En Entre Ríos los productores se vuelven a ilusionar con una ley que financie a los consorcios camineros y que de este modo se cuente con los recursos presupuestarios, la maquinaria y el personal necesario para mantenerlos en condiciones.
En la provincia ya funciona una decena de consorcios. Pero de prosperar esta legislación podrían crearse más y mejorar la red caminera de ripio y tierra que tiene miles de kilómetros.
Hace tiempo hubo una iniciativa legislativa del opositor Esteban Vitor que no prosperó, según versiones del sector privado, por la oposición de Vialidad Provincial. En esta ocasión, al tratarse de una iniciativa oficialista y estar involucrado ese organismo público en la gestión los recursos, el destino podría ser otro.
El objetivo -según dice el artículo 2 del proyecto de ley- es que los consorcios camineros realicen trabajos para “conservar, mantener, reparar, reformar y mejorar la red vial terciaria, comunal o vecinal de la Provincia, y eventualmente y con el acuerdo de la DPV, tramos de red secundaria, así como la realización de obras directamente vinculadas, complementarias y/o necesarias para aquellas, en el marco y con las condiciones que determina la presente, su Reglamentación, y los convenios y/o contratos que suscriban con Vialidad”.
Esteban Martiarena, director de la filial Gualeguaychú de Federación Agraria, explicó que “la situación de los caminos rurales es grave. Hay muchos que está un metro y medio debajo del nivel de los campos, por lo que se transforman en cursos de agua cuando llueve”.
El dirigente explicó que el proyecto de ley determina “la coparticipación del presupuesto de Vialidad” y añadió que “es una camino que hay que empezar a andar. Es necesario comenzar el camino de colaboración entre lo público y privado” para dar respuesta a este tema, evaluó.
Esta iniciativa legislativa establece que si en un departamento se pueden hacer 300 kilómetros de caminos rurales, ese dinero salga de la coparticipación del presupuesto que tiene la zonal de Vialidad Provincial.
El artículo 17 del mencionado proyecto establece cuál sería la financiación posible y defines las fuentes:
- De los aportes que la Dirección de Vialidad Provincial efectúe en cumplimiento de los contratos que se suscriban para la realización de obras específicas o mantenimientos periódicos/regulares.
- De los aportes privados que, en forma de cuotas ordinarias o extraordinarias, integren los socios consorcistas.
- De pagos o aportes que efectúen personas físicas o jurídicas asociadas o no al Consorcio, como retribución por las obras realizadas en vías de ingreso, acceso, caminos u otra obra vial dentro de sus propiedades, o en beneficio de las mismas.
- De los pagos/aportes que otros organismos públicos, nacionales, provinciales o municipales, efectúen en cumplimiento de contratos específicos de obra.
- Del Fondo de Desarrollo y Conservación Vial, creado por la Ley N° 9602, en la medida y formas que se establece en el Artículo N° 28 de la presente Ley.
- De otros fondos de origen público que se establezcan en el futuro, a estos fines.
“El proyecto ya ingresó a la legislatura provincial y lo presentó un diputado oficialista de Paraná. Si bien hay que mejorar el articulado se requiere avanzar en el tema, necesitamos una respuesta a esta situación”, concluyó Martiarena.
