Luego del visto bueno que el Senado provincial le otorgó por unanimidad a comienzos de septiembre, Entre Ríos promulgó finalmente su ley de consorcios camineros, con la que pretende atender a una de las redes viales más importantes del país con 24.000 kilómetros de caminos de tierra, 4.000 kilómetros de ripio y 2.000 kilómetros de pavimento.
La norma, impulsada por el espacio que encabeza el gobernador Rogelio Frigerio, fue publicada ayer en el Boletín Oficial. En su primer artículo aclara que estos consorcios “serán entidades de bien público, de servicios a la comunidad, sin fines de lucro”, cuyo foco central será el mantenimiento de la vía terciaria de la provincial.
“Tendrán como objetivos la realización de trabajos para conservar, mantener, reparar, reformar y mejorar la red vial terciaria, comunal o vecinal de la Provincia, y eventualmente construir obras de arte menores, alcantarillas, puentes y todo tipo de obras de naturaleza vial”, aclara el texto de la norma.
Para constituirse, cada consorcio deberá presentar una “comisión promotora” integrada por al menos 7 personas, reunir al menos 20 socios activos y acreditar qué caminos propone conservar.
La Dirección Provincial de Vialidad (DPV), que quedará a cargo de las tareas de promoción y fomento, será la encargada de evaluar la viabilidad técnica y dar el visto bueno a las propuestas que se realicen.
Cabe aclarar que esta figura no es nueva en la provincia. En Entre Ríos ya existen consorcios camineros que administran casi 1500 kilómetros de caminos rurales. El sistema se implementa en las localidades de Alarcón, Colonia San Jorge, Crucesitas Octava, Gilbert, Isleta Norte, La Esperanza, La Micra, Santa Anita, Urdinarrain y Perdices.
¿Cómo funcionan los consorcios camineros en la provincia de Entre Ríos? Acá te lo contamos
Respecto a la estructura de financiamiento, la ley fija un esquema combinado entre partidas provinciales y privadas. La DPV financiará hasta un 80% del costo en convenios de mantenimiento continuo de caminos de tierra, ripio o broza. El 20% restante se cubrirá con aportes particulares u otros aportes de la DPV.
Según se indicó, los fondos estatales provendrán de la asignación del Fondo de Desarrollo y Conservación Vial (Ley N° 9602), distribuido de forma anual según la extensión territorial asignada, el tipo de suelo y las condiciones climáticas de cada zona.
