Matías Tombolini, el secretario de Comercio, había definido el mes pasado que el escandaloso fideicomiso triguero para frenar los aumentos del pan común iba a extenderse hasta fines de 2024 y financiarse con 1,3% de las retenciones a los derivados industriales de la soja. Ahora, imperturbable contra las críticas y denuncias que apuntan que todo ese operativo favorece a solo un puñado de empresas, volvió a subir el precio de la harina subsidiada, un 7,5% respecto del mes pasado.
Mediante la Resolución 1029/2023, la Secretaría de Comercio Interior fijó el nuevo valor de la harina subsidiada en 2.142 pesos la bolsa de 25 kilos de harina triple cero, que es el único producto que ahora subsidia el FETA (Fondo Estabilizador del Trigo Argentino) luego de un año de subsidiar también las harinas especiales y las premezclas que no se utilizan para elaborar pan común. Como el 22 de mayo pasado otra resolución había fijado ese precio e 1991 pesos, el aumento de la harina subsidiada ha sido de 7,5% en apenas un mes, el doble que el resto de los “precios cuidados” por las autoridades.
No hay ninguna certeza, sin embargo, de que las panaderías puedan comprar la harina común al valor indicado por Tombolini en esta resolución, ya que muchos distribuidores aplican aumentos que llevan el producto subsidiado a unos 3.500 a 4.000 pesos por bolsa. La ausencia total de controles por parte de el Estado -desde que se lanzó el FETA no presentó ningún balance sobre la cantidad de harina volcada al mercado-, provoca que el subsidio se diluya en los precios finales al consumidor.
De hecho, la propia resolución que autoriza este nuevo aumento reconoce que los precios de la harina común han subido muchísimo este último año. Tombolini expone que con este aumento la bolsa de harina 000 acumula un incremento de 34,6% en el primer semestre de 2023 y de 78,5% con respecto a los valores vigentes para junio de 2022, mientras que el resto de la harina -según la medición de precios del INDEC- aumentó 51,4% estos seis meses y 114,2% el último año.
Es decir que la propia resolución reconoce que el Fideicomiso, que ha sido denunciado penalmente por favorecer solamente a un pequeño grupo de empresas liderado por Molinos Cañuelas, una firma alimenticia que concentra el 25% de la molienda y que se encuentra en concurso de acreedores, no ha sido efectivo para contener todos los precios de la harina, sino una pequeña porción que nadie sabe -en volúmenes- cuando representa del total del mercado.
Hasta marzo pasado, según las últimas cifras oficiales disponibles, el FETA había repartido entre apenas 20 molinos (sobre un universo de 150 empresas) una cifra de 32.000 millones de pesos, de los cuales el 70% (21.500 millones) había ido a parar a manos de Cañuelas y su empresa controlada Molinos Florencia.
