Hoy el presidente Joe Biden anunció en la Cumbre Climática Global un nuevo objetivo para que EE.UU. logre una reducción del 50-52% en la emisión de gases de efecto invernadero para 2030 con respecto a los niveles de 2005.
Entre las metas fijadas se incluye alcanzar en EE.UU. un 100% de la generación de electricidad libre de carbono para 2035, además de reducir la contaminación producida por el sector del transporte y estimular el desarrollo de los combustibles renovables.
También lanzó un “Plan Internacional de Financiamiento Climático”, el cual, entre otros ítems, pretenderá promover reconversiones orientadas a “reducir las inversiones públicas en energía basada en combustibles fósiles”.
En la Argentina, mientras tanto, ingresó al Congreso un proyecto, diseñado por el gobierno de Alberto Fernández, que propone desmantelar buena parte del régimen de promoción de biocombustibles para favorece el uso de combustibles fósiles.
“Con lo que vimos hoy en la Cumbre Climática queda claro que la Argentina va a contramano del mundo. Si bajamos el uso de biocombustibles, vamos a incumplir con el compromiso asumido en el marco del Acuerdo de París y pagaremos las consecuencias en términos de comercio internacional, desarrollo regional y empleo”, advirtió hoy el director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, Patrick Adam.
Adam, en diálogo con Bichos de Campo, indicó que el nuevo proyecto oficialista sobre biocombustibles está” inspirado por el lobby petrolero e implica cierre de plantas de biocombustibles y pérdida de empleo federal”.
“La prórroga de la Ley 26.093 (que vence el mes que viene), que ya obtuvo el apoyo unánime del Senado, le daría el tiempo necesario al Congreso para debatir en forma seria y ordenada una nueva norma que se inscriba en la necesaria diversificación de la matriz energética, el agregado de valor en origen y los compromisos internacionales de la Argentina para descarbonizar su economía”, concluyó.
Adam también recalcó que el nuevo esquema propuesta por el proyecto oficialista promueve un mayor daño relativo a las provincias de Córdoba y Santa Fe, en las cuales se realizaron en la última década millonarias inversiones destinadas a la elaboración de bioetanol y biodiésel.
