Nuevamente el gobernador Sergio Ziliotto deslizó la posibilidad de reglamentar la famosa Ley de Plaguicidas en La Pampa y los productores, agrónomos y entidades del sector tuvieron que salir a recordar cuánto complicaría esa decisión de la política a la producción agropecuaria.
Ese proceso es ya una suerte de deja vú que vive la provincia desde que la controvertida Ley 3288 fue aprobada allá por el 2020. Y es que el conflicto parece estar estancado, porque a pesar de las vías de diálogo abiertas, el agro no ha podido convencer al gobierno de Ziliotto de modificar el texto original y, cada algunos meses, se reflota la chance de que finalmente empiece a regir.
“En una provincia agrícola-ganadera como la nuestra esto causa preocupación en toda la sociedad, porque todos los pueblos están directa o indirectamente relacionados con la producción”, ilustró el agrónomo y presidente de la Asociación de Profesionales Agropecuarios de La Pampa (Apalp), Fabio Costantini.
Es tal la desconexión que persiste entre los productores y el gobierno provincial que hace algunos días, sin previo aviso, se desayunaron con una amarga novedad: Algunos municipios fueron citados para iniciar pruebas piloto y probar la implementación de la famosa “Ley de plaguicidas”.
Así lo confirmó también el medio Diariotextual.com, que aseguró que los jefes comunales de Adolfo Van Praet, Miguel Riglos, Pichi Huinca, Dorila y Parera mantuvieron un encuentro con autoridades del Ministerio de la Producción para avanzar paulatinamente en la aplicación de esa ley -aún no reglamentada- en sus municipios.
“Ni nosotros ni las instituciones del agro tuvimos algún tipo de información sobre esos avances”, aseguró Costantini a Bichos de Campo. Desde ya que eso crispó los nervios y encendió alertas entre los profesionales y productores pampeanos, que intentan volver a recordarle a la gobernación que esa norma está mal barajada.
El quid de la ley de Gestión Integral de Plaguicidas -que alcanza también a los fertilizantes, dicho sea de paso-, está en que suma varias capas burocráticas al trabajo agropecuario y complica el trabajo en unas 200 mil hectáreas cultivables, ya que prohíbe las pulverizaciones terrestres a 500 metros de las zonas urbanas, y aéreas a 3000 metros.
Entre otros puntos en discusión está la necesidad de registrarse y de contar con un asesor técnico, la obligatoriedad de presentar recetas de compra para obtener productos y de georreferenciar todos los lotes antes de avanzar en la aplicación.
Sin embargo, no es en el aspecto ambiental en lo que insisten sus mayores detractores, sino precisamente en lo burocrático. “Lo único que hacen es darle un mayor grado de complejidad a la producción y la aplicación de plaguicidas”, lamentó Costantini, que incluso considera que, a 5 años de su aprobación, el texto de la norma no sólo ha quedado obsoleto, sino que podría generar “un daño irreparable” en la provincia.
Con las pruebas piloto que impulsa la ministra de la Producción, Fernanda González, pareciera que la reglamentación de la ley está más cerca que antes. Pero es algo con lo que se ha amagado tantas veces, que tampoco queda claro. Los referentes consultados coinciden en ese diagnóstico.
En un comunicado firmado por las instituciones del agro, entre ellas la Sociedad Rural, Carbap, Coninagro, CREA, Aapresid, CEPIA y Caproma, calificaron a la ley como “anti producción y anti trabajo”, ya que está “cargada de prohibiciones y penalidades”. En ese sentido, instaron al gobierno provincial a retomar el diálogo con el sector.
Por su parte, Costantini señaló que nunca han perdido contacto con el entorno de Ziliotto, aunque eso no significa que los resultados hayan sido los esperados. “El diálogo siempre se mantuvo y fue fluido, pero no se ha cambiado ni un ápice ni una coma de lo que fue la reglamentación original. Si me preguntás si hemos logrado avances, la respuesta es que no”, lamentó.
Con los ánimos bastante caldeados, y el visible cansancio tras años de idas y vueltas, el sector pide directamente trabajar en una nueva normativa.
“Tiene que primar la lógica y el sentido común”, pidió el agrónomo, que en su rol de representante sectorial asegura que hay predisposición para sentarse a discutir otra ley. Sin ir más lejos, eso fue lo que se intentó al momento de discutir el proyecto original, pero su borrador, que habían elaborado en conjunto con otras instituciones y organismos, entre ellos el INTA, fue desestimado.
Cabe recordar que para ese entonces el oficialismo gozaba de mayoría en la legislatura provincial y no hubo trabas para plegarse a un proyecto que impulsaba el ex ministro de ambiente kirchnerista, Juan Cabandié.
“Lo que siempre proponemos y nos ofrecemos a trabajar entre todos los profesionales y entidades es en armar una buena ley de plaguicidas, que le sirva a todo el mundo”, remarcó Costantini, que sostiene que los agrónomos están “muy a favor” de debatir sobre medioambiente y salud, pero que también deben velar por la actividad productiva, sustento económico de toda la provincia.
Para el sector, que revive el deja vú una vez más, son horas de definición. Las veces anteriores, cuando se ha sentado a discutir con la gobernación, la Mesa del Agro insistió sobre los mismos puntos y sólo logró extender la agonía.
