El jueves pasado el presidente Alberto Fernández presentó en sociedad el proyecto de ley de fomento agroindustrial, que no es otra cosa que una versión muy acotada y reducida de los postulados delineados por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) para promover las inversiones, la producción y la demanda de empleo desde el sector.
El anuncio de que se presentaba ante el Congreso esa ley generó algunas críticas desde las entidades de productores, ya que su mayor reclamo es justamente la reducción -hasta su eliminación- de los derechos de exportación o retenciones, que no son otra cosa que un impuesto sobre el Ingreso Bruto generado por cualquier bien que vende un productor.
José Martins, el coordinador del CAA y principal impulsor de esta ley, reconoció a Bichos de Campo que fue poco lo que se logró plasmar en el proyecto de ley con respecto a los objetivos iniciales de ese bloque formado por más de 60 cámaras y entidades de las cadenas agroalimentarias. Paro también consideró que se logró mucho teniendo en cuenta el contexto político, económico y la visión cargada de prejuicios que se tiene en el gobierno peronista sobre el sector.
“En primer lugar destaco la satisfacción de que luego de tantas reuniones logramos hacer algo, aunque sea un pequeño paso, un pedacito de las propuestas que veníamos discutiendo”, señaló Martins, quien es además presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires
“Lo tomo como una pequeñita cosa que marca el broche a una relación público-privada en un contexto especial. No es la panacea ni la solución para los problemas. Simplemente la frutilla para que quienes estaban dispuestos invertir puedan hacerlo y que el productor pueda sembrar con una mejora en el paquete tecnológico”, explicó Martins.
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Martins destacó entre los beneficios que se crearían en caso de que se apruebe este proyecto de ley una serie de cuestiones impositivas, como “la amortización acelerada, que es bajar a 3 años lo que es ahora de 10 años, teniendo en cuenta las características de diferentes sectores”.
Además indicó que “en el IVA se podrán computar los débitos fiscales generados y esto beneficia a muchas economías regionales, como la cadena porcina”, que tiene diferentes alícuotas entre el impuesto pagado en los insumos y el del producto final.
Además destacó el ejecutivo que “hay un capítulo puntual para ganadería que tiene que ver con mejorar la valuación de la hacienda en términos de impuestos a las Ganancias, ya que se la puede valuar al momento de la venta y no al momento del engorde”.
Martins reconoció que en relación a los objetivos iniciales lo que se logró parece poco. Pero remarcó: “Todo depende de cómo uno quiera mirar el vaso, si la mitad llena o la mitad vacía. En una coyuntura tan especial, en un gobierno de coalición como este y con una clase política que en su mayoría le dio la espalda a la agroindustria, que hayamos podido construir una mesa de diálogo y logrado esto es un pequeño hito”.
“Vamos a tener los detractores que van a decir que no es nada, pero creo que sí es un estímulo”, enfatizó.
El empresario y dirigente está convencido de que “la ambición mayor es el tema retenciones y en esto hay que ser maduros y convencer al gobierno y a la política de que tenemos que ir hacia una reducción gradual. Pero también creo que sería un error pensar en ir a cero en este contexto de país, con 40% de pobreza y la economía destrozada”.
El vocero del CAA dijo finalmente que hubo un conjunto de factores que aceleraron la redacción de ese proyecto de ley y entre ellos consideró al resultado de las elecciones primarias: “Hay múltiples lecturas. Sabíamos que convencer a la política no iba a ser fácil, tras los muchos años en lo que la agroindustria tuvo mala prensa”.
Para Martins, “en este proceso de convencer fueron quedando algunas cosas. Y a este proyecto que estaba abandonado el resultado electoral le dio impulso . La aparición de Julián Domínguez le dio impulso rápido que terminó en esto. Ahora tenemos la otra etapa que es sentarnos en el congreso para que se apoye la ley”.
