No se puede negar que la decisión del gobierno de elevar las retenciones al harina y el aceite de soja, para eliminar de ese modo el histórico diferencial que existía a favor de la industria aceitera (que así podía comprar el poroto de soja descontando 33% a los productores pero luego exportaba los subproductos tributando el 31%) es una obra repleta de malicia y de cierto talento.
Con esta medida, cuando se confirme, si se confirma, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se aseguraría una recaudación adicional de 400 millones de dólares en 2022.
Es lógico que a los dirigentes rurales no le gustará este nuevo manotazo -que se suma a los 10.000 millones de dólares que ya le quitan al sector- y lo criticarán. Pero debe decirse que tal y como fue tomada, la decisión dejará a los dirigentes de la Mesa de Enlace con pocos argumentos para protestar, porque fue el mismo bloque agropecuario el que apoyó -y hasta propició- una medida semejante en septiembre de 2018, durante la gestión presidencial de Mauricio Macri, quien tenía como ministros a Nicolás Dujovne y a Luis Miguel Etchevehere, que provenía de la Sociedad Rural Argentina (SRA).
Los cierres, cuotas de exportación granos, y los fideicomisos contaban con apoyo o silencio de los exportadores. Hoy al ir el gobierno por el “Diferencial” (400 millones usd) golpea una prebenda muy importante. Así no deja contento ni productores y menos a Exportadores.
— Santiago del Solar (@Santiagodelsola) March 14, 2022
Vamos por partes, diría Jack el destripador.
Lo que está haciendo Guzmán es eliminar el “diferencial histórico” de retenciones entre la soja y sus derivados industriales. Es exactamente lo mismo que Dujovne hizo en agosto de 2018. Incluso la diferencia de alícuotas era entonces más grande que la de ahora, de tres puntos.
Claro que, como bien argumentan muchos productores y ex funcionarios macristas de aquel momento, el contexto era completamente diferente, pues en 2018 las retenciones a la soja venían bajando según un cronograma establecido por Cambiemos a principios de su mandato, y lo que se hizo en ese momento fue detener esas rebajas paulatinas para los subproductos sojeros, hasta igualar las retenciones con las del poroto. Ahora lo que se hace es subir las retenciones a esos derivados, de 31 a 33%, que es el topo máximo fijado por el Congreso.
Los macristas también argumentan a favor de su líder que en aquel momento el productor recibía casi el 75% del valor internacional de la soja (descontando retenciones que habían caído al 26%) y no como ahora que recibe una tercera parte de esa valor por la conjunción de derechos de exportación que llegan a 33% y el cepo cambiario.
Pero más allá de este debate, que es pertinente, debe decirse con todas las letras que el diferencial de retenciones fue eliminado inicialmente por Macri, luego el propio Guzmán las rehabilitó en octubre de 2020 (cuando quería llevarse bien con las cerealeras porque necesitaba de modo urgente que le inyectaran divisas) y ahora es el propio Guzmán el que da de baja ese beneficio (urgido esta vez por el acuerdo con el FMI y la necesidad de achicar el déficit).
También hay que aclarar que esta suba no impacta directamente sobre los números del productor (al que le seguirán descontando el máximo de 33% a la hora de vender su soja) sino sobre la industria sojera. De todos modos, el cambio en las alícuotas bien puede servir de excusa para que las agroexportadoras descuenten algunos dólares adicionales al productor, ya que se verá lesionada su capacidad de pago.
La Mesa de Enlace históricamente criticó esa pequeña ventaja para las grandes aceiteras. Siempre se consideró que la diferencia entre alícuotas (que viene de la época de Carlos Menem, que llegó a 3 puntos durante todo el kirchnerismo y que ahora era de solo 2 puntos) constituía un subsidio desde los chacareros a la industria transformadora, que compraba soja descontando el 33%, la procesaba y la exportaba como harina o aceite con 31% de impuesto. Basta retroceder a los archivos de los años 90, cuando todavía no se habían reestablecido retenciones, y ver los comunicados de Carbap criticando duramente ese subsidios a las fábricas, que en ese momento era de 2,5% como penalidad a las exportaciones de poroto sin procesar.
Macri tomó la decisión de eliminar ese diferencial a instancias de su ministro Etchevehere, quien venía de la Rural y había sido protagonista importante de la Mesa de Enlace. Pero fue un dirigente de CRA, el cordobés Luis Magliano (luego caído en desgracia por una causa judicial), el que lanzó la primera piedra y propuso en julio de 2018 que Cambiemos liquidara ese beneficio para los industriales.
El 14 de agosto de 2018, el ministro Dujovne recogió ese guante y estableció esa modificación, suspendiendo por seis meses la baja gradual en las retenciones a la harina y al aceite de soja, como para que confluyeran con las alícuotas tributadas por el poroto. En aquel momento, los dirigentes rurales celebraron la noticia y los directivos de la industria aceitera se enfurecieron: su argumento siempre fue que el diferencial era necesario para evitar que la soja sea exportada como grano sin valor agregado.
Igual la sensación ruralista de que esta medida se adoptaba en un contexto de baja general de las retenciones duró muy pocos días.
A principios de septiembre de 2018, es decir quince días después del primer anuncio, el ministro Dujovne admitió que se “habían cometido errores” en el manejo de la economía y reestableció las retenciones para todos los sectores de la economía mediante una fórmula que implicaba pagar 3 o 4 pesos por dólar exportado, según su grado de elaboración. A la soja le tocó la alícuota extra más alta de 4 pesos, pero a partir de una base de 18%.
Lo que provocó esta medida es que las retenciones a la soja interrumpieran su camino descendente y se ubicaran nuevamente en un alto porcentaje del 28,5%, aunque sin diferencial. Para el caso de los cereales, la retención quedó en cerca del 11%, apenas por debajo de la que tienen ahora.
Para ese entonces el Fondo Monetario había vuelto a monitorear la economía argentina y muchos productores habían perdido la ilusión que había alimentado el gobierno de Macri en sus primeros dos años: eliminar las retenciones a la soja parecía una verdadera quimera.
