Hoy concluyó la audiencia imputativa –que había comenzado el martes– contra los ex directivos de la concursada Vicentin SAIC– en la cual, si bien se solicitó la prisión preventiva efectiva para cinco ex ejecutivos al mando de la empresa agroindustrial al momento de entrar en cesación de pagos (fines de 2019), el juez en lo Penal de Primera Instancia del Distrito Nº2 de Rosario, Román Lanzón, rechazó el pedido de la fiscalía. Los acusados, sin embargo, no podrán salir del país y tendrán que fijar un seguro de caución equivalente a 10 millones de dólares.
Los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, de la unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, solicitaron al juez que dicte la prisión preventiva para Omar Scarel (actual presidente de Vicentin y ex síndico de la compañía), Roberto Gazze, Alberto Macua, Miguel Vallaza y Javier Gazze, en tanto que para Daniel Néstor Buyatti pidieron la prisión domiciliaria. Para el resto de los imputados se requirió la prohibición de salida del país.
En relación a la decisión del juez, el fiscal Moreno, una vez finalizada la audiencia realizada en la ciudad de Rosario, indicó en conferencia de prensa que “evaluaremos si apelaremos o no, o si nos vamos a poner de cara a formular una acusación respecto de los hechos atribuidos (en la imputación) en el plazo más corto que podamos”.
“En función de la evidencia que tenemos reunida entendemos que eso no será dentro de mucho tiempo”, especificó el fiscal, para luego añadir que la presunta estafa atribuida por los denunciantes financieros y granarios que integran la causa ronda los 600 millones de dólares.
En relación a denuncia realizada por entidades bancarias internacionales, los fiscales imputaron a Daniel Néstor Buyatti, Alberto Julián Macua, Roberto Alejandro Gazze, Máximo Javier Padoán, Cristián Andrés Padoán, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin, Yanina Colomba Boschi, Raúl González Arcelus, Omar Adolfo Scarel y Miguel Vallazza por el delito de balance falso en concurso real con el delito de estafa con seis hechos en concurso real. Los imputados formaron parte del directorio y de la comisión fiscalizadora de Vicentin hasta el 15 de octubre de 2020, fecha en la que presentaron su renuncia.
La imputación les atribuye haber confeccionado, aprobado y utilizado los balances anuales cerrados a octubre de 2017 y octubre 2018 con información financiera falsa consistente en ocultar el verdadero pasivo de la empresa.
Se les atribuye haber confeccionado y presentado ante bancos internacionales informes trimestrales con información financiera consistente en ocultar el verdadero pasivo de la empresa, lo que permitía exhibir una aparente sólida situación patrimonial con el fin de ocultar la realidad económica financiera, para así engañar a las entidades y obtener créditos por más de 500 millones de dólares que no habrían podido gestionar sin ese ardid.
En relación a créditos de Banco Macro, otro de los denunciantes, se imputó a Daniel Néstor Buyatti, Alberto Julián Macua, Roberto Alejandro Gazze, Máximo Javier Padoán, Cristián Andrés Padoán, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin, Yanina Colomba Boschi y Miguel Vallazza por el delito de estafa como coautores, mientras que a Omar Adolfo Scarel y Raúl González Arcelus se les atribuyó en carácter de partícipes necesarios.
En este caso, los fiscales manifestaron que Vicentin solicitó una asistencia crediticia por 508 millones de pesos y que, a poco más de dos meses de la obtención de la misma, la empresa declaró estrés financiero para ingresar en una cesación de pagos que derivó en un concurso preventivo. A los fines de obtener los préstamos, Vicentin adjuntó estados contables con información falsa que aparentaban una situación superavitaria y con solvencia económica, situación se hizo a sabiendas de que no iba a ser posible cumplir con los compromisos asumidos dada la real situación económica y financiera de la firma.
En relación a la estafa a productores y acopios comprendidos en la causa, se imputó a Daniel Néstor Buyatti, Alberto Julián Macua, Roberto Alejandro Gazze, Máximo Javier Padoán, Cristián Andrés Padoán, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin y Yanina Colomba Boschi, en carácter de coautores, por el delito de estafa con cinco hechos en concurso real. En tanto, a Robertino Boschi, por su parte, se le imputó el delito de estafa en carácter de coautor.
La maniobra atribuida, en este caso, consistió en realizar una puesta en escena de empresa solvente y confiable para generar confianza entre los productores, acopios, cooperativas y corredores de granos, quienes, engañados, entregaron toneladas de granos a Vicentin bajo la modalidad de contratos con “precio a fijar”, con el pleno conocimiento de los directores y síndicos de la imposibilidad de cumplir con las obligaciones comerciales asumidas.
Los fiscales entienden que, abusando de la confianza que generaba la aparente solidez financiera de la empresa y de las relaciones comerciales que Vicentin supo construir a lo largo de décadas, los imputados llevaron a cabo una política de captación de granos a través de la celebración de contratos “con precio a fijar” a sabiendas de la imposibilidad de afrontar los pagos futuros por la mercadería recibida.
En relación a retención indebida de tributos, se le imputó a Daniel Néstor Buyatti el delito de apropiación indebida de tributos, dado que, en su carácter de presidente del directorio de Vicentin y agente de retención/percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, no depositó, dentro del plazo de diez días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, una suma de 15,0 millones de pesos con vencimiento el 10 de diciembre de 2019 y otra de 18,8 millones de pesos con vencimiento el 26 de diciembre de 2019.
Los bancos internacionales denunciantes que forman parte de la causa son International Finance Corporation, Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO), ING Bank, Natixis New York Branch y Coöperatieve Rabobank. En lo que respecta a los denunciantes granarios, la lista inluye a Cuatro Hojas S.A, Olzen Industria y Comercio de Calzados S.A., Maniagro S.A., La Clementina S.A. y Commodities S.A.
Fotos @RodrigoMiro76
