El inicio de la temporada de lluvias otoñales reactivó los conflictos en torno a los caminos rurales, un reclamo prácticamente endémico entre la comunidad rural de varios municipios. Impulsado por experiencias análogas, donde productores decidieron avanzan judicialmente contra sus intendentes y reclamar por el servicio, ahora el tema es analizado seriamente en el sudeste bonaerense.
A propósito de la reunión mensual entre los representantes de las entidades de los 16 distritos, todas ellas nucleadas en Carbap, la cuestión fue discutida este fin de semana junto a Jorge Moroni, un reconocido abogado bolivarense que ya encabezó varios litigios contra las tasas municipales.
Con serios planteos en torno al destino que tiene el aporte de los productores, y el nulo diálogo que impera en varias localidades, en la región empiezan a analizarse las posibilidades de iniciar reclamos formales, que emulen otras experiencias exitosas.
“Hay casos excelentes, regulares y malos (o muy malos) en la gestión vial”, explicaron desde las Sociedades Rurales del Sudeste, tras repasar cada uno de ellos junto al abogado Moroni y armar una suerte de “mapa de calor” del conflicto en torno a los caminos rurales.
Entre las experiencias favorables, los ruralistas incluyeron a Tandil, Benito Juárez, San Cayetano, General Lavalle y General Madariaga. En un segundo grupo, donde se encuadran los casos que suscitan críticas, pero hay diálogo, ubicaron a Mar Chiquita, Rauch, Maipú, Lobería, Ayacucho y Balcarce. Por debajo, se suma Adolfo Gonzales Chaves.
La peor calificación se la llevan hoy General Pueyrredón, que tiene como cabecera a la ciudad de Mar del Plata; General Alvarado, donde se encuentra Miramar; Necochea y General Guido.
A fines del año pasado, un grupo de productores de General Alvarado inició formalmente un pedido de acceso a la información pública para conocer qué destino tiene el dinero aportado en concepto de tasa vial.
Ese ha sido el punto de partida de muchos otros litigios similares, como el de Henderson, Daireaux, Azul o Baradero, que apuntan a la falta de contraprestación del servicio de mantenimiento de caminos y buscan exigir, en última instancia, que se anule el tributo o devuelva el dinero a los aportantes. Se trata de cifras millonarias que, generalmente, suscitan procesos judiciales largos, pero no por eso menos efectivos.
De hecho, con experiencia en el tema, el abogado convocado aseguró que hay jueces “probos y prácticos para resolver” en favor de los productores ante estos litigios, ya que se atienen a lo que dicta la Constitución: que las tasas deben tener contraprestación.
Con algunos fallos judiciales favorables en su haber, Moroni asesoró a los dirigentes sobre las posibles maneras de encarar el reclamo y quedó en contacto con los distritos más comprometidos para avanzar en futuras acciones judiciales.
Es de recordar que, además de la cuestión de los caminos, en varias localidades también apuntan a la vigencia la tasa de guías ganaderas y exigen su eliminación por considerarla obsoleta, distorsiva y sin contraprestación alguna. Se trata de un tributo que se pagaba por la intervención municipal en el traslado de la hacienda, un hecho que terminó modificando, hace ya varios años, la implementación del documento de tránsito electrónico (DT-e) emitido por el Senasa.
En el sudeste bonaerense, la Sociedad Rural de Rauch es autora de un proyecto para eliminar paulatinamente esa tasa, pero que hasta ahora no ha podido salir del recinto del Concejo Deliberante. Esa iniciativa también forma parte de las prioridades sobre las cuales insistir.
En ese sentido, Moroni llamó “aprovechar el momento para avanzar en reclamos que despierten a los intendentes del letargo” y así terminar finalmente de considerar al campo “sólo como una fuente de recursos”, tal como lo ha evidenciado el uso indebido de muchas de las tasas aplicadas a la producción.
