La posibilidad de que el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, ponga su firma en una norma reglamentaria de una Ley sobre Agroquímicos sancionada hace casi cinco años y considerada demasiado restrictiva por el sector productivo, puso en alerta no solo a los productores agropecuarios locales sino a varios diputados provinciales, que se apuraron a presentar un proyecto de Resolución pidiendo al mandatario que “se abstenga” de dar ese paso.
La situación de alerta tiene que ver con que la ley de Gestión Integral de Plaguicidas 3288, que fue sancionada en noviembre de 2020 y jamás se reglamentó, es rechazada por los productores pampeanos, que incluso la denominan “Ley Cabandié”, en referencia al ex ministro de Ambiente del kirchnerismo, quien impulsaba restricciones de este tipo aunque ellas supusieran pérdidas multimillonarias para las provincias productoras.
El proyecto de Resolución que reclama a Ziliotto de no firmar una tardía reglamentación de aquella ley fue firmado por 14 diputados de la oposición y del peronismo disidente. Le recuerda al mandatario de La Pampa que ya se encuentran los plazos legales vencidos para promover dicha reglamentación. En noviembre de 2024 también había habido un intento de reglamentación rechazado por la comunidad productiva.
Mediante la Ley 3288, sancionada el 30 de noviembre de 2020 y promulgada el 21 de diciembre del 2020 la provincia de La Pampa estableció el marco normativo sobre el uso y control de los agroquímicos, con el objetivo de garantizar la seguridad ambiental, la salud pública y la regulación de los productos químicos utilizados en la actividad agrícola. El artículo 64 de la mencionada ley establecía un plazo de 120 días para la reglamentación correspondiente, el cual ya se encuentra vencido”, dice la iniciativa legislativa.
Este es el proyecto:
Según los legisladores, “el Poder Ejecutivo tiene la obligación de remitir a la Cámara de Diputados cualquier cuestión que esté vinculada a la normativa y que implique una modificación o revisión sustancial de la misma. Por lo tanto, cualquier intento de reglamentación tardía, resultara un acto administrativo viciado, ya que carece del marco temporal que la Constitución exige”, y por lo tanto que vulnera la seguridad jurídica y que podría ser impgnado judicialmente.
Los productores y legisladores ingresaron en alerta máxima luego de que en una reunión sobre la Barrera Sanitaria Patagónica, la ministra de Producción, Fernanda González, señaló que en el gobierno se analizaba avanzar finalmente con la demoradísima reglamentación.
En su momento, las entidades rurales cuestionaron severamente la ley sobre agroquímicos porque contenía varias inconsistencias, que iban a dejar miles de hectáreas de la provincia fuera de la posibilidad de producción con el uso de estos insumos habituales para el sector. Por ejemplo, no definía con claridad que se consideraba “cursos y cuerpos de agua”, en torno a las cuales se prohibían las aplicaciones aéreas en un radio de 3.000 metros.
La ley sin reglamentar también definía que “la aplicación terrestre de productos de uso agrícola” quedaba vedada a una distancia de 500 metros desde el límite de finalización de dicha área” y también desde los “cursos y cuencos de agua”, sembrando más grises en la legislación.
