El mes pasado el ministro de Agricultura Julián Domínguez aseguró que aquellos frigoríficos exportadores que no vendiesen cortes en el mercado interno a precios subsidiados –tal como lo exige la Secretaría de Comercio Interior– no podrían seguir exportando.
Ahora esa amenaza verbal se plasmó en una resolución, publicada hoy en el Boletín Oficial, en la cual se establece que la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, dependiente del Ministerio de Agricultura, “observará las Declaraciones Juradas de Operaciones de Exportación de Carne (DJEC)” si la Secretaría de Comercio Interior determina que un frigorífico no cumplió con la entrega estipulada de un determinado volumen de carne vacuna a precios subsidiados con destino al mercado interno.
En los fundamentos de la resolución conjunta 4/2022 se indica que la medida se toma porque “la demanda internacional de carne vacuna y el aumento desproporcionado de los precios a causa de la guerra dificultan el acceso de estos productos a los ciudadanos argentinos”, aunque tales variables también afectan a Brasil, Uruguay y Paraguay y estas naciones vecinas no condicionan las exportaciones a la entrega forzosa de carne a precios de quebranto para los frigoríficos exportadores.
Es la primera vez que una condición de tales características se regula a través de una norma, lo que representa un hecho insólito, pues representa una intervención directa en la gestión de las empresas por parte del Estado nacional.
Hasta ahora la exigencia de entregar cierta parte de la producción de carne vacuna a las industrias elaboradoras se hacía por medio de acuerdos que, si bien se comunicaban como “voluntarios”, en realidad eran forzosos. La novedad es que la condición real de los mismos ahora es determinada por una resolución.
Vale aclarar que, a diferencia de lo que sucede con la industria aceitera y molinera, que recibe y recibirá –respectivamente– compensaciones para cubrir (en teoría) el quebranto generado por vender alimentos a precios subsidiados, en el caso de los frigoríficos tal aporte sale de su propio “bolsillo” sin ningún tipo de devolución por parte del Estado.
