Fiscales acusan a ex directivos de Vicentin de usar la caja de la empresa concursada para gastos personales

Este viernes en el Centro de Justicia Penal de Rosario se llevó a cabo la segunda jornada de la audiencia imputativa contra ex directivos de Vicentin SAIC por presuntos delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta

Los fiscales del Área de Delitos Económicos de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 2 de Rosario, Miguel Moreno, Sebastián R. Narvaja y María Teresa Granato, ampliaron las imputaciones para sumarlas a una causa iniciada en el año 2020, que ya cuenta con un requerimiento de apertura a juicio con imputaciones por asociación ilícita, estafas y administración fraudulenta, entre otros delitos.

En el texto de la nueva imputación, los fiscales aportaron nuevas pruebas para acusar del presunto delito de asociación ilícita a Daniel Néstor Buyatti, Alberto Julián Macua, Omar Adolfo Scarel y Roberto Alejandro Gazze en su rol de jefes, mientras que otras catorce personas –ex integrantes de la concursada Vicentin– fueron imputados como integrantes de esa figura penal.

Los fiscales entienden, según el escrito, que la asociación ilícita se configuró para “simular el bienestar financiero y contable de Vicentin, mediante la ocultación del pasivo, de manera de conseguir las líneas crédito, obtener los desembolsos de los bancos, continuar con la captación y recepción de granos, incentivada además con la oferta de largos plazos de fijación y entre 1,0 y 5,0 dólares por tonelada de sobreprecio. Esos eran los principales incentivos que el resto de los compradores no podían igualar”.

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Los fiscales acusaron a los ex directivos de la compañía agroindustrial de extraer 890 millones de pesos nominales entre diciembre de 2019 y fines del año 2024 de Vicentin y sus controladas Oleaginosa San Lorenzo, Sir Cotton, Sottano y Algodonera Avellaneda. “El resultado de estos actos de infidelidad se tradujo en un perjuicio económico directo a los patrimonios de las firmas mencionadas e, indirectamente, en un daño a los trabajadores y acreedores del grupo Vicentin”.

“El esquema general de organización de los procesos financieros de las firmas del grupo Vicentin se ha caracterizado por una estructura de confusión y superposición entre vehículos societarios, que impide distinguir con precisión los límites patrimoniales y funcionales entre las distintas sociedades. Esta situación ha generado un estado de confusión patrimonial que facilitó la ejecución de las maniobras criminales atribuidas a los integrantes de la asociación ilícita”, indica el documento.

Los fiscales además aseguran que desde setiembre de 2020 y hasta finales de 2024 “la asociación ilícita –cuya cúpula mantuvo el control del gobierno real de las decisiones del grupo Vicentin– ejecutó una serie de maniobras consistentes en la utilización de fondos de distintas sociedades integrantes del grupo con el objeto de costear los gastos legales derivados de los servicios de defensa penal de los propios miembros de la asociación, en las causas penales que se tramitan en su contra ante el Sistema de Justicia Penal de la Provincia de Santa Fe”.

Los fondos extraídos para abonar servicios de asesoramiento legal de los ex directivos de Vicentin fueron de 10.745.996 pesos, mientras que en el caso de Oleaginosa San Lorenzo sumaron 148.952.976 pesos, en Sir Cotton de 45.326.163 pesos y en Sottano de 130.730.905 pesos (cifras nominales que, actualizadas por inflación, serían a la fecha sustancialmente superiores).

Los fiscales también señalan que detectaron “la utilización ilegítima de fondos de la firma Algodonera Avellaneda (controlada por el grupo Vicentin) con el fin de costear pagos que operan como mecanismo de fidelización hacia el periodista Bernardo Basombrío”.

“Basombrío es periodista agropecuario y escritor argentino, conocido por su labor en la difusión de contenidos vinculados al sector agroindustrial. Es autor del libro “¡Exprópiese!”, donde aborda la historia de la empresa Vicentin desde una perspectiva favorable a los exdirectivos de la firma, quienes integran la asociación ilícita aquí imputada. En este marco, el día 10 de mayo de 2022, se registra un pago efectuado a nombre del Sr. Basombrío, por parte de Algodonera Avellaneda por la suma de 65.007 pesos”, apunta el escrito.

Los fiscales además aseguran que “desde diciembre de 2019, momento en que Vicentin SAIC anuncia su cesación de pagos, y hasta diciembre de 2024, los integrantes de la asociación ilícita dispusieron y ejecutaron la utilización ilegal de fondos pertenecientes a Vicentin, Algodonera Avellaneda, Oleaginosa San Lorenzo y Sir Cotton con el objeto de realizar pagos en beneficio propio”, los que suman un monto nominal de 231.225.729 pesos

Los fiscales pidieron a los jueces prisión preventiva por 120 días para los cuatro principales acusados que permanente detenidos: Gazze, Macua, Buyatti y Scarel, mientras que al resto afronta la imputación en libertad. En los próximos días seguirá realizándose la audiencia imputativa.

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