La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) aseguró que logró “desarticular una millonaria maniobra de evasión fiscal realizada por cerealeras en Entre Ríos”.
Tras cuatro allanamientos, la Afip afirmó que los montos evadidos por dos compañías superaron los 40 millones de pesos por la falta de liquidación de impuestos, pero no se identificó a las firmas en cuestión, con lo cual no es factible saber si se traba de acopios, pymes agroindustriales o simplemente “valijeros” de granos.
El comunicado asevera que la pesquisa de la AFIP “logró identificar que los involucrados actuaban como un único grupo económico que trabajaba de manera coordinada. Los integrantes societarios y un contador, que también oficiaba de apoderado, operaban en forma simultánea en ambas empresas”.
“Las dos firmas agropecuarias, cuyas actividades eran complementarias, se relacionaban comercialmente como clientes y proveedores entre sí”, añadió. Todo muy bien. Pero sin ninguna manera de saber a quién se refiere.
“Como parte de los procedimientos ordenados por el Juzgado Federal de Gualeguaychú se realizaron cuatro allanamientos en los domicilios comerciales de las firmas así como en estudios contables relacionados en las maniobras”, relató el comunicado.
Vale recordar que, justamente para evitar suspicacias, el artículo 101 de la norma que regula los procedimientos fiscales (Ley Nº 11.683) permita a la Afip comunicar los nombres de los involucrados en casos como el presente en el misterioso comunicado.
El artículo 101 especifica con total claridad que “no están alcanzados por el secreto fiscal los datos referidos a la falta de presentación de declaraciones juradas, a la falta de pago de obligaciones exigibles, a los montos resultantes de las determinaciones de oficio firmes y de los ajustes conformados, a las sanciones firmes por infracciones formales o materiales y al nombre del contribuyente o responsable y al delito que se le impute en las denuncias penales”.
Por tales motivos, la Afip “queda facultada para dar a publicidad esos datos, en la oportunidad y condiciones que ella establezca”, de manera tal de evitar promover sospechas generalizadas e infundadas sobre determinados sectores o comunidades.
