El mapa del delito rural en Santa Fe es vasto, vastísimo. Tan extenso que “no hay productor que no haya sufrido algún hecho de inseguridad en el corto o mediano tiempo. Todos hemos sido víctimas de hechos de distinta envergadura”, según dijo a Bichos de Campo Ignacio Mántaras, abogado, productor ganadero de San Justo y secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), que agrupa a unas 30 sociedades rurales de esa provincia y decidió poner el problema de la inseguridad rural al tope de su agenda gremial.
“Habitualmente, las entidades del agro y productores, ante una ola de inseguridad, se reúnen, convocan autoridades políticas y policiales, se hace un poco de ruido y el delito se tranquiliza en la zona. Pero en Carsfe, hace tres años quisimos encararlo como una cadena de valor, porque el delito tiene todo un hito recorrido, que va desde el propio ilícito, pasa por la denuncia y empieza a activar sensores del Estado. Ahí vienen los eslabones de esta cadena”, explicó el secretario de Carsfe. La entidad cuenta incluso con una Comisión de Seguridad, a cargo de Gerardo Vicentini.
“Un eslabón son los fiscales, otro el poder judicial, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de la Producción y otro las patrullas rurales. Empezamos a ver que estos estamentos tenían poca comunicación entre si o que tenían fallas. Por eso empezamos a reunirnos con cada uno de ellos, para detectarlas. Nos queda pendiente el poder Judicial, con el que no hemos podido interactuar mucho aún”, agregó Mántaras.
Mirá la entrevista completa realizada a Ignacio Mántaras:
El secretario de Carsfe relató que comenzaron a tener diferentes reuniones ministeriales con distintas agencias. “Teniendo el diagnóstico de que había falencias en cada eslabón, como confederación provincial, podemos aportar casos locales y una mirada más elevada sobre cómo abordar este tema de la inseguridad rural, el cual es serio y difícil de comparar con el de la inseguridad urbana”.
Según Mántaras, “el delito rural tiene diferentes formatos, y puede ser esporádico o algo más organizado. Por ejemplo, hace poco en San Agustín se desbarató una banda que hacía entraderas por la noche a establecimientos rurales con un policía como informante. Entraban armados y se llevaban todo”.
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“Hay productores que sufren un robo sistemático. El tradicional es abigeato. El productor de islas termina asumiéndolo como un costo de su empresa. De hecho los alquileres de predios cercanos a zonas de islas tienen un costo más bajo porque se prevé que habrá pérdidas por robos. Y luego es común el robo de transformadores en tambos y arroceras, lo que frena la producción directamente porque son actividades que no pueden parar y acarrean un costo de inversión muy grande”, remarcó Mántaras.
El gran problema, según el ruralista, es que detectaron que muchos productores no hacen la denuncia. “Este es el primer punto que abordamos, porque si no se hace la denuncia el sistema no se activa. Y cuando te sentás con las autoridades, te dicen que las estadísticas indican que no hay gran cantidad de casos de inseguridad. Por eso fomentamos que hagan las denuncias, las cuales se pueden hacer en distintas bocas en Santa Fe, ya sea en la policía, en los centros territoriales de denuncias o ante los fiscales”, describió.
“Cuando esos sistemas de denuncia se activan, generan información y alimentan El Ojo, que es un sistema integrado para trazar un mapa de delito”, dijo Mántaras en referencia al sistema implementado por el gobierno provincial, basado en un sistema americano, que se empezó a utilizar para grandes ciudades de la provincia, tomando datos de diversas fuentes. A fines de 2018, Carsfe logró un convenio para implementarlo también en el ámbito rural.
El secretario de Carsfe enfatizó en que poder hacer la denuncia en cualquier lado de Santa Fe les permitió incorporar al ministerio de la Producción. “Santa Fe tenía un registro para Bromatología y otro para el Censo Agropecuario. A su vez, el productor debía hacer varias declaraciones juradas, más allá de las que le exigen a nivel nacional. Por eso unificamos todo eso en el Registro Único de Productores Primarios (Rupp), que es un sistema de información que tiene finalidad productiva, de estadísticas y que además te permite volcar información sobre los ilícitos y geo-referenciar el establecimiento para que la policía sepa cómo llegar. Esto genera una base de información que permite cuantificar el delito, nutrir al Ojo y hacer estadísticas”, manifestó.
“El Ojo quizás no sea la solución al delito rural, porque es más complejo el tema, pero sí es una herramienta. El Ojo se hizo, a priori con fines urbanos, donde los patrullajes se determinan en función de la dinámica del delito, los horarios y las zonas más calientes. Esto mismo intentamos replicar en el ámbito rural. Es interesante ver el mapa del delito en tiempo real, cuáles son las denuncias, y además brinda información acerca de cómo avanzan las causas y expedientes, lo que permite elaborar políticas públicas”, declaró Mántaras.
Por decreto, en 2018 se armó en Santa Fe la Mesa de Abordaje del Delito Rural, la cual fue conformada por el ministerio de Seguridad, el de Producción, el de Justicia y el de Salud, junto con Carsfe, para coordinar acciones conjuntas, como la conformación de un mapa de ilícitos en zonas rurales. El objetivo es también poder desarrollar capacitaciones, monitoreos y evaluación de las acciones desarrolladas.
