Si bien el directorio de la concursada Vicentin SAIC aún no presentó una propuesta concreta a sus miles de acreedores, en los últimos días hizo circular versiones de que la misma podría llegar a contemplar una quita del 70% de la deuda.
Pero un acreedor de Vicentin, la láctea Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), que tiene una deuda pendiente de 19,0 millones de dólares con la compañía agroindustrial, presentó un plan de pagos que no contempla quita alguna de capital.
ARSA, constituida en 2016 luego de que una empresa del Grupo Vicentin comprara a SanCor CUL dos fábricas elaboradoras de yogures y postres, comenzó a registrar desde 2017 problemas recurrentes por incumplimientos de SanCor CUL –que supuestamente iba a gestionar la originación de leche y la comercialización de lácteos, pero no lo hizo–, la progresiva caída del consumo promovida por la pauperización social argentina y la política oficial de “precios máximos” con buena parte de los insumos liberados.
A partir de la restricción financiera experimentada entre 2018 y 2019, ARSA comenzó a recibir préstamos por parte de Vicentin SAIC, los cuales comenzaron a acumularse hasta finalmente quedar en “suspenso” luego de la cesación de pagos declarada por la corporación agroindustrial.
Como ARSA no logró generar ganancias desde que comenzó a operar (2016), este año, para poder seguir en actividad, debió salir a buscar un inversor que, por medio de una capitalización, pudiese evitar el cierre de la empresa elaboradora de los flancitos SanCor y los postres Shimmy.
Así es como en junio de 2021, con el objeto de proceder a la transferencia total del negocio frente a la imposibilidad de continuar con las operaciones, los accionistas de ARSA, South American Food S.A. y VFG Inversiones y Actividades Especiales, realizaron una venta de su paquete accionario, sujeta a varias condiciones, entre las cuales se destaca la reestructuración de una deuda (comercial + financiera) superior a los 80 millones de dólares, parte de la cual corresponde a Vicentin SAIC.
El comprador de ARSA, la empresa uruguaya Profox S.A., relacionada con los controlantes de Lácteos Conosur (La Suipachense), condicionó la adquisición a la posibilidad de reestructurar la deuda en un plazo de ocho años con un período de gracia de un año para los intereses y de dos años para el capital, pero manteniendo la deuda en dólares cancelables al tipo de cambio oficial del momento con una tasa de interés del 4% anual. Es decir: una propuesta sin quita (tal como quiere imponer Vicentin SAIC a sus acreedores).
Para que tal reestructuración pueda concretarse, debe contar con la autorización del juez concursal Fabián Lorenzini, además del visto bueno del titular de la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario, Miguel Salvador Moreno, quien está investigado el supuesto delito de estafa por parte de los responsables que llevaron a la cesación de pagos y posterior concurso preventivo a Vicentin SAIC.
Se trata de una cuestión compleja porque ARSA, además de contar con marcas emblemáticas para el mercado argentino, cuenta 607 empleados distribuidos en las fábricas de Córdoba y Arenaza (Buenos Aires) y el centro de distribución propio.
La auditoría forense, encargada por Lorenzini, descubrió que Vicentin SAIC encabezaba un ecosistema de empresas vinculadas –una de las cuales era ARSA– que generaron pérdidas de mayor magnitud que las ganancias producidas por el negocio principal, lo que implicó la inversión en negocios deficitarios que aspiraron capital de trabajo durante años, buena parte del cual fue cubierto con financiamiento obtenido por medio de balances que no mostraban la real situación de la compañía agroindustrial.
