Si el presidente del INTA libertario, Nicolás Bronzovich, y su subalterno, el ruralista Carlos Vera, consideraron que la decisión de “exonerar” a Virginia Aparicio sería una señal definitiva para imponer su cuestionada autoridad en todo el personal de esa institución, está sucediendo todo lo contrario. Mientras se multiplican las muestras de rechazo a esta sanción en las redes sociales, la propia investigadora sigue concurriendo a su lugar de trabajo en el INTA Balcarce, mientras su abogado prepara un recurso administrativo para revertir su expulsión del Estado, la primera que se registra en los 70 años de historia de dicho organismo tecnológico.
“Sí, yo estoy viniendo todos los días a trabajar por indicación de mi abogado. Nosotros, dentro del plazo administrativo contemplado por la Ley de Procedimientos Administrativos, vamos a interponer un recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio. Así que, por esa razón, yo sigo viniendo a trabajar normalmente”, contó la propia Aparicio a Bichos de Campo, que el lunes pasado anticipó que el Consejo Directivo del INTA había dado luz verde a medida.
Aparicio, que hizo toda su carrera dentro del INTA Balcarce y se especializó en la medición de residuos de agroquímicos, fue echada por supuestas irregularidades cometidas en el marco del Proyecto Sprint, un programa lanzado en 2020 por varias universidades europeas y financiado por la Unión Europea, que tuvo al INTA como socio extracomunitario (de hecho su logo todavía figura en la web del proyecto) hasta que en diciembre 2023 el organismo desistió de seguir participando.
Aquel septiembre de 2023 fue el momento en que evidentemente comenzó el cortocircuito entre el Instituto y Aparicio, que actúo como coordinadora nacional de esa iniciativa. La fecha coincide con la aparición de los primeros datos sobre presencia de agroquímicos en diversos puntos de la geografía bonaerense y también en más de 70 personas que se ofrecieron como voluntarias para dichas mediciones. El INTA le ordenó no presentar los resultados de sus mediciones, pues había un gran debate sobre el modo en que fueron realizadas, y se le cuestionaba medir residuos de fitosanitarios en el orín y la sangre de personas sin el aval de profesionales especializados, en todos caso del área Salud. Pero Aparicio denunció aquella “censura” e intentó seguir con su trabajo dentro de Sprint.
El lunes pasado, el Consejo Directivo dio a conocer el resultado del procedimiento sumarial expediente (2023-147844190-APNUSA#INTA) que comenzó el 7 de diciembre de 2023 y que, como si se tratase de un complejo homicidio, demandó tres años de interrogatorios e investigaciones.
Resulta al menos curioso que la resolución del caso se haya producido recién ahora, cuanto la gestión del gobierno de Javier Milei hace aguas de modo visible por sus manejos en el INTA, al cual primero se trató de degradar institucionalmente (lo que fue evitado por el Congreso) y cuyo funcionamiento se compromete seriamente para 2027 con un nuevo recorte presupuestario.
El tándem Bronzovich-Vera viene además de reducir la planta de personal en casi 1.800 personas; ha vendido de manera poco transparente el edificio histórico de la calle Cerviño y pretende avanzar con la cesión de campos experimentales; y nombró a varios funcionarios sin el debido concurso público (incluso a un contador que el día anterior habría cobrado 110 millones de pesos de indemnización en otro organismo público), entre otros variados escándalos. Por eso muchos sospechan que esta sanción a la investigadora Aparicio -la única en 70 años de historia que está por cumplir el INTA- intenta ser una demostración de fuerza. “Quieren imponernos miedo”, dijo un delegado gremial a este medio.
El lunes pasado, cuando finalmente se concretó la exoneración de Virginia Aparicio, se conoció una resolución de casi 30 páginas con todos los antecedentes del conflicto, donde no hay denuncias ni de malversación de fondos, ni de tergiversación de los análisis, ni de nada que parezca tan grave como para expulsar de semejante modo un recurso humano finalmente formado por el propio Estado.
Todavía peor, en el expediente se confirma que el INTA suscribió de buena gana en 2020 aquel Proyecto Sprint, y que designó a la agrónoma sancionada como coordinadora a nivel local. Lo más grave que parece marcar la resolución es que tres años después de aquella primera decisión, el INTA decidió discontinuar su participación porque las actividades de Aparicio y su grupo de trabajo fueron “ejecutadas en exceso de las atribuciones técnicas y fuera del marco autorizado”.
Lo más objetable a los ojos de cualquier lector vulgar de ese expediente quizás pueda ser el hecho de que Aparicio subcontrató con recursos del proyecto Sprint, para realizar algunas mediciones, a su propio marido. Pero con el mismo criterio podría sancionarse ahora al vicepresidente del INTA, el ruralista Vera, quien hace pocas semanas realizó un viaje de siete días por España con todos los costos a cargo de una empresa privada. Es decir, la exoneración parece un poco exagerada frente a prácticas que se repiten de modo constante en la administración pública. La vara no parece equilibrada.
“Aplicase a la agente Virginia Carolina Aparicio (Legajo N° 17.205) la sanción de EXONERACIÓN por la violación comprobada de las prohibiciones del artículo 24, incisos e) e i) que concurre con la lesión de las normas éticas y de imposición de deberes”, dice finalmente el párrafo que contiene este castigo que tiene más tinte ideológico que otra cosa, y que ahora será apelado por el abogado de la investigadora, primero en la instancia administrativa y luego, de no haber una resolución favorable, directamente en la justicia.
En definitiva, en esos incisos el INTA -que nunca antes ejecutó un castigo de semejante tenor a sus investigadores- acusa a Aparicio de “valerse directa o indirectamente de facultades o prerrogativas inherentes a sus funciones para fines ajenos a dicha función o para realizar proselitismo o acción política”, y de “hacer uso indebido o con fines particulares del patrimonio estatal”, dos acusaciones que le podrían caber a la mayoría de los políticos de esta Nación. En este escenario, lo más probable es que cualquier juez le de la razón y rechace este castigo, muy fuerte en sus consecuencias pero muy débil en sus argumentos. De ese modo, la prepotencia actual de Bronzovich y Vera la podrían terminar pagando todos los contribuyentes.
Aparicio lo sabe y por eso sigue las recomendaciones de su letrado: desde que se conoció la sanción no dejó de concurrir ningún día a cumplir con su jornada laboral en el laboratorio de la Unidad Integrada de Balcarce.
Una curiosidad es que desde la Regional Buenos Aires Sur del organismo se habría pedido al responsable de esa unidad del INTA que impida el acceso al lugar de la agente sancionada. Pero eso no sucedió hasta ahora porque Facundo Quiroz, que ocupa ese cargo como director de la Experimental, también fue sancionado en el mismo expediente policíaco. Al jefe del INTA Balcarce, que participó de las primeras gestiones administrativas para la adhesión del INTA al proyecto Sprint, se le aplicó una suspensión de 15 días al parecer porque no supo controlar de manera eficaz a su subordinada Aparicio.
Por eso no está en el lugar estos días y no puede evitar que la investigadora -que este autoritarismo berreta de la conducción del INTA está convirtiendo en un nuevo ícono de los ambientalistas argentinos que cuestionan el uso de agroquímicos en el medio rural- pueda seguir ingresando con total normalidad a su laboratorio.
