El Centro Azucarero Argentino y la Cámara de Bioetanol de Maíz presentaron a la Secretaría de Energía un plan de desarrollo alineado con políticas de descarbonización del transporte y en un marco que asegura mecanismos de competencia y de libre mercado.
El proyecto del sector privado propone una convergencia técnica con el Mercosur, llevando el contenido mandatorio de bioetanol de producción nacional a un rango de entre 18% y 27%, con mecanismos de competencia abierta, tanto en volumen como en precio, y habilitar un mercado libre de bioetanol para cortes superiores al 27%.
El proyecto legislativo presentado esta semana por el gobierno de Javier Milei –que debe ser debatido en el Congreso– propone que el precio del bioetanol destinado al corte obligatorio del 12% surja de la libre negociación entre las partes sin la determinación de un valor mínimo fijado por la Secretaría de Energía (como sucede en la actualidad).
También indica que las empresas que participen del negocio deberán inscribirse en un nuevo registro y especifica que “hasta tanto la autoridad de aplicación determine” los porcentajes mínimos de cortes de biocombustible, se mantienen los niveles actuales (12% de bioetanol en nafta y 7,5% de biodiésel en gasoil), lo que introduce un factor de discrecionalidad importante en el sector.
“Creemos que, en lo relacionado a bioetanol, el proyecto de ley del Ejecutivo presenta numerosos inconvenientes, por lo que queremos abrir el debate con ejes que incluyan más valor agregado federal, más sustentabilidad y más desarrollo en un marco de mayor competencia y desregulación de la actividad”, dijeron las entidades en un comunicado.
Las cámaras señalaron asimismo que “es igualmente importante respetar todas las condiciones actuales de producción y comercialización para aquellos que invirtieron bajo el actual régimen, garantizando la plena seguridad jurídica de las empresas, una condición sine qua non para el desarrollo de cualquier país”.
“Es con este espíritu constructivo que realizaremos todas las contribuciones necesarias para que las revisiones que se realicen al proyecto de ley de bioetanol redunden en progresos ciertos para la producción, el medio ambiente y el entramado socioeconómico de la Argentina”, agregaron.
Las veinte plantas elaboradoras de bioetanol de caña de azúcar y de maíz, radicadas en siete provincias argentinas, son el resultado de más de 1000 millones de dólares de inversión en el marco de normas que estimularon el uso de bioetanol para contribuir eficazmente a una reducción emisiones en el transporte vehicular, agregar valor a las materias primas y avanzar en una mayor soberanía energética.
En lo que atañe a azúcar, biocombustibles y descarbonización de la matriz energética, este proyecto de ley omnibus, tal como está redactado, en lugar de ser una apuesta para liberalizar la economía, constituye un magno y leso “liberticidio” que, sin ningún tipo de beneficio para los consumidores, mata sectores productivos competitivos nacionales, cerrando las puertas a las alternativas mejor costo/eficientes de descarbonización y paradójicamente, abriéndoselas a competidores foráneos que gozan en sus países de beneficios mucho más grandes que los que tienen nuestros productores.
En materia de descarbonización del transporte, los «mecanismos de competencia y de libre mercado» aludidos en el texto de la ley omnibus deben partir de la base de una competencia equilibrada, que incluya no sólo los costos de obtención de los carburantes sino también los de remediación o compensación de los efectos ambientales entre las alternativas energéticas. Mal puede pretenderse un libre mercado donde los combustibles fósiles están exentos de esto último. A los costos actuales de las tecnologías de recaptura directa y de fijación de carbono, el precio de las naftas fósiles (descontándoles el ICL e ICO2 actuales) debería situarse en USD 1,77/litro, mientras que el equivalente en bioetanol con este último ajuste, ponderando su reducción de emisiones y su menor densidad energética, brindaría las mismas prestaciones que las naftas fósiles con USD 1,20/litro de nafta equivalente, con casi 1/3 de ahorro para los consumidores. ¡Cualquier reforma para liberalizar la comercialización de biocombustibles debería contemplar este aspecto!