Este viernes se llevaron a cabo veinte allanamientos en domicilios pertenecientes a ex directivos de la concursada Vicentin SAIC ubicados en las ciudades de Rosario, Reconquista, Avellaneda y Buenos Aires (Adrogué y CABA).
Los procedimientos fueron solicitados por la Oficina de Delitos Económicos de la Fiscalía de Rosario, con intervención de los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, en el marco de la investigación en curso contra los ex directivos de la empresa Vicentin y del grupo empresario que conforma.
El operativo –llevado a cabo por Gendarmería Nacional– es producto de un investigación iniciada en el año 2020, que ya cuenta con un requerimiento de apertura a juicio formulado por la Fiscalía, con imputaciones por asociación ilícita, estafas y administración fraudulenta, entre otros delitos.
En el marco de la investigación los fiscales rosarinos habían solicitado a fines de 2023 entre 7 y 17 años de prisión para ex directivos de Vicentin. Las mayores penas requeridas eran para Roberto Alejandro Gazze y Daniel Néstor Buyatti, a quienes los fiscales atribuyeron los delitos de estafa, asociación ilícita y administración fraudulenta. Ante evidencia de presuntos nuevos ilícitos, ambos ex directivos de Vicentin fueron detenidos hoy y serán llevados a una audiencia imputativa en los próximos días.
Los fiscales libraron además una orden detención contra Alberto Macua y Omar Scarell, quienes no pudieron ser localizados en los allanamientos y hasta el momento se encuentran prófugos.
El operativo promueve una situación compleja para el proceso concursal de Vicentin, el cual, por sí mismo, ya se encuentra comprometido luego de que un mes atrás la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe declarara procedente el recurso de inconstitucionalidad solicitado por el grupo Grassi y se desactivara así la homologación del concurso de acreedores de la empresa agroindustrial. .
En ese sentido, este viernes también hubo noticias relativas al proceso concursal de Vicentin, dado que Miguel Ángel Molinari, fiscal de Cámaras de Apelación Nº1, validó el pedido realizado por el directorio de Vicentin relativo a un recurso extraordinario federal para intentar desactivar la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe de suspender la homologación del concurso.
“En relación al fallo recurrido, se invocan causales de arbitrariedad por contener afirmaciones dogmáticas y apartarse groseramente del texto de la ley y constancias del expediente, desconociendo la aplicación del principio de igualdad en la materia”, señaló Molinari por medio de un escrito remitido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En tal sentido, el fiscal solicitó a los jueces del máximo Tribunal de la Nación que den curso favorable al recurso extraordinario federal presentado por Vicentin para poder avanzar con la homologación de la propuesta concursal aprobada por las mayorías correspondientes, que contempla el rescate de la compañía por parte de Viterra, Bunge y ACA.
