Bajo el liderazgo de oficina argentina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se ha formado una red de veinte organismos públicos e instituciones privadas para abordar un problema que afecta a dos de cada diez niños y niñas que viven en zonas rurales. Los chicos son obligados a trabajar y eso está prohibido. Está mal.
El denominado proyecto “Offside: ¡marcando la cancha!” es una iniciativa enfocada en combatir el trabajo infantil en el sector agropecuario que es impulsada por la oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Argentina. Cuenta con la participación de más de veinte instituciones y actores sociales y está financiada por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL, por sus siglas en inglés).
El plan lleva ya seis meses de desarrollo, pero en total tendrá cuatro años de duración. Si bien el proyecto se enmarca en el Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente (2018-2022), su foco está puesto en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza, con particular énfasis en tres sectores productivos: ajo, algodón y tomate.
El trabajo infantil, según un documento de la OIT, es un problema global, con cifras alarmantes. En todo el mundo, hay más de 152 millones de víctimas del trabajo infantil, y 108 millones trabajan en el sector agropecuario.
En Argentina, el problema alcanza a más de 763.000 niños y niñas. De ese total, casi el 20% vive en zonas rurales, de acuerdo con los resultados de la última Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA), elaborada por el INDEC junto a la Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo en 2018.
“Proponemos un abordaje integral del problema del trabajo infantil en el sector agropecuario”, afirmó María Eugenia Figueroa, especialista en desarrollo rural y coordinadora nacional del proyecto Offside. De acuerdo con la funcionaria de la OIT, “es fundamental promover una mayor articulación entre organismos de gobierno, empresas, trabajadores y la sociedad civil para cumplir con la meta de erradicar el trabajo infantil para el año 2025”.
Figueroa destacó que el país ya cuenta con logros significativos en ese terreno, entre los que mencionó al plan nacional y a ley 26.847, que prohíbe y penaliza el trabajo infantil. “Pero a pesar de estos esfuerzos, el problema persiste”, contrastó, “porque miles de niñas y niños de todo el país siguen involucrados en tareas productivas propias de los adultos, con consecuencias muy graves en su salud, educación y trayectorias laborales futuras”.
Frente a este contexto, el proyecto Offside busca generar conocimiento e información, para incidir en la formación política y concientización para funcionarios públicos de todo el país, además de la sociedad civil,
incluidas las comunidades y familias rurales. A su vez, se propone desarrollar capacidades para asegurar políticas, programas y/o servicios específicos que contribuyan a prevenir y erradicar el trabajo infantil, así como a promover el trabajo adolescente protegido en el sector agropecuario.
Según indicó Figueroa, el proyecto impulsará el diseño de modelos de intervención para mejorar los mecanismos de coordinación local. “El apoyo interinstitucional e interdisciplinario es una de las claves
para el éxito de este proyecto”, destacó la coordinadora de la OIT, que este año celebra su centenario global y el 50º aniversario de la llegada de la oficina al país.
Entre las instituciones que integran la iniciativa se encuentran el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
y la Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo; el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI, perteneciente al Ministerio de Producción y Trabajo); los gobiernos provinciales de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza; la Unión Industrial Argentina (UIA); el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), entre otros.
