Con un renovado reclamo, en el centro y norte del país volvieron a poner en escena la necesidad de sancionar una nueva Ley de Biocombustibles. Con un proyecto que todavía yace en los pasillos del Congreso, la propuesta es recuperar el sendero que alguna vez tuvo el país en la materia y dejar de perder casilleros con el resto del mundo.
“Los biocombustibles vinieron para quedarse. La gran discusión ahora es quién los produce”, opina Claudio Molina, un conocido analista que deviene una fuente de consulta obligatoria en este tema, pues fue el principal promotor de la anterior ley de Biocombustibles, la Ley 26.093, y un conocedor de la relación de fuerzas y el lobby que se juega detrás de estos proyectos.
Molina es considerado uno de los padres de la política de biocombustibles en Argentina, una de las pocas políticas de Estado que hubo en materia industrial y, probablemente, la que más perduró.
Fueron 15 años, desde su promulgación en mayo del 2006 hasta su vencimiento, en 2021, los que funcionó el Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles. Con esa iniciativa nació nuestra industria de biodiesel y bioetanol, que tuvo avances muy notorios y llegó a lograr cortes mayores a los que hoy tenemos.
Si parece haber un abismo de distancia entre aquel escenario y el actual es porque, en el medio, hubo quienes se despertaron y reavivaron la puja. “Ciertos lobbies del petróleo y las automotrices pensaban que esto era una utopía en Argentina, por eso en su momento lo soslayaron”, recuerda Molina, que elige la famosa figura del “cocodrilo que se duerme es cartera” para describir lo que sucedió en 2006.
Por eso no le sorprende a este analista que una vez vencido ese régimen haya surgido un marco normativo opuesto, como lo fue el de la Ley 27.640. Sancionada en 2021, esa legislación reducía a la mitad el porcentaje de corte de gasoil con biodiesel.
Mientras el mundo avanza en una dirección contraria, y amplía cada vez más el uso de bioenergías, acá se escucha cada vez más la presión por actualizar la normativa vigente. Lo hacen en el norte, en defensa del bioetanol azucarero y maicero, pero también en el centro, donde se suma la defensa del biodiesel obtenido con aceite de soja.
Mientras se cierran filas, y empieza a vislumbrarse un sector más cohesionado, con incluso apoyo político y parlamentario, Molina advierte que no hay que perder de vista a los jugadores que están en la vereda de enfrente.
“La influencia de la petrolera YPF en la política energética del país es muy grande. No hay mucho lugar para un diálogo profundo”, expresó el consultor, que pidió “dejar de pedirle permiso” a esta empresa para tomar decisiones estratégicas y disruptivas.
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En ese sentido, opina Molina, el lobby en contra de los biocombustibles opera en realidad como una cuestión estratégica más que una oposición misma desde los hidrocarburos.
“No quieren que nadie se les meta en la red. Recordemos que el mercado argentino de combustibles líquidos 4 jugadores representan el 95% de participación y uno de ellos, que es YPF, tiene entre el 50 y 60%”, afirmó.
En ese panorama, que muestra signos de clara centralización, una ley como la que habían impulsado hace 20 años, con mucho protagonismo otorgado a los productores para favorecer el asociativismo, no cae del todo bien. Por eso, más que “biocombustibles sí o biocombustibles no”, la discusión está hoy en quiénes los van a producir.
En ese sentido, el analista asegura que el interés de las petroleras está particularmente en el bioetanol, porque es el que permite obtener octanaje a bajo costo y reemplazar otros compuestos y aditivos de origen fósil. Ahí es donde se juega la estrategia.
Por el lado del biodiesel, más que en el FAME, o Éster Metílico de Ácidos Grasos, que es el más convencional, la lupa de este sector está puesta en la producción de Green Diesel. La principal diferencia es que este último se produce por hidrotratamiento y gasificación, procesos que permiten poner en valor refinerías de petróleo y volcarlas a la energía renovable sin mayores costos.
De todos modos, hay algunos discursos opositores a estas energías que todavía señalan que producir biocombustibles lo que hace es aumentar el precio de los alimentos porque genera más demanda de granos
A ese viejo dilema de “alimento versus energía” Molina responde con contundencia: “La participación de las materias primas agrícolas en el precio final de los alimentos es muy bajo”, expresa.
En contrapartida, sí trae muchos beneficios para la producción, porque dinamiza el mercado, evita que haya exceso de oferta y le da una fuente más de ingresos cuando enviar los granos al puerto no es rentable y hay que buscar otras alternativas de agregado de valor.
Ahí, en la defensa de las economías regionales y del interior productivo, es donde está el quid de la cuestión para el experimentado analista. “Si la política nacional no toma decisiones en función de las necesidades del todo el país, vamos a seguir teniendo problemas”, concluyó.
