupa a los productores locales. “VISEC no requiere ningún tipo de dato de AFIP ni información confidencial”, aclara el investigador, que explica que lo único que utiliza el sistema es la geolocalización del establecimiento y la información sobre el polígono destinado a la producción.
Ni la cantidad de cabezas de ganado, ni los stocks, interesan en este caso. Tampoco es necesaria la certificación bajo estándares de sustentabilidad de lo producido. “El que quiere certificar, que certifique”, dice Gerardo, que asegura que lo más importante es el correcto registro de los campos.
Y allí entran a jugar los famosos polígonos, tan utilizados en Europa pero poco conocidos en Argentina. La prioridad es establecer con precisión qué parcela se destina a la producción de lo que se va a exportar, para evitar confusiones con establecimientos vecinos o con zonas aledañas que fueron deforestadas.
En eso trabaja el equipo técnico de Liotta junto al Senasa. “No sabemos cuántos campos están aptos en este momento”, lamenta el especialista, que ha observado muchos errores de carga de las parcelas por desconocimiento. Sin esos datos, el establecimiento queda, a priori, fuera del convenio con los europeos.
“Lo ideal sería que los 270.000 establecimientos RENSPA ganaderos que hay en la Argentina, sean o no para la Unión Europea, tengan polígono”, explica. Y no sólo porque es un procedimiento sencillo, sino también porque permite asegurar a los importadores del viejo continente que, en todo su ciclo, el animal recorrió sólo campos aptos y dentro de su normativa.
Trazabilidad al 100%. Eso exigen las nuevas reglas de juego y es lo que, lejos de atemorizar, despierta mucha expectativa en el VISEC. “Argentina es muy fuerte en trazabilidad”, destaca Gerardo, que considera que los sistemas de gestión del Senasa, que son de carácter público, “son una oportunidad y una fortaleza” frente a otros países.
Si tiene que enumerar, el investigador puede hacer una larga lista. Por un lado, el ya mencionado RENSPA, el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios, que se suma al registro individual de cada animal y de las tropas, facilitado por el sistema de autogestión del Senasa. También rige el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA), el Sistema integral de gestión de inocuidad y calidad (SIGICA) y el Sistema de Gestión de Certificaciones (SIGCER). Todos pertenecientes al Senasa.
Si toda la información de la cadena ya está disponible, pareciera que no hay nada nuevo para los productores. Por eso, Liotta llama a despejar los temores y facilitar los registros, porque la luz que vislumbra al final del túnel es poder demostrar a los importadores europeos que una enorme porción de la ganadería y el agro argentinos son libres de deforestación.
Eso sería una puerta de entrada a más cuota de mercado, mayores precios o menores aranceles. “La información ya la tenés, no te cuesta nada aportarla y puede terminar siendo una oportunidad de posicionamiento”, asegura el investigador, que además puso paños fríos sobre la discusión sobre la trazabilidad: “si se corta en algún momento, el producto deja de ser apto para la Unión Europea, pero también desde el punto de vista sanitario”, observó.
“En este caso ya es un reglamento aprobado, no hubo oportunidad de discusión”, señala Gerardo. Ahí está el problema de fondo, porque dejó a varios países, entre ellos Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, pataleando en el piso, y obligó a buscar soluciones como las que propone el VISEC. “No maten al mensajero” es lo que se lee entre líneas, porque las reglas del juego las puso otro.
De hecho, Liotta observa que los fantasmas que generan insomnio a los actores locales están más bien vinculados al aspecto legal detrás de la normativa. Como no sólo se expide respecto a la deforestación, sino que también incluye conflictos con pueblos originarios, leyes de trabajo y leyes de bosques, hay aún varias zonas grises que recién se pondrán en juego cuando el reglamento esté en vigencia.
Consciente de la ansiedad que suscita, Gerardo tiene una postura tranquilizadora al respecto: “el Europeo no sabe cuáles son las leyes locales, por eso es el Estado el que nos dará elementos para demostrar si se están cumpliendo o no”, explica. Un claro ejemplo son las nuevas formas de manejo alternativo de bosques con animales incorporados, sobre lo que hay posturas encontradas a nivel mundial. “Como es legal en Argentina, la Unión Europea no lo va a cuestionar”, asegura Liotta.
