La reglamentación de la Ley 3288 de “Gestión Integral de Plaguicidas” de La Pampa, que fue ampliamente criticada por agrónomos, productos y técnicos de esa provincia por las restricciones que supone para la aplicación de fitosanitarios, parece estar pronta a ser aprobada.
Según pudo saber Bichos de Campo, el gobierno provincial llamó hoy al Consejo Consultor para avanzar con la aprobación de la norma, que fue aprobada en 2020 durante la gestión del gobernador Sergio Ziliotto y que no fue reglamentada, a pesar de tener un plazo de 120 días para iniciar dicho proceso.
Frente a eso, las entidades agropecuarias convocadas mostraron su rechazo al tratamiento de la reglamentación y prometieron retirarse del encuentro.
A través de un comunicado que lleva las firmas de CARBAP, el Centro de Acopiadores de Cereales, FAA, CRA, Coninagro, SRA, CREA, la regional La Pampa de Aapresid, CEPIA (Cámara Empresaria Pampeana de Insumos Agropecuarios) y CAPROMA (Cámara de Propietarios de Máquinas Agrícolas de La Pampa), la entidades indicaron que la negativa a punta a “los graves perjuicios que provocará a la producción agropecuaria pampeana”, y consideraron que la misma tiene “defectos de origen”.
“En su redacción no se tuvo en cuenta el largo y fecundo trabajo realizado en el seno de la COPROSAVE para la actualización de la Ley 1173 en el que participaron referentes de entidades públicas y privadas”, señalaron.
“Durante su tratamiento legislativo se soslayaron todos los aportes realizados por organismos técnicos y de entidades representativas del sector agropecuario, los que incluyeron serios y fundados argumentos acerca de sus nocivas consecuencias”, añadieron en esta línea, y afirmaron que por la falta de aportes técnicos al día de hoy la normativa “ya está desactualizada”.
En cuanto al contenido de la reglamentación, volvieron a cargar las tintas contra la carga burocrática que implicaría, así como contra el perjuicio que supondría para el derecho a la propiedad privada.
Este último punto tiene que ver con el apartado correspondiente a las “facultades de verificación y fiscalización” de la norma, a partir del cual se busca otorgar poder a agentes policiales, y a la misma autoridad de aplicación, para ingresar a los campos en días y horarios hábiles, “donde se realicen actividades reguladas en la ley, pudiendo examinar y exigir la exhibición de documentación correspondiente”.
“Por todo lo manifestado, las entidades firmantes rechazan el tratamiento de la Reglamentación, advierten acerca de las serias consecuencias de insistir en su implementación y solicitan la derogación de la Ley 3288 por parte del poder legislativo”, señala el comunicado.
Acto seguido llamaron a “trabajar en una nueva Ley que cuide la salud, el ambiente y la producción” de la provincia, comprometidos “como lo hemos hecho cada vez que se nos convocó”.
Mirá el comunicado completo acá:
