Al igual que ocurrió recientemente en San Luis, el modelo cordobés de consorcios camineros acaba de ser aprobado también en Entre Ríos. Fue a través de un proyecto de ley oficialista que aprobaron por unanimidad tanto en Diputados como en el Senado provincial.
En Entre Ríos ya existen consorcios camineros que administran casi 1500 kilómetros de caminos rurales. Ahora, se establece un mecanismo general para que los productores y vecinos puedan conformar asociaciones civiles y llevar adelante obras en toda la red terciaria, y hasta incluso en tramos de la secundaria si Vialidad Provincial así lo habilita.
El proyecto fue calificado por el gremio de trabajadores estatales (ATE) como una “privatización encubierta”.
Con el visto bueno el Senado en su última sesión, Entre Ríos se suma a la lista de provincias que “no quieren lola” con la red de caminos rurales, una de las demandas históricas desde el sector productivo y la ruralidad en general. Fue con el impulso del oficialismo, que responde al gobernador Rogelio Frigerio, pero no es la primera vez que se discute esto en la provincia y, de hecho, ya hubo proyectos que naufragaron años atrás.
En este caso, la iniciativa genera un marco jurídico para un sistema que ya se emplea en unas 10 localidades y apunta a cubrir una de las redes viales más importantes del país, con 24.000 kilómetros de caminos de tierra, 4.000 kilómetros de ripio o brosa y 2.000 kilómetros pavimentados.
El nuevo régimen permitirá incorporar asociaciones civiles sin fines de lucro al mantenimiento, reparación y mejora de la red vial de tierra y ripio, pero mantiene la supervisión técnica, administrativa y contable de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), que será la autoridad de aplicación en ese trabajo coordinado entre el Estado, los productores y las comunidades rurales.
Es desde la propia dirección donde reconocen que se necesitaba una norma de este tenor. “Vialidad no puede atender la totalidad de la red vial. Estamos hablando de un sistema que fracasó hace muchos años y necesita otro tratamiento. Seguir de la misma manera es continuar con ese fracaso; por eso son necesarias todas las partes: los consorcios, los gobiernos locales y Vialidad trabajando en conjunto”, señaló su director, Exequiel Donda.
Este mecanismo público-privado establece que los consorcios podrán ejecutar obras de manera directa o mediante terceros, pero además elaborar proyectos propios, que deberán contar con la aprobación técnica de Vialidad antes de su ejecución.
Asimismo, para constituirse, cada consorcio deberá presentar una “comisión promotora” integrada por al menos 7 personas, reunir al menos 20 socios activos y acreditar qué caminos propone conservar. Vialidad será la encargada de evaluar la viabilidad técnica y dar el visto bueno a la propuesta.
Podrán integrar estas entidades propietarios, arrendatarios e inquilinos de establecimientos rurales ubicados dentro de la jurisdicción del consorcio o hasta 50 kilómetros de los caminos comprendidos.
¿Cómo funcionan los consorcios camineros en la provincia de Entre Ríos? Acá te lo contamos
El sistema ya se implementa hace años en las localidades de Alarcón, Colonia San Jorge, Crucesitas Octava, Gilbert, Isleta Norte, La Esperanza, La Micra, Santa Anita, Urdinarrain y Perdices. En total, todos esos consorcios cubren unos 1467 kilómetros de caminos terciarios.
Sin embargo, la nueva Ley provincial fue cuestionada con firmeza por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que denuncia que “es el camino para la privatización y tercerización de Vialidad Provincial”, y asegura que los consorcios “son intermediarios que encarecen los costos y suplantan el trabajo estatal por privados”.
“Con esta ley habrá menos controles y menos transparencia, se usarán recursos del Estado en propiedades privadas, se degradará a Vialidad en simple administradora de contratos, y se afectará los puestos de trabajo”, señaló el gremio, que justamente representa a estos últimos y denuncia que oficialismo y oposición están de acuerdo en que “se deje morir” a esa dirección.
“No es verdad que reemplace al empleo público. Nunca va a dejar de estar bajo la fiscalización y control de Vialidad”, señaló por su parte el senador Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos) durante la sesión del pasado martes.
“Esa demanda es totalmente legítima, la escuchamos y trabajamos en base a ella”, sostuvo el senador Juan Diego Conti (Más por Entre Ríos), quien igualmente señaló por la falta de precisiones sobre el rol futuro que tendrá el personal de la Dirección Provincial de Vialidad. “Son quienes conocen cada tramo, cada productor, y tienen asentamiento a lo largo y ancho de la provincia. Ese conocimiento no se improvisa”, afirmó.
En su artículo 2, la nueva normativa exceptúa de los trabajos de la Ley de Obras Públicas, lo que, evitando los mecanismos de contratación, permite a los consorcios actuar más rápido cuando hay caminos intransitables y resolver una de las eternas demandas del sector rural.
Sin embargo, desde la oposición cuestionaron que no se define con claridad el alcance de esa excepción. Como la habilitación también comprende puentes, alcantarillas y hasta tramos de la red secundaria, con acuerdo de Vialidad, aseguran que podría funcionar como un “atajo legal” para otras obras. En un caso hipotético, señalan, la dirección podría encargar directamente un trabajo a un consorcio y este recurrir a una empresa para ejecutarla, adjudicando una obra clave sin los mecanismos habituales.
Con esos reparos, la votación en particular del proyecto fue dividida, pero todos los bloques aprobaron por unanimidad en general.
Todo lo que esté en la dirección contraria de ATE esta bien.
Sabe que pasa amigo, que en Córdoba no funcionan tan bien los consorcios camineros, falta de todo y el Gobierno no aporta lo que debería