Si hay dos temas legislativos que causan escozor en el agro son el Régimen de Promoción Ovina y la Ley de Biocombustibles. A pesar de ser normativas que sostienen y marcan el camino para dos actividades productivas centrales para el sector, aún no han logrado reunir la suficiente atención y entrar en la agenda de los legisladores.
Diputados y senadores hace un mes que retomaron sus funciones. La gravedad del asunto está en que ambas vencen este año y ninguna parece estar cerca de obtener una prórroga. Arrancando con la Ley Ovina cuya fecha de caducidad operó exactamente hoy: lunes 4 de abril de 2021, veinte años exactos después de su sanción.
En el caso del Régimen para el Recupero de la Actividad Ovina, o Ley Ovina, ya cuenta con una prórroga que data del año 2011, en la que se estipuló extender por 10 años más –mediante la ley 26.680– la normativa original promulgada en 2001.
El objetivo original del régimen instituido a comienzos de los 2000 era recuperar la producción ovina que estaba en baja desde la década de 1970. Para eso se decidió destinar fondos del presupuesto nacional: inicialmente la suma se fijó en 20 millones de pesos -cuando aún regía la convertibilidad- y posteriormente, en 2010, se elevó a 80 millones de pesos.
Uno de los principales reclamos de los productores es que ese monto no ha sido actualizado, teniendo en cuenta las sucesivas devaluaciones y los vaivenes económicos, y por lo tanto los recursos son insuficientes. Convertidos a dólares, en rigor, ahora resultan chaucha y palitos.
En este sentido, a fines de marzo de este año, la Mesa Ovina Nacional presentó un ante proyecto propio en el que fijaban que el Fondo de Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) debería recibir desde el Estado el siguiente esquema de desembolsos por diez años: “1.400 millones de pesos anuales durante los primeros tres años; 1.800 millones durante los siguientes tres años; y 2.000 millones durante últimos cuatro años.”
En paralelo, tanto en Diputados como en el Senado se han presentado también varios proyectos para lograr la prórroga en cuestión. En el caso de la Cámara Baja, se propuso unificar las iniciativas existentes y convalidar un monto para el FRAO que tenga una actualización anual en función de los datos de la inflación. También se discutió una modificación del plazo de duración de la nueva ley: ya no sería por 10 años sino por 15.
Sin embargo, por el momento ninguna de las Cámaras ha tratado las iniciativas que se apilan en la mesa de entrada. Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal intentaron discutir el tema durante una sesión especial en la Cámara de Diputados hace dos semanas, pero no lograron el quórum necesario para sesionar. Hay tiempo al menos hasta que el propio Congreso deba discutir la nueva Ley de Presupuesto y previsionar allí las partidas necesarias para la continuidad de esta política.
Hoy vence la Ley Ovina después de 20 años de promocionar la actividad.
Como con la de Biocombustibles, el oficialismo propone el peor escenario: Ni si, Ni no, Ni blanco Ni negro.
Improvisación del gobierno e incertidumbre para la inversión que el país necesita. pic.twitter.com/viWFv5KypY
— Willy Bernaudo (@willybernaudo) April 4, 2021
En el mientras tanto, la próxima fecha a marcar en el calendario es el 12 de mayo, día en el que vencerá el Régimen de Biocombustibles, que también persigue una prórroga y que no ha logrado ingresar en el temario de Diputados a pesar de tener media sanción en el Senado. La diferencia es que en este caso es que al día siguiente del vencimiento, en caso de que no haya prórroga, los efectos serán inmediatos: las petroleras ya no estarán obligadas a comprar esos renovables para cortar los combustibles fósiles.
La ley 26.093 data del 2006 y los principales interesados en su extensión son los productores de biodiesel y bioetanol, muchas de ellos concentrados en Pymes. Con la ley mantienen ventajas tributarias, regulan precios y mantienen el corte obligatorio en los combustibles fósiles (10% de biodiesel en el gasoil y 12% de bioetanol en las naftas).
A pesar de esto también hay interés, tanto de las cámaras empresarias del sector como desde el Gobierno Nacional, en crear una nueva legislación que tenga en cuenta el contexto actual. Darío Martínez, Secretario de Energía de la Nación, dijo durante su exposición en Diputados que el gobierno busca “dar un esquema donde se logre la mayor sinergia entre todos los objetivos de la transición energética, donde se tengan en cuenta todas las realidades”.
Durante el mismo encuentro, representantes de Luis Zubizarreta, de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), apoyó la prórroga pero reconoció que es necesario discutir un régimen superador que incorpore, por ejemplo, “el impuesto al carbono en base a la relación de ahorro de emisiones y utilice esos fondos para el desarrollo tecnológico y la transición de las pymes”.
La prorroga de esta ley intentó también ser discutida en la sesión especial pedida por la oposición pero no tuvo éxito.
