La Justicia puso un límite a una práctica extendida en muchos municipios bonaerenses. Al menos en Daireaux, no se puede cobrar la tasa vial si no hay caminos en condiciones. En un fallo de primera instancia dictado en Trenque Lauquen, el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 a cargo del Pablo Cristian Germain avanzó sobre el fondo del reclamo de un grupo de productores de Daireaux y dejó establecido un criterio que podría proyectarse mucho más allá de ese distrito.
La sentencia surge de la causa iniciada por productores de la localidad contra la Municipalidad de Daireaux, donde pidieron la nulidad de la tasa por conservación y mantenimiento de la red vial rural. El planteo fue claro desde el inicio, ya que no se negaban a pagar, pero sí a hacerlo sin recibir el servicio correspondiente.
El juez tomó ese eje y lo tradujo en términos jurídicos casi 3 años después. En el fallo, remarcó que las tasas son tributos vinculados, es decir, que exigen una contraprestación concreta por parte del Estado. Sin ese servicio, el cobro pierde sustento legal. “La organización y puesta a disposición del servicio al contribuyente es condición indispensable; de lo contrario el cobro carecería de causa”, sostiene la sentencia.
A diferencia de otros antecedentes, en este caso hubo prueba técnica que permitió correr la discusión del plano teórico. Por un lado, una pericia contable detectó desvíos en el uso de los fondos recaudados por la tasa vial. Por otro, una pericia de ingeniería evaluó el estado de los caminos rurales vinculados a los establecimientos en cuestión.
Según explicó a Bichos de Campo el abogado de los productores, Jorge Moroni, esos elementos fueron determinantes: “Determinó el perito contable que había un desvío de fondos por parte del municipio, que se cobraba en tasas viales para otros gastos municipales. Y el perito ingeniero dijo que en los caminos relevados había un 96% en estado malo o regular”.
Con esa base, el fallo avanzó sobre una definición que hasta ahora no aparecía con esta contundencia en este tipo de casos. “El juez dijo dos cosas muy claras: los recursos que tiene la municipalidad por tasa vial hay que aplicarlos a tasa vial. Y sin caminos en condiciones, la tasa deviene carente de sustento y por lo tanto es nula”, resumió Moroni.
El criterio no quedó en lo declarativo. En uno de los casos, el magistrado determinó que directamente no existía camino transitable desde 2022, por lo que eximió al productor del pago de la tasa desde ese momento. En otros, donde la situación era parcialmente distinta, aplicó reducciones proporcionales en función del estado de los caminos.
También quedó planteado el impacto hacia atrás. “En algunos casos, la municipalidad había embargado cuentas y esa plata quedó depositada hasta que se resolviera si la tasa era aplicable o no. Si el fallo queda firme, esa plata se tiene que devolver. Y en otros casos, a los que no pagaron, no se las van a poder cobrar”, explicó el abogado.
Pero incluso dentro de ese escenario, Moroni insistió en que el reclamo no apunta a dejar de pagar: “El productor no quiere no pagar. Le cuesta mucho no pagar. No le gusta estar en juicio. Lo que quiere es pagar, pero tener caminos. Porque si no tengo caminos, ¿de qué me sirve no pagar la tasa si tampoco puedo sacar la producción?”.
Ahí es donde el fallo empieza a trascender el expediente judicial.
El conflicto en Daireaux no es nuevo. Viene de años de reclamos por el mal estado de los caminos rurales, documentados incluso por los propios productores con relevamientos y registros en el territorio. En muchos casos, la situación llegó a un punto en el que directamente se volvía inviable sacar la producción.
“Sacás un camión y después no sacás ninguno más”, graficó Moroni sobre la situación en algunas zonas del partido. “Son campos muy productivos, pero con caminos en estado malo o regular directamente no se puede trabajar”.
Ese contexto explica por qué el caso terminó en la Justicia. “Los productores no van a juicio porque quieren, van porque no les queda otra alternativa”, insistió.
El punto de fondo, sin embargo, es otro. Para el abogado, la discusión que abre este fallo es estructural: “Esto es un primer peldaño para hacerle entender a los intendentes que tienen que cambiar el paradigma de cómo se administran los recursos de la tasa vial”.
En esa línea, cuestionó el uso que muchos municipios hacen de esos fondos: “Acá estamos hablando de una tasa, no de un impuesto. La tasa requiere una contraprestación. Si a vos te cobran y no te dan el servicio, o usan la plata para otra cosa, estás frente a un impuesto encubierto”.
Y amplió la crítica: “En muchos partidos le terminan cargando al productor tasas de todo tipo, hasta para financiar cuestiones que no tienen nada que ver con la actividad rural. Eso no tiene sustento”.
Frente a eso, el planteo no es sólo judicial sino también de gestión. “La solución es cambiar el paradigma. En algunos lugares ya existe: consorcios donde los productores participan en la administración de los recursos. Ahí los caminos funcionan y no hay juicios”, explicó.
Según Moroni, incluso hubo intentos de avanzar en ese sentido en Daireaux antes del conflicto: “Los productores le dijeron al intendente: si hace falta, traemos maquinaria, traemos piedras, pero hagamos un esquema transparente, con participación. Y la respuesta fue negativa”.
El fallo, en ese contexto, puede tener un efecto que exceda largamente al distrito. El propio estudio que llevó adelante la causa ya impulsa acciones similares en otros partidos como Bolívar, Azul o Tapalqué. Y hay antecedentes recientes donde la Justicia también avanzó sobre otras tasas municipales aplicadas al sector rural.
“Lo que buscamos es un efecto cascada”, reconoció Moroni. “Que los municipios entiendan que el dinero de la tasa vial tiene que ir a los caminos, y que tiene que haber transparencia y participación”, resumió.
