De una encuesta realizada a fin de noviembre pasado entre 236 productores pertenecientes a 18 complejos agroalimentarios de las 23 provincias, las llamadas economías regionales nucleadas en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), surgió que más de la mitad de los productores (o la mitad más uno) dice no tener rentabilidad positiva en estos momentos.
En el marco de su Plenario Nacional de Economías Regionales, CAME realizó un relevamiento para conocer las perspectivas del sector en el futuro próximo y cuestiones relacionadas a la rentabilidad y la estructura de costos. Fue allí que la menos de la mitad de los productores tiene rentabilidad positiva. O más de la mitad dijo tener pérdidas.
Según el documento difundido por CAME ante la pregunta general sobre si tenían rentabilidad en sus actividades, el 42% contestó que sí, y el 53% contestó directamente que no, mientras que un 5% se ubicó en el renglón “no sabe, no contesta”. Luego, desglosando según la actividad, las respuestas son algo distintas. Pero al menos 36% de los productores insiste en que no tiene rentabilidad.
Según CAME, “la creciente concentración de los mercados y la dificultad de generar nuevos clientes en el exterior aparecen como dos preocupaciones latentes dentro de los productores consultados. De hecho, se observa que el 50% de los productores manifiesta tener difícil accesibilidad a comercializaciones transparentes”.
Según el relevamiento, la perspectiva a futuro de los encuestados es bastante diversa. El 31% tiene expectativas positivas para el futuro inmediato, el 43% espera un futuro regular y está expectante sobre las medidas que tomará el nuevo gobierno para el agro, y el 23% cree que va a ser malo.
Bichos de Campo realizó justamente un programa especial sobre las pespectivas de este tipo de economías regionales:
Por último, en la encuesta de CAME se observó que las principales demandas de los encuestados fueron el acceso al financiamiento con tasas más razonables para los pequeños y medianos productores pymes; que haya tarifas eléctricas diferenciadas para los electrodependientes de las economías regionales; la eliminación de los derechos de exportación; la reducción de las alícuotas de ciertos impuestos para disminuir la presión tributaria; que se avance hacia una reforma laboral integral, y medidas para la recuperación de las pymes agropecuarias en crisis.
