La Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (ex ONCCA) salió en los últimos días a efectuar controles en el sector algodonero de Chaco y Santiago del Estero. El resultado fue que se encontraron “múltiples infracciones” que sorprendieron a los inspectores más avezados de Agroindustria. Al parecer, el algodón no era tan blanco como se decía.
“Los resultados de las inspecciones arrojaron una importante informalidad en la operatoria comercial del algodón, con graves faltas a la normativa que regula la actividad”, dijo en un comunicado la direccción que comanda Marcelo Rossi. Allí había cierta perplejidad por el tenor de las irregularidades detectadas, ya que “es el mismo sector quien demanda transparentar la cadena, y lograr mayor equidad a los efectos de erradicar la evasión fiscal”.
“Se constataron más de quince operadores sin inscripción en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA), sumados movimientos de grano de algodón sin la debida documentación comercial de respaldo, entre otras infracciones”, se precisó.
Según un comunicado de Agroindustria, “los incumplimientos mencionados serán severamente sancionados, incluso con la suspensión de las matrículas de los operadores involucrados en la operatoria descripta”. Además la ex ONCCA avisó que “con los datos obtenidos en las inspecciones se orientará mejor el control sistémico, mediante el intercambio de información con los restantes organismos involucrados en el control del sector”.
En ese sentido, esta misma semana el Instituto Nacional de Semillas (INASE), otro área dependiente de Agroindustria, reveló que mantiene inspecciones sobre el sector algodonero y que esto permitió hallar la presencia a campo de “Organismos Vegetales Genéticamente Modificados no aprobados en semilla de algodón, provenientes de empresas de las provincias de Chaco y Santa Fe”.
El INASE, tras recordar que la comercialización de semillas transgénicas no autorizadas constituye un delito, informó que “está notificando a las empresas para que procedan con la destrucción de la misma”. En sus controles, el Instituto tomó muestras de 28 empresas, entre deslintadoras y desmotadoras, de Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero y Salta.
