Son raros los resortes que se mueven en el gobierno nacional para decidir las cosas. Hace 15 días, el ministro de Agricultura, Juan Manzur, se reunió con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, para pedirle que eleve de modo urgente los recursos destinados al Fondo Nacional de Emergencia Agropecuaria, que desde la sanción de la ley en 2009 están congelados en 500 millones de pesos. El reclamo tenía sentido porque esa plata no alcanza para nada, especialmente frente a la intensa sequía que castiga todas las regiones productivas. Por eso extraoficialmente se anunció que esa cifra podría elevarse a 10 mil o 12,5 mil millones de pesos.
No hubo novedad sobre aquello todavía. Pero mientras tanto, en las últimas horas sí se anunció (y lo hizo el propio Manzur, ya no con Domínguez sino con el ministro Matías Kulfas), que el gobierno nacional “invertirá” (sí, se utilizó ese verbo) 800 millones de pesos para asistir a unos 160 productores entrerrianos afectados por la sequía.
No solamente es más dinero del que dispone actualmente Domínguez para hacer frente a la Emergencia Agropecuaria. La anécdota muestra los niveles de posible discrecionalidad con los que el gobierno nacional administrará sus ayudas para los productores afectados por el fenómeno climático. En este caso, hubo mayor premura por darle respuesta a un gobernador aliado, el entrerriano Gustavo Bordet, que para actualizar los recursos institucionales que el Estado Argentino debe tener para actuar en estos casos.
Bienvenido sea que los productores de Entre Ríos, una de las provincias más afectadas por la escasez de lluvias, cuenten con esta soga por lo menos. Pero no se puede dejar de remarcar la falta de una solución sistémica y desprovista de suspicacias políticas.
Manzur, Kulfas y Bordet, en concreto, anunciaron una línea de créditos a tasa 0% -durante el primer año- por el monto mencionado de 800 millones de pesos. No se trata de un subsidio sino de un préstamo y por lo tanto habrá que ver cuántos productores están en condiciones de tomarlo. Pero está la chance al menos de contar con ese dinero hasta poder reestablecer los ingresos genuinos desde la actividad.
En este sentido, un documento de la Sociedad Rural Argentina (SRA) de Entre Ríos propuso que, más que en créditos, las autoridades deben pensar en reducir la presión impositiva, ya que el propietario de un campo agrícola debe afrontar por lo menos 19 tributos. “Necesitamos que se debata un sistema impositivo nuevo y más simple, que evite las duplicaciones de la materia imponible y elimine los impuestos distorsivos con el objetivo de disminuir la presión tributaria en los productores”, indicó la entidad.
Por ahora nada de eso. Solo estos créditos. “Era fundamental llegar rápido con la ayuda requerida porque sabemos cómo esta situación afecta a las economías regionales. Esta medida no solo asiste a los productores afectados, sino que recompone el capital de trabajo de la provincia”, se ufanó Manzur. De todos modos no explicó por qué se generó esta línea solamente para Entre Ríos y no para otras provincias afectadas. Tampoco por qué no se actualizó todavía el fondo de emergencia.
