Las empresas que producen y venden biodiésel al mercado interno, destinado al corte del gasoil en una proporción del 10%, trabajan con un precio que atrasa al menos 6 meses y con el riesgo de que el marco legal que le dio vida a esa industria se termine en pocos meses.
Alejandro Abad, de la Cepreb, la Cámara de Empresas Pymes Regionales de Biocombutibles, dijo que el precio se modificó por última vez en el inicio de diciembre pasado: cobran 44.110 pesos por tonelada, lo que equivale a 44,1 pesos por litro de biodiésel usado para el corte del gasoil.
Desde ese momento no hubo más cambios ni novedades de parte de los funcionarios de Energía respecto de posibles mejores. En el mismo lapso de tiempo a devaluación del peso fue de 15% y en porcentaje similar aumentaron los costos operativos en pesos de las empresas productoras.
A todo esto se agregan los problemas de demanda que causó la cuarentena. El presidente de Cepreb dijo que “en abril las empresas trabajaron con baja capacidad de ocupación, ya que por las restricciones de la cuarentena el consumo de combustibles fue bajo y las compras se redujeron 70%. En mayo y junio hubo más actividad y la producción se redujo en solo 20% por ciento respecto de iguales meses del año pasado”.
Pero más allá de la menor demanda coyuntural de estos meses, el sector requiere de señales claras para el largo plazo y necesita un interlocutor que promueva la actualización del valor de su producto en forma continua, en función de la inflación y los cambios en los costos.
Abad explicó que el retraso en el precio fue compensado entre abril y mayo por “la baja en los commoditties que ahora están rebotando y por eso para julio prevemos un nuevo parate. Por eso necesitamos que se actualice el precio cuya fórmula refleja la evolución de precio del aceite de soja (la materia prima del biodiésel) y del tipo de cambio básicamente”.
El nuevo parate ya no sería por falta de demanda sino por falta de renta.
Pero no es lo único que reclama el rubro. Hay otro fantasma que genera incertidumbre y tiene que ver con la continuidad del marco legal que permite el funcionamiento de estas pymes que le venden el biocombustible a las grandes petroleras.
Sucede que dentro de 9 meses se podría caer la Ley de Promoción de los Biocombustibles que le dio vida y que disparó tantas inversiones de parte también de las grandes aceiteras.
El empresario pidió por la prórroga de esa ley que “se votó en 2006 y que regía por 15 años”, aclaró. Luego explicó que la norma “entró en plena vigencia en 2010 y por eso el poder ejecutivo podría prorrogarla por 5 años más”.
-¿Y qué sucede si el gobierno decide no prorogarla?
-Sin prórroga de la ley, las petroleras no tendrían obligación de comprar y eso llevaría a la extinción de las empresas pymes. El tema nos genera una inquietud enorme por no tener una perspectiva respecto de cómo seguirá el negocio a partir de marzo del año que viene- explicó Abad.
